October 12, 2021
De parte de ANRed
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Finalmente el gobierno nacional envió al Congreso su proyecto para convertir los programas de empleo en trabajo formal, lo que se conoce desde hace años como “empalme”. La iniciativa legislativa no reviste ninguna modificación sustancial de las propuestas llevadas a cabo por otros gobiernos. A su vez, se impulsan nuevos beneficios para aquellos empresarios que se suban al barco del programa. Foto: Matrin Alvarez. Por Nicolás Salas para ANRed

Días atrás, el gobierno nacional presentó en el Congreso el proyecto de ley “Programa de generación y fortalecimiento del empleo argentino ´Un puente al empleo´”, iniciativa desde la que buscan transformar los planes sociales en empleo formal.

La propuesta busca, a partir de beneficios y exenciones impositivas, que el empresariado local contrate a personas que posean un plan social. En el artículo 3 de la potencial norma se estipulan dos tipos de beneficios; 1) reducción de hasta el 100% de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino para “las relaciones laborales que se inicien e incrementen la nómina laboral por cada empleador o empleadora a partir de la entrada en vigencia de la presente ley” (una duración máxima de 24 meses); y 2) el acceso a un esquema de “protección y regularización de situaciones laborales precarias, permitiendo acceder a beneficios”.

¿A qué beneficios refiere? Varios. En principio la “extinción de la acción penal prevista por la Ley N° 24.769”, es decir borrar de un plumazo aquellas multas, sanciones o penas dispuestas por la legislación que sanciona los delitos tributarios. Algo así como un plan de amnistía a los empleadores, algo que se buscó hacer con la reforma laboral impulsada durante el macrismo.

Además, el empresario que se integre al programa podrá lograr la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (siempre y cuando se registren la totalidad de los trabajadores/as hasta entrada la vigencia de la ley) y varias condonaciones de deudas de capital e intereses por la falta de pago de aportes y contribuciones de la seguridad social[1].

¿Qué se le pide a la empresa a cambio? La regularización de las relaciones laborales dentro de los noventa días corridos[2].  A su vez, la persona contratada podrá percibir el beneficio del programa hasta un año después, siempre y cuando cumpla con las capacitaciones laborales dispuestas por los ministerios de Desarrollo Social y Trabajo, cateras a cargo del “empalme”.

A groso modo, puede decirse que la propuesta fogueada por el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, es un reciclado de viejas leyes o disposiciones que se impulsaron en Argentina desde 2002 y que, a la luz de la historia, fracasaron estrepitósamente. Es un mix de los proyectos que alguna vez añoraron realizar Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Mauricio Macri:

Gobierno de Eduardo Duhalde

  • Duhalde fue el primero en plantear el empalme dentro del esquema del plan “Jefes y Jefas”, el cual contenía a su interior un registro de empleadores destinado a empresas, instituciones públicas y privadas “dispuestas a incorporar a los beneficiarios del PROGRAMA para el desarrollo de actividades laborales”[3].
  • En enero de 2003, lanzaba el programa Componente Solidario de Inserción Laboral que planteaba restar al salario básico que pagaba el patrón los 150 pesos correspondientes al “jefes y jefas”. Tras seis meses, las empresas podían contratar de manera efectiva a la persona o rescindir su contrato. En caso de tomar de manera definitiva al empleado pasaría a tener más “crédito” para nuevas incorporaciones.

Gobierno de Néstor Kirchner

  • Con el decreto 1506 que prorrogaba la emergencia ocupacional, Néstor Kirchner agregaría el artículo 4 por el cual los beneficiarios de planes podían reinsertarse en el trabajo formal a través de “programas específicos y/ o acciones de empleo transitorio, formación profesional y promoción del empleo privado”.
  • Desde la secretaría de Trabajo se analizarían las “condiciones de empleabilidad” de los y las beneficiarias del plan “Jefes y jefas” y serían destinados a la órbita del Ministerio de Trabajo (programas de capacitación y promoción del empleo) para su reinserción en el sector privado. ¿Qué beneficios se les otorgaba a las empresas? El aporte estatal de $150 para el sueldo durante seis meses, y la excepción del 50% de las contribuciones patronales por un año.

Gobierno de Mauricio Macri

  • El 3 de mayo de 2017, se publicó en el Boletín Oficial el “Plan Empalme”, versión macrista. El mismo remitía en su artículo 3 a la adhesión al programa de inserción laboral, creado en 2006 y que proponía subsidiar a las empresas con parte del salario a través de los fondos concernientes a los planes sociales. Al igual que en el proyecto actual se fijaba a los ministerios de Desarrollo y Trabajo como la autoridad de aplicación. El subsidio al empleo se estimaba “durante un plazo de hasta VEINTICUATRO (24) meses, siempre que continúe vigente la relación laboral, en las condiciones que fije la Autoridad de Aplicación”.
  • Según el Diario Tiempo Argentino “el programa impulsado por Mauricio Macri proyectó 80.000 ´empalmes´ por año, pero según las presentaciones hechas al Congreso por el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, funcionó solo para 12.000 personas entre 2017 y 2019.

