March 29, 2021
De parte de SAS Madrid
106 puntos de vista


Mar铆a Emilia Casas plantea una reforma legislativa para dar estabilidad hasta su jubilaci贸n al personal que ha encadenado contratos temporales o pr贸rrogas sucesivas durante a帽os en puestos que cubren necesidades permanentes.

Una soluci贸n excepcional para una situaci贸n excepcional. Un informe firmado por Mar铆a Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional entre 2004 y 2011, plantea una reforma legislativa en Espa帽a para convertir en trabajadores fijos “a extinguir” a los empleados p煤blicos que han sufrido el abuso de la contrataci贸n temporal, una situaci贸n que afecta a m谩s de 800.000 personas en todo el pa铆s. El dictamen propone la creaci贸n de una nueva categor铆a, la de “personal estabilizado” con car谩cter indefinido, para cumplir la directiva comunitaria 1999/70/CE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea (TJUE), que instan a los estados miembros a prevenir y sancionar, con medidas efectivas y disuasorias, el uso indebido de los contratos temporales sucesivos.

El informe, encargado por asociaciones estatales de empleados p煤blicos al estudio jur铆dico Ejaso, en el que ahora ejerce Casas, defiende que se trata de una v铆a “apropiada y constitucional” para resolver un mal end茅mico en la administraci贸n p煤blica espa帽ola y dar estabilidad mediante la continuidad en sus puestos, hasta la jubilaci贸n, al colectivo afectado. Aboga, adem谩s, por acometer esta reforma “con urgencia” ante la “infracci贸n flagrante” y continuada del derecho europeo y la ausencia en el ordenamiento jur铆dico espa帽ol de medidas “eficaces y efectivas” para sancionar el abuso de la temporalidad. Ni la organizaci贸n de los escasos procesos selectivos para proveer de forma definitiva las plazas ocupadas temporalmente; ni la transformaci贸n de los trabajadores en “indefinidos no fijos”, ni las indemnizaciones equivalentes a las de un despido improcedente se erigen, a juicio de la tambi茅n catedr谩tica de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en acciones adecuadas y suficientes para poner coto a esta situaci贸n y castigar a las administraciones p煤blicas por los reiterados incumplimientos.

Casas niega, adem谩s, en su dictamen que la soluci贸n propuesta vulnere los principios de igualdad, m茅rito y capacidad en el acceso al empleo p煤blico. Recuerda que, a excepci贸n de determinados casos, los interinos se han sometido a pruebas de acceso bajo estos par谩metros y que el Constitucional ya ha ratificado la validez del reconocimiento de los servicios prestados y la antig眉edad como m茅rito 煤nico en la fase de concurso para favorecer la consolidaci贸n del personal no permanente (contratados o interinos). Y es que el tiempo efectivo de servicios “puede reflejar la aptitud o la capacidad del aspirante para desarrollar las funciones p煤blicas”, recalca un dictamen que precisa, no obstante, que esta posibilidad “no es ilimitada” ni un “t铆tulo de legitimaci贸n exclusiva”.

La autora del informe alude tambi茅n a la jurisprudencia del Constitucional para explicar que, “en determinados casos”, la diferencia de trato puede considerarse como “razonable, proporcionada y no arbitraria”, siempre que “se demuestre como un medio excepcional y adecuado para resolver una situaci贸n tambi茅n excepcional, expresamente prevista en una norma con rango de ley y con el objeto de alcanzar una finalidad constitucionalmente leg铆tima”. Para Casas, en este caso la situaci贸n de excepcionalidad estriba en la obligaci贸n del Estado espa帽ol de cumplir la normativa europea y las sentencias del tribunal de Luxemburgo. “La forma m谩s simple de que Espa帽a adapte su legislaci贸n en materia de empleo p煤blico a la directiva 1999/70/CE es incorporando la regla de transformaci贸n de contratos temporales abusivos en indefinidos”, recoge el dictamen, que subraya que el derecho de la Uni贸n Europea no prescribe “en modo alguno” la conversi贸n en funcionario, sino que “deja abierta la posibilidad a la creaci贸n de figuras laborales dotadas de verdadera estabilidad”.

La figura del trabajador “fijo a extinguir” aparece recogida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, en una disposici贸n sobre la integraci贸n del personal de las entidades p煤blicas empresariales, sociedades mercantiles estatales o fundaciones del sector p煤blico, por lo que, en opini贸n de la presidenta em茅rita del Tribunal Constitucional, tiene “apoyo normativo” sobre el que sustentarse. La propuesta de Casas tambi茅n plantea, de cara al futuro, la adopci贸n de esta medida o de otras alternativas, como la imposici贸n de indemnizaciones realmente disuasorias para las administraciones que incurran en un abuso de contrataci贸n temporal sucesiva.

La catedr谩tica se帽ala que, para el Tribunal de Luxemburgo, no es necesario que exista una obligaci贸n general, derivada de la directiva europea, de transformar los contratos temporales abusivos en indefinidos. Sin embargo, “esto no quiere decir en modo alguno que sea una medida descartable. Simplemente, no es la 煤nica posibilidad”, afirma la autora del informe, que a帽ade que, si no se aplica, tiene que haber una medida “igualmente efectiva” para disuadir a las administraciones p煤blicas de mantener estas pr谩cticas.

