February 26, 2021
De parte de SAS Madrid
195 puntos de vista


La agrupaci贸n Marea de Residencias ha comenzado esta semana los interrogatorios a los querellantes de las residencias madrile帽as y este viernes prestar谩 declaraci贸n la primera investigada, la directora de la Gran Residencia, de titularidad y gesti贸n p煤blica. Por ahora, cuatro de las cinco mayores las empresas de la patronal est谩n investigadas; se salva la filial de ACS, Clece Mayores. 

El aluvi贸n de muertes que provoc贸 la primera ola del coronavirus en las residencias de ancianos afect贸 a Domus Vi, Aralia Servicios, Vitalia, Clece Mayores y Orpea, los cinco grupos empresariales que vieron c贸mo muchos de sus centros eran intervenidos por la Administraci贸n, debido al elevado n煤mero de fallecimientos por covid19 que se dio en sus centros. Solo en Madrid, donde desde el inicio de la crisis sanitaria han muerto m谩s de 6.000 mayores residentes en este tipo de centros, la Administraci贸n intervino 14 residencias de las 60 que hay en total.

La agrupaci贸n de familiares de v铆ctimas Marea de Residencias ha puesto dos grandes querellas que encabezan los abogados Jos茅 Luis Gonz谩lez del Moral y Carlos Vila y en las que acusan de “homicidio por imprudencia”, entre otros delitos, tanto a las empresas que gestionan los centros como a la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel D铆az Ayuso, y a dos de sus consejeros. Seg煤n Gonz谩lez del Moral, “este lunes declararon 11 querellantes que ratificaron lo que se vivi贸 al inicio de la primera ola de la pandemia, el martes 8 y este viernes lo hace la primera investigada, la directora de la Gran Residencia, de titularidad y gesti贸n p煤blica”. 

Sin embargo, los querellantes se est谩n encontrando con un inesperado obst谩culo: la Fiscal铆a. Explica Gonz谩lez del Moral que “por ahora el papel de la fiscal铆a est谩 siendo 100% activo para solicitar el archivo de las causas, porque considera que no son punibles los hechos”.

De momento, en la primera querella interpuesta por Marea de Residencias est谩n afectadas las cuatro de las cinco empresas m谩s importantes; solo se salva la que es propiedad del empresario Florentino P茅rez, Clece Mayores. Tampoco aparece esta sociedad, al menos no tienen ese dato los responsables de comunicaci贸n de la Fiscal铆a General del Estado con los que se ha puesto P煤blico en contacto, en las 491 diligencias preprocesales civiles de seguimiento y protecci贸n, las 212 diligencias de investigaci贸n penal y las 27 denuncias que hasta el mes de enero la Fiscal铆a ha puesto en los juzgados, seg煤n los datos aportados esta semana por Dolores Delgado en el Senado.

P茅rez, el “amigo” de Dolores Delgado

Mientras el prestigioso despacho de abogados Garrigues se centra en la defensa de los cuatro competidores de Florentino P茅rez en este sector, el presidente de ACS y del Real Madrid participaba en una comida de 鈥榓migos鈥 con la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado; el exjuez, abogado y actual pareja de Delgado, Baltasar Garz贸n; y el periodista Antonio Garc铆a Ferreras.

Aunque la exministra y ahora responsable de “la pol铆tica criminal” del ministerio Fiscal, como explic贸 Dolores Delgado en una entrevista con Carlos Alsina al lunes siguiente de dicho almuerzo, quiso dejar claro esa ma帽ana en Onda Cero que solo hab铆a sido una comida con “un amigo, mi pareja y un periodista”, la ausencia de Clece Mayores en los procedimientos sobre las residencias han llamado la atenci贸n de abogados y afectados.

As铆 que, despu茅s de que la Fiscal General aclarase que cuando habla de “un amigo” se refiere a un empresario con muchas posibilidades de tener un fuego cerca (apagado el del Castor, le quedan a煤n unos cuantos m谩s, como la presunta vulneraci贸n de los derechos laborales de sus empleadas en Clece) 鈥攜 m谩s all谩 del precio del marisco compartido por los cuatro en el restaurante madrile帽o El Tel茅grafo o sobre los supuestos intentos de P茅rez de presionar a la fiscal en el caso Villarejo para implicar a Iberdrola鈥, las fuentes consultadas por P煤blico apuntan a que el objetivo del presidente de ACS era que Clece Mayores no se viera involucrada en ning煤n procedimiento.

