August 29, 2022
De parte de SAS Madrid
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Colectivos que a menudo reciben elevadas remuneraciones prev茅n su jubilaci贸n en mutualidades privadas al llevar la ley medio siglo sin aclarar qui茅n debe y qui茅n no integrarse en el sistema p煤blico de previsi贸n.

El intenso programa de reformas que el Gobierno est谩 desarrollando en el 谩mbito de la Seguridad Social y las pensiones bajo la supervisi贸n de Bruselas, que ya incluye modificaciones en el sistema de aportaciones de los aut贸nomos para ajustarlas a sus ingresos, un nuevo marco para la actualizaci贸n de las prestaciones, la creaci贸n de una hucha para afrontar las tensiones financieras que provocar谩 la jubilaci贸n de los babyboomers y la puesta en marcha de un fondo de previsi贸n p煤blico y otros sectoriales, y que en unos meses incorporar谩 la revisi贸n del periodo de c贸mputo para calcular las pagas, sigue evitando abordar una de las principales lagunas de la normativa sobre ese 谩mbito de Estado de bienestar, que pronto cumplir谩 medio siglo de existencia dentro de la propia Ley General de la Seguridad Social.

El art铆culo 7 de esa ley, aprobada inicialmente como norma b谩sica en 1963, refundida en 1974 y en 2015 y que ha sido retocada en varias ocasiones a lo largo de esos casi 50 a帽os, sigue manteniendo espacios de ambig眉edad que al mismo tiempo que no aclaran qui茅n est谩 obligado a cotizar a la Seguridad Social han permitido a distintos colectivos de profesionales que no trabajan por cuenta ajena privada ni p煤blica ir logrando que tanto los tribunales como la propia Administraci贸n, seg煤n el caso, les reconocieran excepciones con las que han podido eludir su inclusi贸n tanto en el R茅gimen General como en el RETA de los aut贸nomos.

Eso suced铆a particularmente cada vez que un colectivo lograba demostrar que no cumpl铆a “los requisitos que de modo expreso se determinen en esta ley y en su normativa de desarrollo” como para ser incluidos en el RETA, lo que les permite acogerse a planes de previsi贸n privados a trav茅s de las mutualidades o de entidades financieras y eludir as铆 la obligaci贸n de cotizar a la Seguridad Social, una situaci贸n en la que se encuentran en la actualidad en torno a medio mill贸n de los dos millones de mutualistas (https://www.confederacionmutualidades.es/ ) que contabiliza la Confederaci贸n Espa帽ola de Mutualidades.

Los otros tres de cada cuatro, con una presencia elevada en Euskadi (m谩s de 800.000) por el ventajoso tratamiento fiscal de las EPSV (Entidad de Previsi贸n Social Voluntaria), que permiten descontar de la base imponible del IRPF hasta 12.000 euros anuales por lo invertido en ellas (o hasta 5.000 por aportaciones personales y 8.000 por contribuciones de empresa), utilizan esos sistemas de car谩cter privado para complementar sus futuras pensiones.

En su conjunto, el sistema de mutualidades mueve, seg煤n su confederaci贸n, 2.826 millones de euros al a帽o en primas, aportaciones que equivalen a un 2,6% de los 107.095 millones de euros que la Seguridad Social ingresa anualmente por cotizaciones de los trabajadores, mientras esas entidades mantienen un patrimonio conjunto de 50.423 en activos que intentan rentabilizar.

La ley no tiene una definici贸n clara de qui茅n tiene la obligaci贸n de cotizar, que es algo que se establece por acumulaci贸n” de colectivos, explica Octavio Granado, secretario de Estado de Seguridad Social en los gobiernos de Jos茅 Luis Rodr铆guez Zapatero y en el primero de Pedro S谩nchez y uno de los principales conocedores del sistema p煤blico de previsi贸n.

El 煤ltimo grupo en acumularse al marco general ha sido el de las clases pasivas, un ventajoso sistema de previsi贸n social espec铆fico para funcionarios que hoy se encuentra en el tramo final de su desmantelamiento con menos de 500.000 integrantes ya, mientras mutualidades como la del Banco de Espa帽a no tienen m谩s de una docena de part铆cipes.

