July 27, 2021
De parte de Nodo50
328 puntos de vista


El asesinato del presidente de
Haití, Juvenel Moïse, ofrece una serie de elementos que bien vale
valorar desde una perspectiva continental, ya que sientan un
peligroso precedente de gran impacto institucional y psicológico.

Como podremos observar en el
desarrollo de esta columna, distintos espacios de la derecha y la
ultraderecha americana con posibilidades de acceso al poder por vías
que pueden ser democráticas o no, se acercan peligrosamente a
sectores que no dudan al momento de apostar por la eliminación
física de sus adversarios, la lógica incluye invasiones de
mercenarios contra sus propios territorios, planes que solían
impulsarse en el marco de la Guerra Fría pero que ya parecían haber
quedado en los anales de la historia.

Adicionalmente sigue observándose
–tal como en los años de plomo- que toda esta maraña fascista
resulta incentivada por apoyos que van desde vistos buenos hasta
involucramientos financieros, logísticos y culturales provenientes
de distintos estamentos de la institucionalidad y/o la sociedad
estadounidense. Demasiadas poderosas energías al servicio de la
promoción y/o naturalización de estas acciones extremistas.

Magnicidio

El 7 de julio Moïse es asesinado de
12 balazos en su residencia, donde por lo menos 26 mercenarios
colombianos entraron como Juanes por su casa disfrazados de agentes
de la DEA. Dos estadounidenses de origen haitiano los acompañaban
como traductores y otros tres resultaron detenidos posteriormente.

Hay varias versiones sobre estos
hechos, las publicadas más recientemente incluyen a asesinos
haitianos. Se publicó que Moïse fue salvajemente torturado porque
se habría negado a firmar su renuncia, su cuerpo tenía un brazo y
una pierna quebrados.

El testimonio de su esposa podría
poner en duda la tortura previa: “En un abrir y cerrar de ojos, los
mercenarios entraron corriendo a mi casa y mataron a mi esposo”.

Otras publicaciones aportaron
detalles adicionales: el cuerpo de Moïse fue
hallado en su dormitorio con heridas de bala en la frente,
el pecho,
la cadera y
el abdomen y
con el ojo izquierdo arrancado,
una práctica relacionada con el vudú, para evitar que el asesinado
te pueda ver desde el otro mundo. Esta mutilación podría también
ser un método de tortura pero no es habitual en la lucha contra la
guerrilla colombiana.

Algunos mercenarios declararon que
no tenían intenciones de asesinar al presidente, aseguraron que
ingresaron a su residencia en horas de la madrugada para ejecutar una
orden de detención en su contra.

El grupo de sicarios fue contratado
por la empresa de “seguridad” CTU Security con sede en Miami; es
propiedad del ultraderechista venezolano, Antonio Enmanuel Intriago
Valera.

El presidente de la Asamblea
Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, denunció tener «algunos
indicios» de que CTU «estuvo involucrada en todos los
eventos logísticos» en el intento de magnicidio contra Nicolás
Maduro, ocurrido el 4 de agosto de 2018.

Rodríguez aseguró que Intriago
tiene una vinculación con el mandatario colombiano, Iván Duque, con
quien participó en la organización del concierto que se realizó en
Cúcuta en 2019, denominado Venezuela Aid Live, una iniciativa de
Washington para desestabilizar a Venezuela.

La Presidencia de Colombia negó la
presunta vinculación del mandatario con Intriago y que ambos se
hayan encontrado en un evento el 10 de febrero de 2018, en Miami,
Florida, al que acudieron más de 1.200 personas.

Duque se refirió al hecho y declaró
que a la mayoría de los colombianos involucrados en el operativo se
les dijo que iban como guardaespaldas, pero que un grupo más pequeño
de ellos tenía conocimiento detallado de los planes de asesinato.
Dijo que la información se basó en el testimonio de hombres que
fueron reclutados y finalmente no fueron, así como de un sujeto que
había ido a Haití y regresó a Colombia antes del homicidio.

Uno de los mercenarios resultó ser
primo de Rafael Guarín, consejero de Seguridad del presidente
colombiano. Guarín aclaró que no lo conoce, que es hijo de uno de
los 10 hermanos de su padre.

Un haitiano estadounidense de 63
años con aspiraciones presidenciales aparece entre los principales
autores intelectuales del magnicidio. Christian Emmanuel Sanon,
médico físico y pastor evangelista. Relata el dueño del hotel
donde Sanon se hospedó en junio rodeado de escoltas colombianos, que
el hombre se la pasaba rezando y rezando mientras planificaba el
complot secretamente. En la lista de acusados también aparece un ex
senador, John Joel Joseph.