La fiscal铆a puso 27 querellas pero pide el archivo de las otras

Las querellas presentadas contra las residencias de mayores por parte de familiares de personas que fallecieron en ellas durante la primera ola de la covid-19, y que los juzgados de instrucci贸n de Plaza Castilla en Madrid est谩n admitiendo a tr谩mite, acusan a los directores de dichos centros de “homicidio imprudente, trato vejatorio y denegaci贸n de auxilio”.

Por eso, fuentes legales no descartan que Florentino P茅rez aprovechara la comida con la Fiscal General del Estado para “negociar su arrepentimiento”. El ‘arrepentido’ puede negociar con la Fiscal铆a su colaboraci贸n con el caso para que 茅sta no haga una acusaci贸n formal aunque el juez ya haya admitido la querella a tr谩mite. Seg煤n la ordenaci贸n legal espa帽ola, el fiscal tiene esta potestad sin cometer un delito de prevaricaci贸n. Sin la acusaci贸n del fiscal, las querellas pueden seguir siendo defendidas por la acusaci贸n particular, pero tienen mucha menos fuerza.

Clece Mayores es una empresa filial de ACS que seg煤n su propia p谩gina web gestiona 145 residencias de mayores y 92 centros de d铆a que dan servicio a casi 17.000 ancianos. Estas residencias se dividen entre las que son en propiedad (33) y las que son de titularidad p煤blica, pero que est谩n gestionadas en r茅gimen de concesi贸n. En total, la compa帽铆a asegura en su web que “m谩s de 35.000 profesionales trabajan diariamente en el cuidado de m谩s de 158.000 personas mayores”. Es decir, se trata de uno de los mayores grupos de Espa帽a que operan en este negocio junto con Domus Vi, Aralia Servicios, Vitalia y Orpea.

En el caso de Clece Mayores, la residencia intervenida fue el Centro Alzheimer Fundaci贸n Reina Sof铆a. En 2019, unas trabajadoras de este centro fueron despedidas por denunciar en la Cadena Ser la falta de material y otras carencias del centro. En febrero de 2020, la Comunidad de Madrid emiti贸 una resoluci贸n contra este mismo centro por “vulnerar el art铆culo 28c de la Ley 11/2002 de Prestaci贸n de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid”. El ep铆grafe citado recoge castigos por “no prestar la adecuada atenci贸n en la alimentaci贸n, higiene, descanso y/o aseo personal de los usuarios, as铆 como imponerles un horario totalmente inadecuado de acuerdo con los est谩ndares de vida socialmente admitidos”. La multa econ贸mica impuesta por vulnerar la normativa ascendi贸 a 6.000 euros, aunque finalmente abonaron 4.800 euros porque tuvieron un descuento del 40%.

Entre los a帽os 2014 y 2020 la Consejer铆a de Pol铆ticas Sociales de la Comunidad de Madrid mult贸 a centros de mayores por un total de 1,18 millones de euros. Una de las sanciones m谩s elevadas, 87.933 euros, correspondi贸 al centro de mayores de El Berrueco, tambi茅n gestionado por Clece Mayores.

La doble cara de la FIscal铆a

En esta coyuntura, el pasado d铆a 5 de enero el juzgado de Instrucci贸n n煤mero 39 de Plaza de Castilla admiti贸 a tr谩mite la querella de 19 familiares de fallecidos contra contra las residencias de Manoteras, Aralia Isabel La Cat贸lica, Aralia Ensanche de Vallecas, el centro integrado municipal Margarita Retuerto, Ballesol Pasillo Verde y DomusVi Mirasierra.

Se trata de una parte de la querella colectiva interpuesta el pasado 11 de mayo por 26 familiares, a trav茅s del movimiento Marea de Residencias, contra los directores de diez residencias, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D铆as Ayuso, su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero y el ex consejero de Pol铆ticas Sociales, Alberto Reyero. Los familiares les consideran responsables de presuntos delitos de homicidio imprudente, de lesiones imprudentes, de omisi贸n del deber de socorro y de prevaricaci贸n por su gesti贸n durante el primer estado de alarma por la pandemia de coronavirus.

Cuando se interpuso en mayo la querella de los familiares agrupados en Marea de Residencias, 茅sta recay贸 en el juzgado de instrucci贸n 39 de Madrid, que la remiti贸 al Tribunal Supremo al estar aforada la presidenta regional. El Supremo devolvi贸 el caso al juzgado solicitando un informe motivado sobre los indicios de delito, para, en su caso, derivar el caso al Supremo o al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al estar denunciados D铆az Ayuso y dos consejeros. Finalmente es el juzgado 50 quien por orden de la Audiencia Provincial investigar谩 los hechos, al menos en lo que a los centros se refiere, y desde ah铆 se determinar谩 que responsabilidad tuvieron los pol铆ticos y en caso tendr铆a que pasar a instancias superiores.