Las mutualidades de los colegios profesionales

La propia Gu铆a Laboral del Ministerio de Trabajo sobre el RETA recoge c贸mo “quedan exentos de la obligaci贸n de alta en el R茅gimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Aut贸nomos los colegiados que opten o hubieren optado por incorporarse a la mutualidad de previsi贸n social que pudiera tener establecida el correspondiente colegio profesional”.

Esa opci贸n solo tiene dos limitaciones: por una parte, que la mutualidad elegida “sea alguna de las constituidas con anterioridad al 10 de noviembre de 1995” y, por otra, que la decisi贸n de incorporarse al RETA es irrevocable, es decir, que no se puede pasar de r茅gimen de aut贸nomos al de mutualistas una vez adscrito al primero de ellos, aunque s铆 es posible utilizar el segundo como complementario, mientras s铆 es posible el recorrido opuesto.

Esa normativa ha permitido que el grueso de algunos colectivos de profesionales que a menudo reciben elevadas remuneraciones, como m茅dicos, abogados (su mutualidad posee la quinta parte del patrimonio del sistema mutualista), notarios o arquitectos, entre otros, hayan podido optar durante d茅cadas por los sistemas de previsi贸n privados como destinatarios exclusivos de sus aportaciones, lo que ha privado a la Seguridad Social de un elevado volumen de cotizaciones.

En esa situaci贸n se encuentran tambi茅n varios colectivos de deportistas profesionales, aunque la afiliaci贸n a la Seguridad Social se ha ido extendiendo en competiciones como el f煤tbol, el baloncesto y el balonmano de primera divisi贸n, y en algunos casos de segunda.

No obstante, al mismo tiempo los 谩rbitros del balompi茅, que cobran 150.000 euros brutos al a帽o por dirigir partidos pero de los que no queda claro si mantienen o no una relaci贸n laboral al ser nombrados por un comit茅 y asignarles los partidos otro 贸rgano, siguen fuera de ese sistema p煤blico, mientras clubes y sociedades an贸nimas deportivas intentan a menudo eludir la cotizaci贸n de jugadores j贸venes argumentando que lo que desarrollan no es una actividad profesional sino una tarea formativa.

Becarios, investigadores internacionales y ejecutivos que dan clases

“La Seguridad Social tiene que buscar nuevas v铆as de ingresos” para cubrir los objetivos de los pr贸ximos a帽os, anota Granado, algo para lo que existen varios nichos a explorar.

De hecho, los 2.800 millones en primas que cada a帽o recaudan las mutualidades superan en casi un 50% a las previsiones de recaudar 1.900 por ejercicio con el mecanismo de equidad intergeneracional que el Ministerio de Inclusi贸n pretende comenzar a recaudar a partir del a帽o que viene para completar el pago de las pensiones de jubilaci贸n de 2032 en adelante, y que tanto la UE como el Banco de Espa帽a temen que vaya a resultar insuficiente para esa finalidad.

Sobre la mesa del di谩logo social est谩 ahora mismo la negociaci贸n del Estatuto del Becario, una modalidad del trabajo formativo en la que la Inspecci贸n ha aflorado en los tres 煤ltimos a帽os m谩s de 4.000 episodios de fraude en los que el formato de las pr谩cticas se utilizaba para encubrir la ocupaci贸n de puestos de trabajo de plantilla por estudiantes y reci茅n diplomados mal pagados.

La intenci贸n del Ministerio de Trabajo es sentar las bases para evitar ese tipo de fraudes, a los que habr铆a que sumar los que en ocasiones se dan en los programas europeos, en los que algunas universidades optaban por cargar a la partida del plan las cotizaciones de estudiantes y de investigadores que deben pagar de sus arcas como empleadores.

Otro eventual foco de aportaciones a la Seguridad Social se encuentra en actividades formativas de 茅lite como las de las escuelas de negocios, en las que ni los centros cotizan por la participaci贸n de ejecutivos de empresas como ponentes en sus cursos ni estos lo hacen por desarrollar una actividad paralela a la principal, en la que habitualmente alcanzan la cuota m谩xima que prev茅 el sistema por superar sus salarios los 49.672 euros mensuales en los que est谩 establecido el tope, con lo que, al final, buena parte de esas ocupaciones parciales de elevada remuneraci贸n acaban por no aportar nada al sistema p煤blico de previsi贸n.

Enlace relacionado P煤blico.es 29/08/2022.




Fuente: Sasmadrid.org