August 27, 2021
De parte de Indymedia Argentina
1,164 puntos de vista

En las 煤ltimas semanas, San Carlos de Bariloche volvi贸 a ser el escenario de una discusi贸n pol铆tica sobre la 鈥渁utenticidad鈥 de una comunidad mapuche.

Fotograf铆a gentileza de Euge Neme

25/08/2021

El intendente del municipio, Gustavo Gennuso, interpuso un nuevo recurso jur铆dico en contra de las reivindicaciones que 鈥攅jerciendo sus derechos ind铆genas鈥 viene haciendo la lof Jos茅 Celestino Quijada desde hace m谩s de quince a帽os. Esto ocurri贸 en el contexto de un intercambio jur铆dico entre el Instituto Nacional de Asuntos Ind铆genas (INAI), por un lado, y el Municipio de San Carlos de Bariloche (a trav茅s de su intendente) y Arelauquen Golf & Country Club S.A., por el otro. En abril de 2021, el INAI reconoci贸 鈥渓a ocupaci贸n actual, tradicional y p煤blica de la lofche Jos茅 Celestino Quijada, perteneciente al Pueblo Mapuche鈥 y comunic贸 dicha resoluci贸n (43-2021) a la Direcci贸n Nacional del Registro Oficial, dando por cumplido el relevamiento t茅cnico, jur铆dico y catastral dispuesto por la Ley nacional N掳 26.160. Acto seguido, Arelauquen y el municipio de Bariloche interpusieron, por separado, el pedido de nulidad de esta resoluci贸n por tres motivos, de acuerdo a lo esgrimido: no haber sido convocados a participar; por 鈥減erjuicios irreparables鈥; y, lo m谩s serio aqu铆, porque no reconocen a la lof Quijada como una 鈥渃omunidad originaria鈥. En el mes de julio, y a trav茅s de una nueva resoluci贸n (N掳 76, 2021), el INAI rechaz贸 estos planteos de nulidad y detall贸 prolijamente los art铆culos de tratados internacionales, de la Constituci贸n Nacional y de otras legislaciones para explicar por qu茅 el reconocimiento de la lofche Jos茅 Celestino Quijada se hizo dentro de los marcos de la ley y sin 鈥渧icios de procedimiento鈥. Hace algunos d铆as, en el mes de agosto, el intendente de Bariloche present贸 un recurso de alzada 鈥攎edio de impugnaci贸n en el orden administrativo equivalente a una apelaci贸n鈥 para insistir en la nulidad de las dos resoluciones del INAI en las que se reconoce a la comunidad Quijada.

En estos intercambios, el trasfondo es la cuesti贸n 鈥攖an repetida como plagada de sordera intencional鈥 en torno a si esta lof es o no una 鈥渁ut茅ntica comunidad originaria鈥. Destacamos tambi茅n que, frente a los argumentos utilizados por el intendente en su 煤ltimo escrito, la misma comunidad elev贸 recientemente una denuncia al Instituto Nacional contra la Discriminaci贸n, la Xenofobia y el Racismo (INADI):

Desde la lofche Jos茅 Celestino Quijada queremos comunicar que hemos denunciado al Intendente de SC de Bariloche, Ing. Gustavo Gennuso, ante el INADI por sus afirmaciones que nos niega como comunidad perteneciente a un pueblo originario (鈥) Esta actitud resulta discriminatoria, estigmatizante y por sobre todo exacerba peligrosamente a parte de la sociedad barilochense generando reacciones de odio hacia nuestra comunidad y hacia todo el Pueblo mapuche. Hacemos notar que las situaciones de violencia con frecuencia est谩n precedidas de un contexto de elevada deshumanizaci贸n y discriminaci贸n alentada por discursos err贸neos y malintencionados (Comunicado p煤blico de la lof Jos茅 Celestino Quijada, 14 de agosto de 2021).