Los conspiradores planificaban pagar
las cuentas de la expedición con activos del estado haitiano una vez
derrocado el presidente, tal como se proponían los mercenarios
contratados por el presidente designado desde Washington para
Venezuela, Juan Guaidó, en la llamada Operación Gedeón.

¿Una nueva doctrina?

El 3 de mayo de 2020 un grupo de
mercenarios capitaneados por un ex marine estadounidense desembarcó
en Venezuela con el declarado propósito de detener al presidente
Nicolás Maduro. Se la llamó Operación Gedeón. Cinco semanas antes
el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, había estimulado
el imaginario de los aventureros al ofrecer recompensa de 15 millones
de dólares a quien “facilite información para lograr el arresto”
de Maduro.

Las autoridades estadounidenses
colgaron un aviso en las redes patrocinado por la DEA, como en las
mejores épocas del lejano oeste. La invasión fue totalmente
desarticulada.

La empresa encargada para esa misión
había sido Silvercorp, también con sede en la Florida. Los
combatientes se entrenaban en la Guajira colombiana, muy cerca de la
frontera con Venezuela, con total conocimientos de los servicios de
inteligencia del gobierno de Duque. Un ex Boina Verde que lideró la
fallida invasión y permanece detenido en Venezuela aseguró que la
operación fue autorizada por la Casa Blanca de Donald Trump. La
administración del entonces presidente negó cualquier vinculación.

En noviembre de 2019 también
quisieron “detener” y hacerle firmar la renuncia a otro
presidente latinoamericano, Evo Morales. Esa vez el redactor de la
carta fue un líder cívico de Santa Cruz de la Sierra que pocos días
antes había recomendado seguir los métodos de Pablo Escobar a sus
enfervorizados seguidores. La encargada de ejecutar la orden de
detención era la policía boliviana pagada por ese referente
“cívico”, hoy gobernador departamental.

Moïse es la prueba de lo que
hubiera sucedido con Morales sino hubiera sido protegido por los
campesinos del Trópico de Cochabamba y por líderes como Alberto
Fernández y AMLO en las horas previas y posteriores al anuncio de su
renuncia.

Seis meses más tarde de esos hechos
que derivaron en un golpe de Estado, el principal asesor
comunicacional de aquella gesta democrática, transformado en
Ministro de Defensa de los golpistas, comenzó a negociar una
invasión de mercenarios –vía Miami- idéntica a las mencionadas
con anterioridad, para evitar que el MAS regrese al poder (las
grabaciones están disponibles en la web). La idea de Fernando López
era instalarse él mismo en la presidencia. Hasta hoy permanece
prófugo de la justicia y es protegido por el gobierno de Jair
Bolsonaro.

El propio clan Bolsonaro fue
salpicado por su probable vinculación con el grupo parapolicial que
acribilló a la concejala Marielle Franco en mayo de 2018 en Río de
Janeiro. En particular el actual senador Flavio Bolsonaro aparece
relacionado con el principal acusado del crimen.

La derecha argentina no pierde
pisada, es público su compromiso armado con los golpistas bolivianos
y en mayo pasado Mauricio Macri se hizo presente en cuerpo y alma en
Miami para asistir a un encuentro organizado por el masacrador
boliviano Carlos Sánchez Berzaín, activo conspirador vinculado
desde hace casi 30 años a la inteligencia estadounidense y
responsable directo de ordenar la represión que costó la vida a
decenas de ciudadanos en el altiplano boliviano durante la llamada
Guerra del Gas en 2003.

En Miami Macri se parqueó demasiado
cerca de la ultraderecha paramilitar. Y su sucesora Patricia Bullrich
no tiene la menor intención en perderle pisada.

El 29 de noviembre de 2019 (el golpe había sido el 10) el citado ministro Fernando López fue recibido en la embajada argentina en el marco de un acto de despedida al agregado naval del gobierno de Macri en La Paz. Las fuentes indican que hubo clima de algarabía entre los uniformados de ambos países -las mismas fuentes indican que la algarabía no habría sido compartida por el embajador jujeño Normando Álvarez, quien aparece en la foto con gesto de pocos amigos-. Existen versiones encontradas sobre la postura asumida por el citado funcionario en torno al golpe.

