La Organización Mundial de la Salud (OMS) lleva más de un año advirtiendo del deterioro de la salud mental de la población mundial a consecuencia de la pandemia. En la España de Pedro Sánchez y sus socios, la situación es de una precariedad absoluta: hay menos de seis psicólogos por cada 100.000 habitantes frente a los 18 de media de la Unión Europea. En el reino, cada día se suicidan unas 10 personas, y se estima que otras 200 lo intentan. En contraposición, solo nueve comunidades autónomas tienen planes específicos de prevención.

Una sociedad drogada

España es, junto a Portugal, el país de la Unión Europea que más ansiolíticos, sedantes e hipnóticos consume. En concreto, más de dos millones de personas toman medicación a diario, sobre todo las mujeres. Y no es de extrañar: ellas soportan la mayor carga. El 50% de mujeres encuestadas en un estudio de salud mental afirman que su estado ha empeorado con la pandemia. Una de cada tres ha necesitado ayuda externa para solucionar sus problemas.

Miles de españolxs han necesitado ayuda psicológica en estos meses. La pandemia ha evidenciado otra carencia sanitaria del sistema de salud progresista español: la de especialistas en esta rama. La jornada laboral de los pocos psicólogos (especialistas) llega a las 12 horas muchos días. El aumento del volumen de pacientes ha hecho que las consultas estén colapsadas». Y entre paciente y paciente, cuenta el aumento de este tipo de problemas.

«Muchísimos problemas derivados de la pandemia que tienen que ver con la pérdida de empleo, con los duelos no resueltos, con problemas familiares y sociales a los que no se les está dando respuesta». «El sistema público de salud mental no tiene capacidad para soportar la demanda de la población. El acceso a la salud mental está relacionado con el poder adquisitivo«, y con la inexistente redistribución del ingreso y justicia social.

La falta de la capacidad del sistema sanitario público de dar respuesta a esta urgencia se ha analizado como uno de los mayores fallos del sistema para luchar contra el suicidio. Pero no es el único porque lo más importante al hablar de este problema es entender que hay muchísimo por hacer para evitar estos casos.

La falta de educación emocional y una sociedad cada vez más individualista y llena de expectativas inalcanzables y personales son otros problemas a resolver. Las situaciones de discriminación como el bullying por ser o parecer LGTBI+ o violencias como la machista también. O la pobreza, la soledad no deseada y la falta de unas condiciones que garanticen una vida digna. Es necesario repensar todo el sistema para cambiar el modelo y caminar hacia una sociedad más segura y más protegida. Y los expertos insisten: no hay tiempo que esperar.

El sufrimiento y la desesperanza

El suicidio es «multifactorial» y no hay unas reglas generales para entender todos los casos, pero sí que todos tienen en común una «angustia vital» relacionada con una educación en la que se esconde el sufrimiento, el fracaso o la ruina. «Vamos aprendiendo según vamos caminando por la vida. Los niños deberían aprender que la vida no es cuento de hadas. Habría menos sufrimiento y más manejo de la vida».

El sistema de salud español ha fallado por muchos lados. Uno de ellos es el consumismo y las «expectativas» que se generan en la sociedad. «Pensamos que la felicidad está en el consumo, algo que es pan para hoy y hambre para mañana. Hay que reflexionar sobre la sociedad que estamos creando porque es una sociedad de bienestar fallida. Necesitamos una sociedad en la que nos sintamos más protegidos porque es un paso enorme para luchar contra el suicidio».

En esa lucha multifactorial, debemos saber también de que muchos de los factores de riesgo son como «pesos que se llevan en una mochila». Uno no decide suicidarse porque lo han echado del trabajo, en todo caso ese sería el factor precipitante. La gota que ha colmado el vaso, pero antes de eso el vaso estaba lleno de muchas vivencias que van haciendo que cada vez uno se sienta más vulnerable y vea un futuro negro y sin salida.

Por esto, y como dice Andoni Anseán, presidente de la Sociedad Española de Suicidología, cuando se juntan «sufrimiento y desesperanza» muchas personas no ven ninguna solución y la labor y el método terapéutico está en hacer ver que sí lo hay.