Como investigadores e investigadoras del Consejo Nacional de Investigaciones Cient铆ficas y T茅cnicas (CONICET) y de diferentes universidades, y despu茅s de haber le铆do detenidamente los documentos anteriormente citados, identificamos cuatro puntos de desconocimiento por parte de quienes sostienen la 鈥渋nautenticidad鈥 de la lof como sujeto de derecho. Aclaramos tambi茅n que estos cuatro puntos forman parte del sentido com煤n y funcionan como estereotipos naturalizados que, en reiteradas ocasiones, vuelven a emerger en las esferas p煤blicas 鈥攋ur铆dicas, pol铆ticas o medi谩ticas. Sobre estos cuatro puntos, adem谩s, existe vasta bibliograf铆a producida por expertos/as profesionales de diversas disciplinas que, incansablemente, los vienen refutando. Este escrito reitera lo que ya hemos argumentado y explicado en numerosas ocasiones.

El desconocimiento de los derechos de los pueblos ind铆genas

El primero de estos puntos refiere a la falta de formaci贸n de quienes ejercen cargos como funcionarios p煤blicos con respecto a las legislaciones ind铆genas 鈥攕obre las jerarqu铆as, principios y sentidos de y entre estas normativas鈥 a la hora de intervenir en conflictos territoriales que afectan a los pueblos ind铆genas. Puesto que las respuestas del INAI y la denuncia de la lof Quijada ante el INADI dan cuenta detalladamente de esta desinformaci贸n por parte del municipio, no nos detendremos aqu铆 en el tema. Acompa帽amos la solicitud de la lof Quijada, en la que se plantea que los funcionarios deben capacitarse 鈥撯渆n relaci贸n a los derechos de los pueblos originarios para no confundir conceptos b谩sicos entre ellos el propio concepto de 鈥榩ueblo originario鈥欌濃, y tambi茅n consideramos fundamental extender esa capacitaci贸n al conjunto de la poblaci贸n para lograr erradicar el escaso conocimiento y racismo existente en nuestra sociedad en torno a los pueblos ind铆genas. S贸lo queremos recordar que los derechos ind铆genas vigentes en Argentina se enmarcan en normativas internacionales, entre las cuales se encuentra el Convenio 169 de la Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT) 鈥攓ue tiene jerarqu铆a supralegal en nuestro pa铆s鈥 y en la propia Constituci贸n Nacional. Por lo tanto, las libres interpretaciones de la legislaci贸n, que en otros niveles de aplicaci贸n se llevan a cabo por fuera de ese marco, son inconstitucionales. A continuaci贸n, nos centraremos en los efectos discriminatorios que este desconocimiento habilita en torno a la construcci贸n de ciertas premisas y realidades, y al silenciamiento y negaci贸n de otras.

Los procesos hist贸ricos de desigualdad y el esp铆ritu de los cambios legislativos

Quienes trabajamos memorias y territorialidades ind铆genas 鈥攑articularmente mapuche tehuelche鈥 en procesos hist贸ricos de subordinaci贸n estatal sabemos que es en la larga duraci贸n donde adquieren sentido los eventos y las pr谩cticas. Esta historia de subordinaci贸n inicia con el evento m谩s violento ocurrido en este territorio. Es sabido que el Pueblo Mapuche Tehuelche es largamente preexistente al proceso de conformaci贸n del Estado argentino y que, entre 1878 y 1885, fue invadido y violentamente dispersado 鈥攁 trav茅s de una pol铆tica de campos de concentraci贸n, deportaciones, asesinatos y torturas鈥 por las fuerzas armadas de los Estados argentino y chileno en un ataque coordinado[1]. Fue entonces cuando el Estado argentino comenz贸 a imponer sus propias l贸gicas organizativas en el territorio donde, recientemente, el Pueblo Mapuche Tehuelche ejerc铆a su soberan铆a. Aun as铆, en las siguientes d茅cadas 鈥攆ines del siglo XIX y principios del XX鈥 las personas sobrevivientes de ese genocidio volvieron a reunirse y a buscar lugares de 鈥渃ampo abierto鈥 (sin alambrados), donde volver a 鈥渧ivir tranquilos y a levantarse como lofche鈥 (comunidades o familias) [las comillas indican que se trata de expresiones locales]. Sin embargo, a trav茅s de diferentes instituciones, pol铆ticas y legislaciones estatales 鈥攕umadas al uso de distintas fuerzas policiales鈥, el Estado argentino continu贸 con su pol铆tica de despojo territorial y exclusi贸n. La historia nos muestra c贸mo, en diferentes regiones de la Patagonia, las familias mapuche tehuelche fueron desalojadas y despojadas de sus territorios a trav茅s de enga帽os, artilugios legales y la imposici贸n 鈥渁 la fuerza鈥 de nuevas l贸gicas de territorialidad centradas en la propiedad privada. En la Patagonia, el despojo y el uso de la violencia se intensific贸 en las d茅cadas de 1930 y 1940, en el contexto del golpe de Estado y la crisis econ贸mica internacional. Justamente, se trata de los a帽os en que grandes extensiones de tierras fueron privatizadas o se distribuyeron entre espec铆ficas y diversas instituciones estatales (Ej茅rcito, Parques y otras). Aun as铆, y hasta el d铆a de la fecha, el Pueblo Mapuche Tehuelche sigue organiz谩ndose, reuni茅ndose y buscando lugares donde 鈥渧olver a vivir tranquilos鈥.

