La supuesta ignorancia del juzgado de instrucci贸n n煤mero 44 de Barcelona le pudo costar a Laura Lunini ser desahuciada. En un auto dictado el jueves 22 de julio, un d铆a antes del desalojo de esta vecina del barrio del Raval, el juez Alfonso N煤帽ez-Cacho rechazaba el recurso presentado por la defensa para detener el lanzamiento. El motivo: que al juzgado no le constaba que la empresa demandante fuera multipropietaria, uno de los requisitos que establece el llamado decreto de escudo social para suspender un desahucio.
Pero la empresa no era una desconocida SL ni una inmobiliaria de barrio, sino Sareb, el gigantesco ‘banco malo’ creado por el Estado en 2012 para comprarle a los bancos el ladrillo invendible procedente de la anterior crisis financiera y econ贸mica mundial. Una bomba de relojer铆a sobre la deuda p煤blica espa帽ola cifrada en 35.000 millones de euros, seg煤n Eurostat, y cuyas caracter铆sticas dice desconocer el titular de este juzgado barcelon茅s.
鈥淓n cuanto a la aplicaci贸n del Real Decreto 11/20, de 31 de marzo, no constando que el ejecutante sea gran tenedor, no procede la suspensi贸n, debiendo procederse a mantener la resoluci贸n recurrida鈥, se帽ala la notificaci贸n, que ha podido leer El Salto. Laura, una camarera actualmente en desempleo debido a las medidas de cierre por el covid, tuvo que esperar a la ma帽ana misma del desahucio para enterarse de que el procedimiento se hab铆a suspendido. Ella y sus compa帽eras del Sindicat de Habitatge del Raval hab铆an tenido que convocar un piquete frente al portal del n煤mero 7 de la calle Botella para detener el desalojo, como en tantas ocasiones han tenido que hacer los grupos por el derecho a la vivienda, y all铆 mismo recibieron la noticia de la suspensi贸n por parte de la comitiva judicial.
La pretensi贸n del juzgado de no saber si Sareb es un gran propietario de vivienda puede resultar incre铆ble en una ciudad donde Sareb afirma haber cedido 200 pisos al Ayuntamiento (y otros 900 a la Generalitat desde 2014). Solo desde la semana pasada, los grupos por el derecho a la vivienda agrupados en la campa帽a Plan Sareb han convocado cinco piquetes stop desahucios en viviendas propiedad de esta sociedad, dos de ellos en Barcelona: la mitad de las 10 viviendas que el decreto establece como l铆mite para definir a una propiedad como 鈥済ran tenedor鈥. 鈥淵o creo que ni lo miran, lo hacen por rutina鈥, asegura Laura Mart铆n, portavoz del Sindicat de Habitatge del Raval. Seg煤n Mart铆n, no se trata de la primera vez que un juzgado no detiene el desahucio por desconocer si la propiedad es o no gran tenedor, si bien precisa que esos otros multipropietarios han sido hasta ahora SL o particulares no especialmente conocidos.
Los agujeros del decreto
La ‘an茅cdota’ ilustra uno de los motivos por los que ha estado fracasando el llamado decreto de escudo social del Gobierno de coalici贸n desde su ampliaci贸n en enero de este a帽o: la escasa voluntad de muchos juzgados de aplicar esta medida que caduca el 9 de agosto y que prev茅 la paralizaci贸n de los desahucios en viviendas de grandes tenedores, cumplidos ciertos requisitos de lo que el decreto llama 鈥渧ulnerabilidad social鈥 como los ingresos del hogar, ser v铆ctima de violencia machista o presencia de menores o personas dependientes en la vivienda.
En el primer trimestre de 2021, con la ampliaci贸n del decreto plenamente vigente, los desahucios registrados en los juzgados subieron un 13% con respecto al mismo periodo de 2020. 鈥淥 falla la legislaci贸n y es imprescindible mejorarla, o la judicatura se la salta y es necesario denunciarlo鈥, se帽alaba la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en un comunicado.
En el caso de Laura, ese fallo del decreto empez贸 mucho antes de la demanda de la propiedad y de la orden de desalojo. El escudo social aprobado en abril de 2020 preve铆a la suspensi贸n de los desahucios, pero solo para inquilinos. Su ampliaci贸n en enero ya inclu铆a los casos de usurpaci贸n, como el de Laura, siempre sujeta a esa valoraci贸n sobre su vulnerabilidad social. Llegada la demanda, al menos en su caso el juzgado s铆 reconoci贸 esa categor铆a, pero no es necesariamente la situaci贸n m谩s com煤n.
鈥淣o est谩 m谩s acreditada esta vulnerabilidad [de Laura] que otras que hemos acreditado [y han sido rechazadas por el juzgado]鈥, se帽ala Mart铆n. Uno de los motivos recurrentes mencionados por la portavoz del sindicat es que en el hogar se est茅 cobrando la Renta Garantizada (el programa catal谩n asistencial de renta m铆nima). 鈥淣os est谩n diciendo que no son vulnerables familias de 4 miembros que cobran 600 euros de renta garantizada鈥, dice escandalizada.
La misma semana del intento de desahucio en el Raval, la PAH de Terrassa denunciaba la exclusi贸n de la moratoria de una cuidadora con ingresos totales de 700 euros y dos hijos menores. El juzgado consideraba no probada su situaci贸n de vulnerabilidad previa entrega de sus n贸minas, de un informe m茅dico con la discapacidad de uno de los menores y de un informe de servicios sociales. El caso no era aislado y motiv贸 la presentaci贸n de una queja al decano de los juzgados de Terrassa junto con el colegio de abogados y la oficina de defensa del ciudadano (s铆ndic de greuges) de la localidad barcelonesa. Fuera de Catalu帽a, los desahucios medi谩ticos de dos familias con menores en el distrito madrile帽o de Puente de Vallecas tambi茅n hab铆an sido relacionados por la PAH del distrito con el fracaso del decreto y sus criterios de vulnerabilidad.
De momento, Laura ha visto detenido su desahucio sin fecha, con una posible negociaci贸n abierta con Sareb, uno de cuyos escollos ser谩 entrar en los criterios de alquiler social de la entidad, que rechaza todas las solicitudes de personas que viven solas. Y la rueda de desahucios no para: seg煤n denuncia PAH Barcelona, esta misma entidad desconocida para el juzgado n煤mero 44 de la ciudad quiere desahuciar el jueves 29 a un vecino todav铆a convaleciente de su operaci贸n de coraz贸n abierto.
Fuente: Elsaltodiario.com
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