Factores de riesgo

Hay muchos factores de riesgo. El primero es haberlo intentado antes. En torno al 50% de personas que se suicidan ya lo habían intentado previamente. No hay datos oficiales sobre estos intentos en España, pero la cifra puede estar entre 70.000 y 80.000 al año. Un grupo de psicólogos se lamenta que no exista ningún sistema de información que permita conocer estos datos pero que, por estudios e investigaciones, se calcula que hay 20 intentos de suicidios por cada muerte. Además, se calcula también que entre los mayores de 75 años hay una muerte por cada tres o cuatro intentos. En el caso de los jóvenes, sería una por cada 200.

El segundo factor de riesgo es ser hombre. Ellos mueren por suicidio tres veces más que las mujeres pese a que ellas lo intenten más veces. Una de las diferencias es que los hombres utilizan métodos más letales, pero también porque ellos exteriorizan menos sus emociones por los estereotipos y cánones del sistema patriarcal.

La edad y las etapas de la vida son otros de los factores de riesgo. En este sentido, debemos poner el foco en la adolescencia y en la juventud durante la pandemia. Ellos han visto cortadas sus relaciones sociales y se enmarcaron en una vida más individualista que tiene que ver con Internet. Han crecido las adicciones sin sustancias como al juego online o la pornografía, pero también la incertidumbre por el futuro o la precariedad que no permite embarcarse en algún proyecto de largo plazo.

Pero no es la única edad en la que hay un factor de riesgo mayor. Natalia Lorenzo, psicóloga y socia fundadora de la Asociación Papageno, explica que en la mediana edad entran en juegos muchas rupturas familiares o crisis económicas. Aunque son los más mayores los que más se suicidan.

Otro que tiene peso es el factor socioeconómico: la precariedad, el desempleo, la falta de vivienda o la falta de trabajo pueden ser importantes. Pero también el plano económico tiene consecuencias indirectas. La mayoría de personas tienen que recurrir a psicólogos privados, pero personas de rentas muy bajas, bajas o incluso medias no pueden pagar las consultas privadas.

Hay un ejemplo sobre el plano socioeconómico que es incluso territorial. Asturias, es la comunidad en la que hay más suicidios de España. Mucha gente piensa que es por el clima pero no ocurre en otras comunidades en las que el clima es muy similar. Las explicaciones ante este fenómeno son, precisamente, las consecuencias de la crisis económicas, el cierre de las minas y la drogadicción. A esto, debemos añadir que existe un protocolo de prevención desde 2018, pero no funciona porque «faltan recursos económicos y humanos». Los factores socioeconómicos son factores de riesgo y políticas sociales que cubran las consecuencias de la crisis económica ayudan. Y en Asturias, cuando se cerraron las minas no se creó más industria.

Frente a este contexto, el Gobierno español ya deberían haber puesto en marcha unos factores de protección para luchar así contra todos estos factores de riesgo derivados del propio sistema. Recordemos de que España encabeza el consumo mundial lícito de ansiolíticos, hipnóticos y sedantes y está entre los diez países en los que más se consumen antidepresivos. Una población satisfecha no requeriría de tanta medicación. Pero, la realidad es muy diferente, la vida no es un «estado de bienestar permanente». Desde este punto de vista hay factores de protección como una vivienda y un trabajo seguro o una sociedad solidaria que pueden hacer mucho para luchar en la prevención del suicidio.

Por otro lado, es fundamental que se garantice la igualdad. Los datos del plan de prevención del suicidio se cruzaron con otra «iniciativa pionera» para que desde Atención Primaria detectaran casos de violencia machista. Entonces identificaron casos de mujeres que eran víctimas. «El factor de origen hay veces que está relacionado con la violencia de género o con la discriminación por una orientación sexual. Ante esto hay que apostar por construir sociedades más igualitarias».

El hermano de Anna Canet se suicidó el 14 de septiembre de 2015. Tenía 36 años y una hija adolescente. Hasta ese momento ella no se podía imaginar que su familia iba a pasar por esto. Canet entonces comenzó a investigar sobre el suicidio. Creó un grupo de Facebook y se dio cuenta que había muchas personas con la necesidad de hablar de esta realidad tan silenciada. Ahora es psicóloga y una de las fundadoras de la Asociación para la Prevención del Suicidio y la Atención al Superviviente (APSAS). Como ella hay centenares de personas más. El movimiento asociativo que hoy en día lucha principalmente contra el suicidio está formado por supervivientes, familiares y profesionales concienciados. Las Administraciones van por detrás. Pese a planes pioneros de prevención como el iniciado en el País Valencià, hay mucho camino por recorrer: desde conseguir que el suicidio deje de ser un tabú hasta desestigmatizar, invertir en salud mental o dar pasos hacia la igualdad y mejores condiciones de vida. De momento, el Estado español mira hacia otro lado en este como en otros temas prioritarios.

