July 9, 2021
De parte de La Haine
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Resolución de COESPE del 7 de Julio de 2021

Este pasado lunes 28 de junio se ha hecho público el contenido exacto del acuerdo entre Gobierno y agentes sociales sobre el Sistema Público de Pensiones (SPP).

El acuerdo de mínimos deroga aspectos de la reforma de 2013 de Rajoy, y en este sentido supone un avance respecto la situación anterior. Se reconocen jurídicamente y mediante acuerdo algunas cuestiones positivas:

– No se han atrevido a concretar la privatización de las cotizaciones sociales hacia sistemas privados de pensiones, que se planteaba en el Pacto de Toledo.

– Se incluye una nueva fórmula de revalorización de pensiones ligada al IPC medio registrado, que garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo. Pero queda abierta su modificación a 5 años.

– Acuerdan derogar el Factor de Sostenibilidad, que suponía la minoración de la pensión inicial en relación con la evolución de la esperanza de vida, pero bajo condición de aprobar un nuevo “factor intergeneracional” que descontara las pensiones en función de esperanza de vida.

– Se habilita la transferencia de fondos a la Seguridad Social para asegurar su equilibrio financiero a cuenta de los presupuestos del Estado, pero sin abordar la eliminación de los gastos impropios de esta. Ello condena las pensiones a un aparente déficit perpetuo y se aleja de nuestra exigencia de auditoría y reducción de gastos impropios.

– Se revisa el modelo de jubilación anticipada, pero tratando de extenderla los 68 años. Se reducen algunos coeficientes reductores, se da mayor equidad a las reglas de jubilación anticipada para los voluntarios / involuntarios, y seamplían los derechos de jubilación en varias modalidades. Se iguala en este marco los derechos vinculados a los periodos de servicio social femenino obligatorio al que ya disfrutaban los del servicio militar. Ligeros avances en este campo.

– Se plantea la creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social, incluyendo en ella el INSS, TGSS, ISM; lo que podría ser positivo, ya que se unifican recursos humanos y materiales, pero podría convertirse en un paso más para eliminar la atención presencial a los ciudadanos, ya que desde 2016 se han suprimido 64 oficinas de atención al público; estamos totalmente en contra de la atención exclusivamente telemática, ya que perjudica claramente a la población más vulnerable, como son las personas mayores y de menos recursos.

– Se reconocen nuevos derechos a desarrollar o amplían algunos de los que ya existían, como la equiparación de la pensión de viudedad para las parejas de hecho, la extensión del derecho a cotización por todos los programas de formación (becas) vinculados a estudios universitarios o de formación profesional tengan o no carácter remunerado, o la mejora de los convenios<br




Fuente: Lahaine.org