En este proceso, las pol铆ticas estatales profundizaron la desigualdad social y el proceso de arrinconamiento y de migraci贸n forzada hacia las ciudades de familias mapuche tehuelche, mediante normativas, pr谩cticas administrativas y vocabularios espec铆ficos, pero sobre todo como consecuencia de interpretaciones arbitrarias y asim茅tricas que los/as funcionarios/as de gobierno improvisaban al aplicarlas frente a los reclamos territoriales. La memoria colectiva del Pueblo Mapuche Tehuelche constituye un archivo exhaustivo y detallado de los usos arbitrarios y desiguales de las leyes del Estado. Desde 1983, en el contexto del fin de la dictadura militar y la reapertura democr谩tica, diferentes comunidades y organizaciones ind铆genas evidenciaron estos procedimientos y demandaron leyes m谩s justas y reparadoras. Paulatinamente, el Estado argentino fue reconociendo derechos y creando leyes con el objetivo de reparar y revertir esos procesos de violencia, desigualdad, exclusi贸n y despojo. El prop贸sito de estos cambios legislativos fue, precisamente, crear derechos especiales para promover una mayor igualdad en las relaciones que involucran a los pueblos ind铆genas teniendo como premisa el reconocimiento de una historia de profundas desigualdades e injusticias.

Con esta breve rese帽a hist贸rica 鈥攁l solo efecto de recordar lo que ya se sabe鈥, introducimos el segundo punto de nuestro an谩lisis. Cuando un/a intendente/a 鈥攅n su funci贸n p煤blica鈥 o cualquier otro/a funcionario/a del Estado vuelve a usar las leyes de formas tendenciosas o arbitrarias para profundizar desigualdades (en lugar de impugnarlas), retrocedemos varios escalones en los pisos de acuerdo pol铆tico que ya se hab铆an logrado al menos discursivamente. 驴Qu茅 significa exactamente, para el intendente, que la Ley nacional N掳 26.160 (de emergencia territorial ind铆gena) es 鈥渄esmesurada鈥, 鈥渁busiva鈥 y 鈥渁rbitraria鈥?. M谩s a煤n, 驴puede un municipio intercultural desconocer la historia que impuls贸 el dictado de esta ley? 驴Cu谩nto resta todav铆a por aplicar en materia de derechos?. Tanto la creaci贸n del INAI como el establecimiento de sus competencias en el relevamiento de los territorios ind铆genas han sido algunas de las respuestas que este Estado encontr贸 para sopesar muchas d茅cadas de informes, inspecciones y relevamientos; registros burocr谩ticos en los cuales los funcionarios solo escribieron acerca de la presencia y productividad privada, y de la ausencia de ocupaci贸n o la 鈥渧agancia鈥 de los y las ind铆genas[2] que habitaban esas 鈥渢ierras鈥 definidas como 鈥渇iscales鈥漑3].