Consecuencia tambi茅n de la querella interpuesta por familiares integrados en Marea de Residencias es el auto de la Audiencia Provincial de Madrid que revoca la decisi贸n de un juzgado del municipio de Legan茅s de archivar la querella interpuesta por familiares de nueve fallecidos por coronavirus y dos infectados en varias residencias de esa localidad. 

Por lo tanto, pese a los intentos de la fiscal铆a por quitarse de en medio las denuncias interpuestas por los familiares, aunque en el Senado la Fiscal General d茅 a entender que tiene un especial inter茅s en el asunto, es la Audiencia Provincial quien est谩 obligando a los juzgados madrile帽os y la Fiscal铆a a que las causas se investiguen al menos en lo relativo a los centros por el momento. 

Hasta el pasado mes de junio, la Fiscal铆a General del Estado publicaba semanalmente un informe con la relaci贸n de causas judiciales abiertas por muertes en las residencias de mayores vinculadas con la covid-19. En uno de los 煤ltimos informes emitidos, la Fiscal铆a informaba que estaban abiertas 113 causas por la v铆a penal y hab铆a 174 diligencias judiciales abiertas en toda Espa帽a. En julio las diligencias de investigaci贸n de las fiscal铆as de toda Espa帽a alcanzaron las 228. Seg煤n dijo esta semana en el Senado ya superan las 400, aunque s贸lo 27 se han convertido en procesos judiciales aunque no saben especificar contra qui茅nes. 

Se estima que 24.000 personas han muerto en las residencias de mayores en Espa帽a. Por eso los familiares de las v铆ctimas no se explican esta doble cara de la fiscal铆a que dirige Dolores Delgado, m谩s a煤n cuando ha sido el propio Tribunal Supremo el que inst贸 a todos los juzgados a investigar qu茅 ocurri贸 en las residencias, especialmente en los primeros meses de la pandemia. Lo hizo en el auto de la sala segunda, presidida por el magistrado Manuel Marchena, en la que precisamente decidi贸 no admitir las querellas presentadas contra miembros del Gobierno aforados por considerar que “no quedaba debidamente justificada la comisi贸n de los hechos punibles”.

No obstante, los magistrados, en este auto publicado el pasado 18 de diciembre, s铆 consideran que son perseguibles en otros tribunales los hechos que denuncian las familias. As铆, el Supremo propone que los jueces de instrucci贸n investiguen “si esos fallecimientos estuvieron asociados a decisiones pol铆ticas, administrativas o de gesti贸n y si aquellas son susceptibles de reproche penal”. Y del mismo modo pide que se averig眉en “el origen y la autor铆a de resoluciones prohibitivas que impidieron que esas personas fueran trasladadas a centros sanitarios, anticipando as铆 un prematuro estado de necesidad que, por su propia naturaleza, deb铆a haber sido, siempre y en todo caso, un acto m茅dico”.

Adem谩s, subraya el Tribunal, “la instrucci贸n deber谩 esclarecer si la excepcionalidad derivada de las circunstancias vividas durante la pandemia justificaba decisiones que impidieron a los enfermos de mayor edad recibir la atenci贸n m茅dica de la que eran merecedores y a la que, por supuesto, ten铆an derecho”.

Florentino P茅rez pide ser indemnizado

Dentro de la estrategia de defensa de Florentino P茅rez, Clece Mayores ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra las administraciones p煤blicas propietarias de los centros de mayores que gestiona en r茅gimen de concesi贸n. La filial de ACS reclama a las diferentes administraciones municipales y auton贸micas m谩s dinero para compensar los costes provocados por el coronavirus en las residencias. Seg煤n argumenta la empresa, estos sobrecostes rompen el equilibrio financiero de los contratos de concesi贸n previamente establecidos por las dos partes y sit煤an a Clece con graves problemas de tesorer铆a.

Fuentes judiciales estiman que la presentaci贸n de este recurso contencioso administrativo forma parte de la negociaci贸n que la empresa de Florentino P茅rez quiere llevar a cabo para evitar responsabilidades penales. El resto de grandes grupo de residencias que operan en Espa帽a ya han contratado a firmas de abogados como Garrigues para intentar defenderse.

Enlace relacionado P煤blico.es 25/02/2021.




Fuente: Sasmadrid.org