Con información de: El País/Público/

América Latina ha sido la región del mundo más afectada por el Covid-19. Fue la región con mayor mortalidad y con una recesión aguda. La conclusión es de un estudio realizado por el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR, por sus siglas en inglés) y Amnistía Internacional, cuyos resultados fueron presentados en el informe Desigual y Letal, con datos de 2021 y 2022. “No es sorprendente que la región más desigual del mundo ha sido una de las más afectadas por la pandemia”, señala el documento. El análisis se centra en 17 países que representan la mayoría de la población de la región y la mayoría de los casos reportados durante la pandemia en 2020 y hasta febrero de 2022. Hasta febrero de 2022, 1.6 millones de personas en América Latina y el Caribe han muerto a causa de la pandemia, casi un tercio de las muertes a nivel global a pesar de que en la región vive sólo el 8.4% de la población mundial. De acuerdo con el informe, las desigualdades previas a la pandemia tuvieron como consecuencia que los efectos económicos y de salud fueran desproporcionados y afectaran a los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. “Ellas son producto de procesos históricos de exclusión y de las decisiones discriminatorias de política pública por parte de los gobiernos que han fallado”. Además, estos impactos no se han distribuido de manera equitativa en cada país, y han afectado particularmente a poblaciones en situación de desventaja, exacerbando las desigualdades. “La desigualdad socioeconómica de la región, así como las otras claves estructurales que explican el impacto devastador que el Covid-19 tuvo en la región, no son meramente una consecuencia no deseada de la pandemia, son el resultado concreto de acciones discriminatorias e inequitativas, además de omisiones de los gobiernos durante la pandemia, que no hicieron lo suficiente para proteger a los grupos históricamente marginados de manera efectiva”, señala el informe. Un ejemplo mencionado en el informe son los pueblos indígenas en Brasil. Entre ellos el Covid-19 se extendió, sostiene el informe, debido a que las autoridades no desarrollaron acciones adecuadas, destinadas a protegerlos: no establecieron barreras sanitarias, ni información accesible y sensible a las diferencias étnicas dentro del país, ni la expulsión de invasores de sus territorios ni otras medidas para asegurarles atención social ni protección de la salud. “Las estructuras sociales desiguales y sistémicas que permiten y facilitan que ciertas personas sean discriminadas en el acceso a sus derechos y que sostienen la desigualdad económica y social, no son catástrofes naturales: son creadas y sostenidas por decisiones de quienes ocupan posiciones de poder”. Aumenta pobreza De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el número estimado de personas en situación de pobreza en la región en 2021 siguió siendo 14 millones mayor que antes de la pandemia. Adicionalmente, el número de personas en pobreza extrema aumentó en 16 millones con respecto a 2019. La Comisión estima que, a raíz de la pandemia, alrededor de 59 millones de personas pertenecientes a los estratos medios estaría experimentando un proceso de movilidad social descendente, de las cuales 25 millones habrían pasado a los estratos bajos y 3 millones habrían caído por debajo de la línea de pobreza. El 20% más rico en la región concentra la mitad de los ingresos totales de los hogares mientras que el más pobre sólo 5%. Ineficiencia Aunque los países analizados en la región implementaron 430 medidas de protección social de emergencia, sus efectos para mitigar la pobreza fueron limitados, de acuerdo con el estudio. Con excepción del Perú, el aumento de la cobertura de estos programas en la región estuvo por debajo del promedio global. “El impacto de la pandemia no solo se ha sentido por los números de contagios y víctimas fatales, sino también por las consecuencias inmediatas y futuras con relación al ejercicio de derechos económicos y sociales, sobre todo de grupos históricamente discriminados como los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, las mujeres y niñas, y las personas migrantes y refugiadas”. La Red Sexta Grietas del Norte, presenta el primer número de publicación «Grietas: Una Revista de Pensamiento y Horizontes Zapatistas.» La realidad de los suicidios (Salud mental y prevención del #suicidio) Un sistema educativo en el que uno de cada tres profesores es temporal: “Es como cambiar de empresa cada año” (11/01/2023). 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