April 23, 2021
De parte de SAS Madrid
308 puntos de vista


La denuncia de los malos tratos que Sara B. B. sufr铆a por parte de su pareja, inici贸 un enrevesado proceso judicial en el que dos de las juezas han sido expedientadas por el CGPJ por decisiones que califica como “medievales”. El Constitucional valora si el tratamiento dado a la mujer por parte de la Polic铆a puede considerarse como “tortura”.

El caso de Sara B.B. parece la trama de un thriller judicial en el que cada vuelta de tuerca es m谩s sorprendente que la anterior. Fue detenida sin previo aviso cuando acudi贸 al juzgado junto a su hija peque帽a para recoger un documento. En pocas horas, fue detenida, obligada a desnudarse y someterse a un examen de sus partes m谩s 铆ntimas y separada de sus hijas de forma violenta porque su expareja la acus贸 de haber secuestrado a las ni帽as y de estar en paradero desconocido (incluso en el extranjero), a pesar de que no se hab铆a movido de su casa. Sara segu铆a trabajando en el mismo hospital y las ni帽as segu铆an yendo al mismo colegio. Un disparate judicial de tal alcance, que dos de las juezas que participaron en el caso han sido expedientadas por la comisi贸n disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por aplicar lo que han calificado como m茅todos “medievales” y el Tribunal Constitucional valora si admite recurso un de amparo por 鈥榯ortura鈥 hacia ella.

Desde hace dos a帽os Sara no ve a sus hijas ni ha podido hablar con ellas, aunque no existe una orden de alejamiento ni prohibici贸n de comunicaci贸n. Recientemente, los abuelos maternos han podido verlas por espacio de una hora los domingos en un punto de encuentro familiar, pero con la condici贸n de que no pueden hablar sobre la madre con ellas, ni mostrarles fotos ni llevarles regalos. As铆 lo solicit贸 la abogada de su expareja y lo estableci贸 un juzgado en uno de los autos. A lo largo de todo el proceso judicial que dura ya m谩s de cinco a帽os, los autos y sentencias revisados por este peri贸dico muestran una extra帽a complacencia con los deseos y solicitudes de la expareja de Sara en las decisiones judiciales, incluso hasta el punto de constituir irregularidades jur铆dicas.

Cuatro a帽os despu茅s de comenzado el litigio por la custodia de las ni帽as, las medidas impuestas siguen siendo provisionales y reci茅n el pr贸ximo 27 de abril tendr谩 lugar la vista 鈥媎efinitiva en la Audiencia Provincial de Badajoz. 

De los malos tratos al vapuleo institucional

Todo comenz贸 en febrero de 2016 cuando Sara acudi贸 a la primera revisi贸n de su segundo embarazo y el m茅dico detect贸 que se encontraba “en estado de crisis de ansiedad” y con un “trastorno depresivo” y de oficio inicia el proceso. Es entonces cuando Sara empieza a narrar los malos tratos f铆sicos y psicol贸gicos de los que estaba siendo v铆ctima desde hac铆a tiempo. El 煤ltimo, esa misma ma帽ana, cuando 茅l la hab铆a golpeado contra la pila de la cocina y hab铆a sacudido violentamente la trona en la que estaba su hija mayor, que entonces ten铆a un a帽o de edad. “Ella no quer铆a denunciar, pero la apertura del informe m茅dico de maltrato abri贸 el proceso”, explica Ana Mar铆a de la organizaci贸n Mujeres Libres, Mujeres en Paz, que le presta apoyo.

“Al principio parec铆a el hombre de mi vida, todo perfecto. Pero enseguida se meti贸 en mi casa y me empez贸 a aislar. No quer铆a que viera a mi familia, ni a mis amigas. Tenia ataques de ira en los que daba golpes, amenazaba con suicidarse poni茅ndose un cuchillo en la garganta o con quitarme a la ni帽a. Me dec铆a que si iba a casa de mis padres me denunciar铆a por secuestro de las ni帽as y me chantajeaba con que no lo quer铆a. Me controlaba el m贸vil y en ocasiones me encerraba en casa… Yo no me di cuenta de c贸mo empez贸, pero poco a poco me fue anulando y no fui consciente de ello”, relata Sara.

Desde el momento en el que se inicia el proceso judicial, se帽ala Sara, a los malos tratos que hab铆a sufrido por parte de su pareja se sum贸 un maltrato institucional indescriptible que a煤n no ha terminado. 

Las denuncias por malos tratos f铆sicos y psicol贸gicos fueron sobrese铆das provisionalmente en el juicio. El juez no encontr贸 pruebas “objetivas” suficientes para condenar, considera que el testimonio de Sara no es cre铆ble y considera “inveros铆mil” el hecho de que una mujer con su nivel de formaci贸n y cultura no hubiera denunciado antes los hechos.

Tambi茅n fueron archivadas las denuncias interpuestas por la madre por posibles abusos sexuales que la mayor de sus hijas comenz贸 a manifestar tras las visitas con el padre. Pese a los informes de psic贸logas que afirman que el relato de la menor de dos a帽os era cre铆ble, esta causa tambi茅n qued贸 sobrese铆da, como suele ser habitual en la mayor铆a de los casos de abusos a menores.