Tres v铆as insuficientes

A lo largo de un documento de 55 p谩ginas, Casas expone “el fracaso” de los legisladores espa帽oles a la hora de trasponer la directiva comunitaria 1999/70/CE al ordenamiento jur铆dico nacional. En concreto, de las cl谩usulas 4 y 5 del acuerdo marco sobre trabajo de duraci贸n determinada, que hacen referencia a la “igualdad de trato y no discriminaci贸n” de los empleados temporales frente a los fijos y a la necesidad de establecer medidas para prevenir y sancionar el uso abusivo de estos contratos de duraci贸n determinada. El dictamen habla de un “incumplimiento generalizado” de estos preceptos que ha llevado a una “normalidad patol贸gica” que se ha hecho resistente en la administraci贸n p煤blica. La catedr谩tica resalta que se ha “desnaturalizado por completo” la designaci贸n temporal de empleados p煤blicos, “encubriendo relaciones de car谩cter indefinido”. Un escenario que ha sumido a los profesionales en una permanente incertidumbre, “pendientes siempre de renovaci贸n”, lo que, a su vez, ha incidido en su estabilidad personal y en el desempe帽o de su actividad laboral.

El informe remarca que la normativa de funci贸n p煤blica en Espa帽a no prev茅 ninguna consecuencia para el abuso de la temporalidad, ni para los contratados a trav茅s del Estatuto de los Trabajadores, ni para los interinos ni para los eventuales y que ha faltado “voluntad pol铆tica” para materializar la directiva comunitaria mediante “soluciones t茅cnicas adecuadas”. Tres han sido las v铆as utilizadas hasta la fecha para tratar de atajar el problema. La primera ha sido la organizaci贸n de procesos selectivos. Sin embargo, tal y como expuso la conocida sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea de 19 de marzo de 2020, los plazos de convocatoria (cada tres a帽os, como m谩ximo) no se han respetado y los procesos han sido poco frecuentes, sobre todo a ra铆z de la crisis econ贸mica de 2008 y la congelaci贸n de la tasa de reposici贸n de efectivos, por lo que se ha creado una gran bolsa de empleo temporal. Casas recalca, adem谩s, que en las ofertas de libre concurrencia no se tiene en cuenta el abuso de temporalidad y que solo ser铆an conformes a derecho, bajo este prisma, los procesos restringidos, para quienes hubieran sufrido esta situaci贸n, o generales pero con preferencias para el colectivo afectado.

La mencionada resoluci贸n del TJUE entierra tambi茅n la figura del “indefinido no fijo”, una creaci贸n jurisprudencial espa帽ola para tratar de resolver el problema enquistado. “Es una falsa estabilidad. Fue una v铆a de remedio, pero no tiene recorrido”, sostiene la expresidenta del Constitucional, que apunta que los contratos de los trabajadores a los que se les ha reconocido esa categor铆a siguen conservando el car谩cter de duraci贸n determinada, con la provisi贸n definitiva sometida a la celebraci贸n de una prueba selectiva.

La tercera f贸rmula es la indemnizaci贸n, que tiene que ser efectiva y disuasoria. Para evaluar el coste que esta v铆a supondr铆a para las arcas p煤blicas espa帽olas, el dictamen hace una simulaci贸n con el caso de la sentencia de marzo de 2020 y calcula en 41.793,51 euros la cantidad que habr铆a de recibir el trabajador en el supuesto de que se le otorgara una indemnizaci贸n equivalente a la del despido improcedente, de 33 d铆as de salario por a帽o de servicio, con un m谩ximo de 24 mensualidades. Aceptando esa cifra y una tasa de temporalidad en el servicio madrile帽o de salud (donde ejerc铆a el empleado) del 20%, el coste total solo para esa administraci贸n ser铆a de 417.935 euros, “una cantidad inasumible” y a la que habr铆a que sumar la convocatoria de un proceso selectivo “de dimensiones desconocidas”. Por todo ello, entiende que tampoco la indemnizaci贸n “es la medida m谩s oportuna”.

El dictamen aboga en cualquier caso, por explorar esta v铆a de cara a un futuro, pero a trav茅s de f贸rmulas como la recogida en un procedimiento judicial en Italia, que podr铆a servir “de inspiraci贸n” para Espa帽a y que contemplaba no solo un baremo basado en la antig眉edad del empleado, sino tambi茅n una estimaci贸n de “lo que dej贸 de hacer mientras dur贸 el abuso”.

Casas apuesta por la v铆a legislativa frente a la resoluci贸n judicial del conflicto, m谩xime teniendo en cuenta que la jurisprudencia del TJUE ha dado lugar a “decisiones distintas de los 贸rganos judiciales internos, cuando no contradictorias”. Incluso el Tribunal Supremo “ha bendecido” en algunas de sus resoluciones el incumplimiento de la cl谩usula 5 del acuerdo marco europeo sobre contratos de trabajo de duraci贸n determinada, ha apostillado la catedr谩tica de la UCM, que tambi茅n recuerda en su dictamen que la Comisi贸n Europea mantiene abierto un procedimiento de infracci贸n contra el Gobierno de Espa帽a por los incumplimientos en esta materia.

Enlace relacionado ElDiario.es 25/03/2021.




Fuente: Sasmadrid.org