March 15, 2021
De parte de Paco Salud
205 puntos de vista


Todos los ayuntamientos deberán censar
los edificios con amianto para su retirada

La nueva ley de residuos creará dos
impuestos para reducir los envases de plástico y el vertido e incineración de
los desechos

MANUEL PLANELLES

Madrid – 13 MAR 2021 – 08:38 CET

ALBERT GARCIA

En el metro, en las escuelas, en naves
industriales, en los edificios y oficinas… Como una “epidemia silenciosa”
definen varias organizaciones medioambientales, sanitarias y sociales los
efectos del amianto, un material de construcción ahora prohibido pero muy
utilizado en la segunda mitad del siglo pasado. La nueva ley de residuos y
suelos contaminados que prepara el Gobierno obligará a todos los ayuntamientos
de España a elaborar un censo de instalaciones con amianto y un calendario para
la retirada de este material cancerígeno.

Solo el mesotelioma, un tumor muy
agresivo que afecta a la pleura y causado principalmente por la exposición al
amianto, se cobrará la vida de 300.000 ciudadanos europeos de aquí a 2030,
según varios informes del Comité Económico y Social Europeo, un órgano
consultivo de la UE. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula
que cada año en Europa se diagnostican entre 20.000 y 30.000 nuevos casos de
enfermedades relacionadas con el amianto.

Se prevé que el proyecto de ley de
residuos que ultima el Ministerio para la Transición Ecológica en el que se
incluirán medidas contra el amianto sea aprobado entre marzo y abril en el
Consejo de Ministros. Luego será enviado a las Cortes para su tramitación definitiva,
señala el departamento de la vicepresidenta Teresa Ribera. La norma, que debe
servir para trasponer un par de directivas europeas ante el riesgo de que
España vuelva a ser expedientada por otro incumplimiento medioambiental, creará
dos nuevos impuestos: uno sobre el depósito de residuos en vertederos y la
incineración y otro especial sobre los envases de plástico no reutilizables,
como anunció el pasado año el Gobierno.

Pero la última versión del proyecto, a
la que ha accedido EL PAÍS, incluye como novedad una disposición adicional en
la que se establece que “antes del 1 de enero de 2023, los ayuntamientos
elaborarán un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto incluyendo un
calendario que planifique su retirada”. “Dicho censo, que tendrá carácter
público, será remitido a las autoridades sanitarias y medioambientales
competentes de las comunidades autónomas, las cuales deberán inspeccionar para
verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a un gestor
autorizado”, añade el proyecto.

La puesta en marcha de medidas contra
este material es una reivindicación de un amplio grupo de colectivos, como la
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, la Asociación Española
contra el Cáncer, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres
de Alumnos y Ecologistas en Acción, que se han unido para solicitar una ley
integral contra el amianto. A la espera de esa norma específica, en la ley de
residuos ya se fijará la obligación de la realización de los censos. Esta había
sido una solicitud concreta de este colectivo. Carlos Arribas, miembro de
Ecologistas en Acción, aplaude que se haya incluido el censo obligatorio,
aunque considera que la propuesta de su organización era “más ambiciosa”.
Pedían, por ejemplo, el establecimiento de mandatos de retirada del amianto con
fechas concretas. Una portavoz de Transición Ecológica apunta a que el
“ministerio no puede ir más allá de sus competencias”; según señala, la mayoría
de responsabilidades en este caso residen en las comunidades y los
consistorios.

 â€œEl amianto está por todas partes”, alerta
Arribas. Como un problema de “salud pública, medioambiental y laboral” define
este asunto la plataforma que busca esa ley específica contra este material
contaminante. Sus integrantes, que en noviembre hicieron público un manifiesto,
lamentan que en España todavía no se haya “abordado un instrumento legislativo
para erradicar el amianto”. “Se estima que el 65% del amianto instalado en todo
el territorio español ha finalizado su vida útil (30-35 años), lo que
incrementa su peligrosidad al desprender una mayor cantidad de fibras letales
al ambiente”, señala la plataforma.

Arribas considera que la erradicación
del amianto no solo puede tener beneficios para la salud y el medio ambiente,
sino también para la actividad económica del país. La sustitución de este
material por otros puede impulsar al sector de la rehabilitación de edificios,
por lo que su organización propone que esta actividad sea incluida en los
planes de recuperación que se impulsarán con fondos públicos nacionales y
europeos.

Bajas tasas de reciclaje

Más allá del amianto, España tiene un
problema con sus bajas tasas de reciclaje y se arriesga a un nuevo expediente
sancionador europeo por este asunto. Según la memoria de impacto del proyecto
de ley de residuos, en 2016 en la Unión Europea se reciclaron de media el 46%
de los residuos municipales. En España, ese porcentaje fue del 34%; el destino
mayoritario fue el vertedero —el 54%—, mientras que el 12% fue incinerado.

El anteproyecto de ley de residuos
creará un nuevo impuesto estatal que penalizará el depósito en vertederos y la
incineración. Como apunta el preámbulo de la norma, el objetivo es
desincentivar estas prácticas para impulsar el reciclaje. Bruselas ya había
aconsejado a España que pusiera en marcha esta figura. Y en el proyecto se
explica que algunas comunidades ya tienen ese tributo. Pero “la falta de
armonización” y “el hecho de que algunas comunidades autónomas hayan hecho uso
de estas figuras impositivas y otras no, debilita la efectividad de este
instrumento”. Lo recaudado por la nueva tasa será transferido a las autonomías.

Según una directiva europea de 2008,
España debería haber reciclado en 2020 un 50% de sus residuos urbanos. El dato
cerrado del pasado año no se conoce, pero la trayectoria seguida en los últimos
años hace pensar que no se llegará a cumplir con esa meta.

16 organizaciones ecologistas y
sociales decidieron hace un mes presentar una demanda contra el Gobierno de
España por este asunto. La Comisión Europea, ante el riesgo de que España no
llegara a ese 50% de reciclaje obligatorio, envió un informe de advertencia al
Gobierno en 2018 en el que le realizaba algunas recomendaciones. Entre ellas,
que impulsara “instrumentos económicos” nacionales, como los impuestos sobre el
vertido y la incineración. En la memoria de impacto que acompaña al proyecto de
ley, se apunta a que España ya ha recibido una carta de emplazamiento de la
Comisión Europea —lo que supone el inicio de un expediente— por el
incumplimiento de los plazos de transposición de la directiva 2018/851 sobre
residuos.

Fuente: https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-03-12/todos-los-ayuntamientos-deberan-censar-los-edificios-con-amianto-para-su-retirada.html




Fuente: Pacosalud.blogspot.com