Las medidas provisionales previas establecidas tras la separaci贸n concedieron a Sara la custodia de sus hijas y a su expareja un amplio r茅gimen de visitas. Pero hacia finales de 2017 todo el proceso se anula porque se descubre que la abogada que de oficio que le hab铆a asignado el Proyecto Pilar, un centro de la red de atenci贸n a v铆ctimas de violencia de g茅nero, estaba inhabilitada y ten铆a prohibido el ejercicio profesional. Esta circunstancia hab铆a dejado a la madres sin actuaciones judiciales clave a lo largo de esos meses. 

El 21 de marzo de 2018 se convoca una nueva vista. La expareja de Sara solicita la custodia de las menores y el juez se la concede, incluyendo la custodia de la hija menor, a la que no conoc铆a y con la que no ten铆a ni tiene ning煤n tipo de filiaci贸n paterna porque no la hab铆a reconocido legalmente como hija. En su argumentaci贸n, el juez explica que al no haberse probado los abusos sexuales no hay impedimento para el cambio de custodia y a Sara se concede un r茅gimen de visitas. Todas los recursos contra esta decisi贸n fueron denegados. 

Una sustracci贸n inexistente

A la semana siguiente de la vista, entre el 28 de marzo y el 5 de abril la expareja de Sara interpone cinco denuncias acus谩ndola de la sustracci贸n de sus hijas y pide al juzgado que las entregue o que se la detenga. En ellas afirma que teme por las menores y que no sabe d贸nde est谩n o incluso si est谩n en el extranjero. Tal como afirman fuentes conocedoras del caso, 茅l viv铆a en ese momento en Badajoz a escasos metros de Sara y sus hijas. Ella segu铆a trabajando en el mismo hospital y viviendo en la misma casa. Sara asegura que nunca recibi贸 ning煤n escrito ejecutorio del auto judicial que deb铆a establecer c贸mo y d贸nde deb铆a entregar a las ni帽as.

A partir de ese momento, dos juezas del juzgado de instrucci贸n n潞1 de Zafra (Badajoz) que sucesivamente intervinieron en este caso emitieron sendos escritos de ejecuci贸n forzosa del cambio de custodia. En ellas M.R.A.F como sustituta del juzgado primero, y P.J.D.G., luego como jueza titular, emitieron diversas providencias exigiendo a la Guardia Civil, la Polic铆a Nacional o el cuerpo policial de la UFAM (una unidad especializada en familia y atenci贸n a las v铆ctimas de violencia de g茅nero) que averiguaran el paradero de Sara y sus hijas para que entregara a las menores y que procedieran a su inmediata detenci贸n si no lo hacia. Una actuaci贸n que cont贸, adem谩s, con el benepl谩cito de la fiscal del caso, a pesar de que se trata de una actuaci贸n totalmente ilegal en una jurisdicci贸n civil. 

A finales de 2018 el juzgado de lo penal n潞3 de Badajoz en una diligencia previa se hab铆a mostrado contrario a iniciar una orden de detenci贸n contra Sara. Afirm贸 que “la 煤nica circunstancia que podr铆a motivar la adopci贸n de una medida penal ser铆a el grave riesgo para la salud o la integridad de las menores, circunstancia que no se ha acreditado” y que lo 煤nico que puede motivar una medida cautelar penal es el bien superior de las menores. Dec铆a que la detenci贸n “nos se considera necesaria en el presente caso, dada las escasas relaciones de las menores con el padre (que al parecer la peque帽a ni conoce) y lo traum谩tica que ir铆a para ellas que su primer contacto con 茅l despu茅s de tanteo tiempo ocurriera de esta manera”.

Este mismo juzgado de lo penal vuelve a argumentar en contra de la detenci贸n en febrero de 2019, cuando la expareja de Sara vuelve a solicitar de forma urgente que se proceda a la detenci贸n de la madre. Los jueces vuelven a afirmar que no procede porque no concurren los supuestos legales” y porque Sara “compareci贸 ante este tribunal cuando fue citada a declarar” y est谩 personada con abogada y procurador. 

Una detenci贸n ordenada desde un juzgado civil

Ninguna de estas argumentaciones frenaron la exigencia de las juezas del juzgado de los civil para que fuera detenida. El 10 de abril de 2019 Sara se acudi贸 al juzgado n潞3 de Badajoz para recoger la notificaci贸n del juicio oral por sustracci贸n, un documento que s贸lo se puede entregar personalmente. Cuando estaba por salid del edificio un grupo de polic铆as de la UFAM la detienen, la llevan a comisar铆a y la meten en un calabozo. Sara llevaba una grabadora encima y la enciende en el momento de la detenci贸n. 