Para muestra, un botón: el empalme en el sector rural

Ni bien asumió Zabaleta al ministerio de Desarrollo Social de la Nación habló del “empalme” y aseguró que se podría aplicar sobre unas 300 mil personas que trabajaban en zonas rurales.

Los dichos iban en consonancia con un pedido de la CAME que aseguraba que en los pequeños y medianos productores agropecuarios “el ´Plan Empalme´ jamás funcionó”[4] y cuestionaban la incompatibilidad del programa de empleo con el trabajo que se ofrecían durante la cosecha. Al ser un trabajo golondrina y por lo general mal pago, un trabajador prefería trabajar todo el año en una cooperativa que tres meses en la cosecha por magros salarios y quedar prácticamente desocupado 8 meses al año.

Ahora bien, “Un puente al empleo” se volverá inaplicable para el sector rural si se considera que el trabajador/a podrá disponer del Potenciar Trabajo solo un año después de ser formalizado en el trabajo, y la formalización en este tipo de trabajo no supera los noventa días. Lo que se está pidiendo en el sector, es que no sean incompatibles los planes con la contratación formal por tiempos de cosechas. De ser así, el Potenciar Trabajo funcionaría como una especie de seguro de desempleo cuando no se mantenga una relación de dependencia formal, siempre y cuando no se le de de baja por haber sido formalizado tres meses.

Otras incógnitas se abren en el resto de los sectores mencionados en los fundamentos del proyecto de ley como son los gastronómicos y la construcción. En el primero de los casos, representa a uno de los trabajos donde reina una mayor informalidad. Ingresar al empalme, le implica a dichos empresarios que más temprano que tarde deberán regularizar toda su planta de trabajadores/as, lo cual a intereses empresariales difícilmente les sea redituable. En el caso de la construcción, habrá que ver si se asemeja a lo rural, y no termina siendo un seguro al desempleo y una búsqueda de dar de baja la incompatibilidad. ¿Muchas preguntas para las pocas precisiones que da el proyecto?

A su vez, la situación del empalme se desarrolla en un gris respecto a los convenios colectivos y la relación laboral, ya que conociendo a un empresariado adepto a las evasivas podrían, en los hechos, descontar los fondos provenientes del plan social del salario, mecanismo utilizado por varias compañías con los ATP o Repro que giraba el gobierno durante el primer año y medio de la pandemia. A su vez, los beneficios a empresarios implican una migración de recursos del sistema previsional, ya que el fisco dejaría de recaudar contribuciones patronales y sería el Estado el que asumiría esas partidas.

El debate de fondo

Cabe preguntarse: ¿por qué los empresarios contratarían más personal sin mayor productividad? ¿hay condiciones para reactivar el empleo con la caída del consumo y el desplome del salario real de la clase trabajadora?

«Este plan (empalme) serviría si el mercado interno estuviera reactivado, porque uno tomaría, para pasarlo al mercado formal, a aquel que tiene un subsidio», había señalado en 2007 el entonces presidente de la UIA, Juan Sacco.

En la actualidad, la propuesta tampoco termina de cerrar. “Me ofrecen no pagar contribuciones por seis meses, pero cuando pasa ese período, vuelvo a tener los mismos problemas de antes (…) ¿Por qué voy a blanquear a un trabajador por seis meses que me ofrezcan de rebaja en las contribuciones, si puedo tenerlo sin registrar por la falta de fiscalización que existe en este país?”, aseguró a principio de octubre un referente empresarial a Infobae[5]. En la misma tónica, se refirió el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja: “(Hay que trabajar sobre los) costos laborales no salariales, los impuestos al trabajo, los sobrecostos que hoy existen y que se hacen más gravosos cuando se trata de actividades mano de obra intensiva y de baja calificación”.

Nada de lo propuesto hasta ahora ha innovado respecto a las lógicas utilizadas en los “empalmes” anteriores, que no por casualidad tienen sus orígenes en crisis ecónomicas y caídas del empleo. En este caso particular, y más allá que se agregan nuevos beneficios a las compañías, se intenta interpelar a un empresariado que, por sus declaraciones públicas, se encuentra más preocupado por dar de baja la doble indemnización y sepultar definitivamente el decreto contra los despidos y suspensiones que en ver como sumar nuevos empleados/as a su planta.

[1] Este punto varía según la cantidad de trabajadores/as que contrate la empresa (artículos 8, 10, 11 y 13 del proyecto).

[2] Se advierte que las compañías se pueden caer del encuadre dentro del programa en caso de “reducción de la nómina laboral” de la empresa, se “constate personal no registrado por periodos anteriores a la fecha”, “registren obligaciones previsionales de pago líquidas y exigibles por SEIS (6) o más períodos fiscales y no regularicen dicha situación dentro de los TREINTA (30) días corridos de la respectiva intimación administrativa”.

[3] Decreto 565/2002 que da creación al plan “Jefes y Jefas de Hogar”

[4] “Falta mano de obra en las economías regionales y desde CAME solicitan poder compatibilizar trabajo registrado con planes y programas sociales”. CAME. 26 de marzo de 2021.

[5] “El empleo, a paso lento: cuál es la estrategia oficial y qué le piden los empresarios al Gobierno para acelerar las contrataciones”, nota de Natalia Donato para Infobae.





Fuente: Anred.org