January 20, 2022
De parte de Avispa Midia
130 puntos de vista

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) postergó el análisis, previsto para ayer (19), del amparo interpuesto, desde 2015, por la comunidad nahua de Tecoltemi, en la Sierra Norte de Puebla, contra la Secretaría de Economía. La discusión es acerca de la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley Minera que vulneran los derechos humanos de las comunidades en favor de la empresa minera canadiense Almaden Minerals. La minera pretende instalar una mina de oro y plata a cielo abierto en el municipio de Ixtacamaxtitlán.

En la sesión de la Primera Sala de la Suprema Corte, llevada a cabo ayer en la tarde, el ministro ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo informó que el asunto se quedaría en lista. “No dieron detalles, no se explicó los motivos, simplemente se informó”, afirmó Itzel Silva, una de las abogadas del caso. Todavía no hay una fecha definida para el debate que llevará a la decisión de la demanda de la comunidad Tecoltemi.

“Lo que estamos reclamando es la entrega de dos concesiones mineras que la Secretaria de Economía otorgó a la empresa canadiense y también estamos impugnando varios artículos de la Ley Minera. Lo que se está planteando es que la Suprema Corte reconozca su inconstitucionalidad e inconvencionalidad, es decir, que contraviene de manera directa derechos a tierra y territorio de los pueblos indígenas”, detalla Silva.

Dos de estos artículos, el 6 y el 19, por ejemplo, determinan que las actividades mineras son de utilizada pública y preferentes sobre cualquier otro uso del territorio y que el titular de las concesiones tienen el derecho de obtener expropiación de terrenos así como de aprovechar las aguas presentes en el territorio para las actividades mineras. “Estos artículos permiten el despojo de los pueblos de sus territorios”, resume la abogada.

Camino hasta la Suprema Corte

El juicio de amparo fue presentado en un juzgado de amparo federal en Puebla, en abril de 2015. Se dictó una primera sentencia, en abril de 2019, en la cual se concedió el amparo a la comunidad y la jueza reconoció que hubo una violación al derecho a la consulta en el momento de otorgar las concesiones. “La jueza determinó que las concesiones eran ilegales y que el secretario de Economía tendría que volver a resolver la solicitud de la empresa en relación a las concesiones, considerando que Tecoltemi es un pueblo indígena”, explica la abogada.

Sin embargo, no analizó los argumentos presentados por el pueblo nahua sobre la Ley Minera. “Y por esta razón, nosotras impugnamos esta parte específica de la sentencia – el hecho de que no se entró a analizar nuestros argumentos contra la Ley”, explica.

Por su vez, la Secretaria de Economía y la empresa impugnaron toda la sentencia. “El asunto llegó a un tribunal colegiado, una segunda instancia. Esperábamos que se resolviera de manera definitiva ahí, pero el colegiado determinó que por ser un asunto de inconstitucionalidad de ley le tocaba a la Suprema Corte. Entonces fue el tribunal colegiado quien decidió enviar el asunto a la Corte”, informó Silva.

Relevancia nacional

El caso que se resuelve en la Suprema Corte es de Tecoltemi, pero la decisión tendrá implicación para otros pueblos. “Sería un precedente para otras comunidades que están realizando la defensa judicial de sus casos. Sería una herramienta muy poderosa, muy útil para los pueblos que están haciendo la defensa de su territorio”, sostiene la abogada.

Hasta la mañana del jueves (20), más de 11 mil personas, así como organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos, se han pronunciado y han llamado a la Corte a analizar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Ley Minera. 

Desde la Unión de Comunidades y Ejidos en Defensa de la Tierra, del Agua y de la Vida, así como de las organizaciones que han acompañado a la comunidad de Tecoltemi, el Consejo Tiyat Tlali y Fundar, “seguimos confiando en que las y los Ministros tomarán una decisión con base en el mayor respeto, protección y garantía de los derechos de los pueblos y las comunidades del país”, dicen en un comunicado.




Fuente: Avispa.org