Sara relata el maltrato que reciben ella y su hija mientras est谩n detenidas en comisar铆a en la que no les dan de comer hasta las cuatro de la tarde, pese a los llantos de la menor. En un momento dado se llevan a la ni帽a y llaman a la abuela materna para que traiga a la hija mayor que en ese momento ten铆a cautro a帽os. Desde la celda, que est谩 debajo del p谩rking Sara escucha los gritos de las ni帽as cuando se las entregan a su expareja. Desde ese d铆a no ha vuelto a verlas ni a hablar con ellas.

Horas despu茅s de estar detenida, una Polic铆a le dice que se desnude, que se quite “las braguitas” y se acuclille para mirar la zona perianal por si tuviera algo. Esto ocurre sin ning煤n tipo de intimidad y de forma vejatoria e innecesaria. Cuando Sara es detenida estaba en un juzgado donde hab铆a tenido que pasar por un arco detector de metales

Las actuaciones irregulares de la polic铆a no acaban all铆. Una vez que le han retirado a las ni帽as no la dejan en libertad, aunque no haya ning煤n motivo para mantenerla detenida. A las siete de la tarde Sara solicita interponer un habeas corupus, un mecanismo legal que protege contra arrestos arbitrarios y obliga a comparecer de forma inmediata ante un juez que determine si el arresto es conforme a la legalidad.

Sin embargo nada de esto ocurre y Sara contin煤a detenida hasta el d铆a siguiente a las 15.30 horas del d铆as siguiente. Cuando Sara pregunta por qu茅 no la han dejado marchar, la Polic铆a le responde que la hab铆an dejado all铆 porque puso un habeas courpus, respuesta que volvi贸 a dar la polic铆a en una vista cuando la abogada de Sara hizo esa misma pregunta.

Amparo al Constitucional y denuncia de dos juezas

Tras esta violaci贸n de derechos fundamentales al defensa de Sara present贸 un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este recurso no ha sido a煤n admitido formalmente, pero el alto Tribunal solicit贸 al juzgado todas las pruebas sobre el caso antes de tomar una decisi贸n. Seg煤n algunas juristas, el Constitucional suele rechazar el 80 o 90% de los recursos que recibe y el hecho de que quiera estudiarlo con todas las pruebas indica un inter茅s por el caso. 

Tambi茅n se presentaron sendas denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contras las dos juezas del procedimiento de familia que ordenaron la detenci贸n de Sara. La comisi贸n disciplinaria del CGPJ no s贸lo admiti贸 las denuncias, sino que sancion贸 a las dos juezas como autoras responsables de infracciones disciplinaras muy graves de desatenci贸n al ejercicio de los deberes judiciales. El escrito de sanci贸n de la jueza titular P.J.D.G. es el m谩s duro de los dos. En 茅l el 贸rgano sancionador de los jueces recuerda que “no existe en el procedimiento civil norma alguna que habilite la detenci贸n ni la privaci贸n de libertad en cualquiera de sus formas para obtener la forzosa de lo acordado y no cumplido” y afirma que se llev贸 a cabo en sin ning煤n tipo de procedimiento penal que le pudiera dar cobertura. 

“No nos hallamos ante un mero defecto de forma”, afirman los magistrados. Amparar una situaci贸n como las realizada por la expedientada ser铆a tanto como legitimar la detenci贸n inmediata inaudita parte de una persona por incumplir lo ordenado en por cualquier autoridad judicial, que podr铆a ser aplicable a la orden de entrega de menores como al incumplimiento del pago de una pensi贸n o de una deuda. “Ello comportar铆a no s贸lo remontar esa actuaci贸n a la 茅poca del absolutismo, sino que rememorar铆a los oscuros y nefastos modus operandi del marco jur铆dico del medioevo”. El expediente concluye que con esta actuaci贸n la jueza muestra un “flagrante y peligroso desconocimiento il贸gico, irracional, arbitrario y disparatado carente por completo de justificaci贸n” y que “actu贸 fuera de su jurisdicci贸n” careciendo de “competencia y de cobertura leal que amparas o justificase su actuaci贸n”. El comit茅 disciplinario sanciona a la jueza con la suspensi贸n de funciones durante 45 d铆as.

Culpable de sustraer a sus hijas

El pasado mes de enero, el juzgado de lo penal n潞2 de Badajoz conden贸 a Sara a cuatro a帽os de prisi贸n y otros cuatro de inhabilitaci贸n para ejercer la patria potestad por dos delitos de sustracci贸n de menores. El tribunal reconoce que no permaneci贸 en paradero desconocido, pero entiende que ha incumplido resoluciones judiciales y que se ha aprovechado del hecho de tener a las ni帽as para no devolverlas, un razonamiento considerado dif铆cil de justificar para lagunas conocedoras del caso.

Este pasado martes la Audiencia Provincial de Badajoz vio en segunda instancia la sustracci贸n de menores, una actuaci贸n que sorprende por su rapidez, dado que otros procesos judiciales de este caso van extremadamente lentos. Es el caso del juicio civil para decidir la custodia de las menores, que se celebrar谩 el pr贸ximo 27 de abril, un juicio que llega cuando sobre Sara pesa ya una condena que la puede inhabilitar para la patria potestad.

Enlace relacionado P煤blico.es 22/04/2021.




Fuente: Sasmadrid.org