Al revelar el plan de invasión
mercenaria planificado por López en Bolivia, la revista The
Intercept informó sobre una comunicación en la que los
organizadores evidenciaban un seguimiento a Evo Morales durante su
exilio en Buenos Aires y comentaban una mudanza realizada en esos
días en la localidad de La Lucila.

“Qué macana. Qué macana que se
nos ha ido nuestro amigo Evo de este lugar. Qué pena”, dice uno de
los paramilitares que habría formado parte del ejército de Estados
Unidos. “Vamos a tender las redes para ver por dónde anda”,
responde otro. “En algún lado está”.

Imposible que no venga a la cabeza
el nombre de Juan José Torres, ex presidente de Bolivia asesinado en
Buenos Aires el 2 de junio de 1976.

A este nivel de referencias nos está
llevando la ultraderecha continental.

Ya han pasado 5 años desde que
Rafael Correa hablara de un nuevo Plan Cóndor regional y el azote no
podía no alcanzarle, condenado e inhabilitado de por vida para ser
candidato. Como el equipo de fiscales no pudo encontrar pruebas en su
contra, lo sentenciaron por haber “influido psíquicamente” en
sus subalternos para que cometan actos de corrupción. Sus
perseguidores también pertrecharon a los golpistas bolivianos.

Jovenel Moïse

El asesinado presidente de Haití no
era un líder progresista, de hecho había contado con el apoyo de
Donald Trump, pero es importante agregar algunos apuntes sobre lo
sucedido.

Al menos 7 de los ex militares
colombianos que participaron en el magnicidio recibieron
entrenamiento del Ejército de Estados Unidos, lo confirmó el
Pentágono.

Uno de los sicarios que resultó
muerto durante el magnicidio, Duberney Capador, fue señalado como
uno de los cerebros del operativo. Ex militar experto en
contrainsurgencia; su hermana informó que había hecho un curso de
Derechos Humanos en Estados Unidos.

El general Jorge Luis Vargas, jefe
de la policía colombiana, informó en base al testimonio de dos
mercenarios que estos habían sido contactados inicialmente para
integrar servicios de seguridad a personas ricas y poderosas.

Tres días antes del magnicidio
habría habido un cambio de planes sobre el pedido de renuncia y
detención a Moïse y un ex funcionario del Ministerio de Justicia,
Joseph Félix Badio, que trabajó en la unidad de lucha contra la
corrupción con el servicio general de inteligencia, le indicó a los
mercenarios que la misión en realidad era asesinar al Presidente.

Según CNN los mercenarios llegaron
disparando al aire y gritando, en inglés: «¡Operación de la
DEA! Todo el mundo atrás!», mientras avanzaban por una calle
hacia la residencia presidencial en el exclusivo distrito de
Petion-Ville, de Puerto Príncipe.

El organismo
negó enfáticamente haber participado en la acción mientras el jefe
de la policía colombiana declaró que el plan inicial era detener al
presidente para ponerlo a disposición de la DEA. La policía de
Haití informó que los sospechosos llevaban gorras de la DEA y un
documento que pretendía ser una orden de arresto.

Tras consumar el asesinato uno de
los sicarios se comunicó con un agente de la DEA en Haití, se
informó que este funcionario del gobierno de Estados Unidos lo instó
a que se entregara a las autoridades locales.

Washington confirmó que ese agente
de la DEA y otro funcionario del Departamento de Estado,
proporcionaron información al gobierno haitiano que ayudó para la
entrega y el arresto de ese sospechoso y de otro individuo.

La DEA también admitió que otro de
los mercenarios fue “en ocasiones, una fuente confidencial” de la
agencia.

En base a los vínculos aceptados
públicamente, resulta por demás improbable que la organización de
estas acciones se haya perpetrado sin el conocimiento de los
servicios de inteligencia estadounidenses.

El 10 de julio primer ministro
interino, Claude Joseph, pidió a Estados Unidos la intervención de
sus tropas militares para estabilizar la situación. Hay
especulaciones acerca de la participación de Joseph en el asesinato.
No cuenta con consenso dentro del grupo de países con más
influencia en Haití por lo que fue reemplazado por Ariel Henry,
quien debe convocar a elecciones.

El 14 de julio el canciller de
Estados Unidos, Antony Blinken dialogó con el secretario General de
la OEA, Luis Almagro y le aseguró su compromiso para “restaurar”
la seguridad en Haití.




Fuente: Rebelion.org