Las normativas sobre los derechos de los pueblos ind铆genas fueron creadas, entre otras razones, para protegerlos de los intereses econ贸micos e inmobiliarios 鈥攃omo los del barrio privado Arelauquen y de las empresas de turismo鈥 y de las acciones de los municipios que avalan dichos intereses. Por ello, resulta comprensible que no se los invite a participar del proceso de reconstrucci贸n hist贸rica 鈥攂asado mayormente en memorias y testimonios鈥 a trav茅s del cual se elaboran las 鈥渃arpetas t茅cnicas鈥 de relevamiento territorial de las comunidades. En todo caso, la misma respuesta del intendente, Gustavo Gennuso, confirma que todav铆a es sumamente imprescindible y urgente que las leyes resguarden estos lugares de reconstrucci贸n y valorizaci贸n: 鈥淚mpugno categ贸ricamente el valor de evidencia y certeza que el INAI le otorga al relevamiento, ya que el mismo se ha efectuado en forma err贸nea, solapada, unilateral y abusiva鈥 (extra铆do del recurso de alzada presentado por el intendente).

La noci贸n de 鈥渙cupaci贸n鈥

Las fechas que surgen de los documentos burocr谩ticos s贸lo permiten hacer cronolog铆as estatales y responder preguntas, tales como: 驴cu谩ndo el Estado nacional y los Estados provinciales reconocieron 鈥攕i es que lo hicieron鈥 la existencia de una comunidad ind铆gena dentro de sus administraciones? Pero estas fechas nada dicen sobre los inicios de la ocupaci贸n ni sobre los hitos fundacionales en la historia de larga duraci贸n de una lof como parte de un pueblo ind铆gena. Los modos en los cuales el Estado define qu茅 es una comunidad ind铆gena tienden a fijar a las personas con fines pragm谩ticos, orden谩ndolos en formas estandarizadas seg煤n la expectativa, visi贸n e inter茅s propio, mientras que los lenguajes de la memoria informan sobre el movimiento constitutivo de las pertenencias ind铆genas en contextos de subordinaci贸n estatal.

Lo interesante aqu铆 es que es el mismo Estado el que reconoce esta tensi贸n entre sus documentos burocr谩ticos y los archivos de las memorias ind铆genas. Al respecto, recordemos brevemente la historia de los compromisos asumidos por el Estado argentino para reparar esos silenciamientos legales. En el a帽o 1992, se sancion贸 la Ley nacional N潞 24.071, que ratifica el Convenio 169 de la OIT, el cual sostiene lo siguiente sobre la 鈥渙cupaci贸n ind铆gena鈥:

Los gobiernos deber谩n respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relaci贸n con las tierras o territorios, o con ambos, seg煤n los casos, que ocupan o utilizan de alguna manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relaci贸n [鈥os gobiernos est谩n obligados a] 鈥渢omar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protecci贸n efectiva de sus derechos de propiedad y posesi贸n (Convenio 169 de la OIT, art. 13 inc. 1 y art. 14, inc. 2).

Con una demora de varios a帽os, finalmente el Estado argentino llev贸 a cabo el cumplimiento efectivo de esos art铆culos al sancionar la ley 26.160 en el a帽o 2006 y al elaborar, al a帽o siguiente, el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Ind铆genas (ReTeCI). En los 鈥渃onceptos rectores鈥 de este Programa, el Estado reconoce que 鈥渆n la actualidad las comunidades ind铆genas conservan porciones de tierra en 谩reas que fueron parte de sus territorios ancestrales鈥 y que, en la perspectiva ind铆gena tambi茅n 鈥渓as tierras aleda帽as en posesi贸n de terceros que hasta hace pocas d茅cadas pertenecieron a las comunidades ind铆genas y que les fueron enajenadas por variados m茅todos (鈥) son parte del territorio ancestral y por lo tanto son reivindicadas como parte de los espacios jurisdiccionales hist贸ricos鈥. Con el fin de relevar esas memorias sobre el 鈥渢erritorio ancestral鈥, el Programa entiende:

Con respecto a la posesi贸n ind铆gena de la tierra, que 茅sta es sensiblemente distinta a la regulada en el C贸digo Civil. La ocupaci贸n se manifiesta de manera diferente y no siempre es evidente por el modo cultural de producci贸n que no incluye, como ocurre en las sociedades de tecnolog铆a compleja, la pr谩ctica de transformaci贸n masiva de la naturaleza. A pesar de la sutileza con que aparecen los signos de la posesi贸n, los sitios de asentamiento peri贸dico, las aguadas, los pozos, los territorios de caza, las zonas de recolecci贸n o de pesca, los casi imperceptibles cementerios, entre otras zonas, est谩n marcados de forma indeleble en la memoria hist贸rica de los pueblos ind铆genas. Esa memoria hist贸rica, indisociable de la geograf铆a, es la principal se帽al de posesi贸n tradicional actual, que ahora posee rango constitucional, y que es objeto de este Relevamiento Territorial [el destacado es nuestro].

De este modo, la definici贸n oficial de 鈥減osesi贸n tradicional actual鈥 pone en primer plano los criterios socioculturales de las mismas memorias ind铆genas y, as铆, la producci贸n de evidencias hist贸ricas puede ser reconstruida a trav茅s de las memorias de las familias ind铆genas y a contrapelo de las historias hegem贸nicas registradas en los documentos estatales.

Por lo tanto, no es suficiente que un intendente apele a las regulaciones municipales de la tierra, a los documentos que acreditan propiedad estatal o privada y a la ausencia de reconocimientos oficiales de la ocupaci贸n de la lof mapuche Quijada en las laderas del cerro Otto para impugnar la evidencia y verosimilitud de sus relatos de memoria. Las memorias mapuche reconstruyen la historia de ocupaci贸n de esta lof como parte del Pueblo Mapuche, preexistente tanto al Estado argentino como al Estado chileno, los a帽os en que sus antepasados sufrieron desplazamientos, los esfuerzos posteriores por reconstituirse como familias y lofche en los campos abiertos del cerro Otto, y el proceso de arrinconamiento frente a la intromisi贸n privada y estatal. Esta historia relata tambi茅n el dif铆cil proceso de restauraci贸n de las formas mapuche de territorialidad 鈥攕us grandes esfuerzos por recuperar los saberes, consejos y ense帽anzas de sus mayores鈥, espec铆ficamente de las alianzas y reciprocidades con los gen o fuerzas del cerro para revertir procesos muy profundos de discriminaci贸n, violencia e imposici贸n de silencios. Las historias de posesi贸n territorial no son s贸lo herramientas leg铆timas a ser usadas en las disputas jur铆dico-pol铆ticas por el territorio, son tambi茅n procesos de afianzamiento identitario, de puesta en valor de las pr谩cticas territoriales habituales y de recuperaci贸n de los lugares de dignidad que les fueron arrebatados.

La negaci贸n de la existencia de una comunidad originaria

Llegamos finalmente al 煤ltimo de los puntos del an谩lisis: la negaci贸n de la lof mapuche Jos茅 Celestino Quijada como una comunidad originaria. Nos detenemos especialmente en esta expresi贸n racista por su uso recurrente en los discursos interesados en el desalojo de las comunidades ind铆genas de sus territorios, tanto en Bariloche como en otros sitios de la Patagonia[4].

Como se帽alamos, los marcos y lenguajes burocr谩ticos estatales son prescriptivos en t茅rminos de qui茅n es, c贸mo se puede y se debe ser ind铆gena, y bajo qu茅 modalidades se habilita o no hacer reclamos en relaci贸n con los derechos. Entre ellos, la forma en la que el Estado reconoce y registra la pertenencia y los derechos de los pueblos originarios, desde la recuperaci贸n de la democracia en 1983 a esta parte, es mediante conceptos tales como 鈥減reexistencia鈥, 鈥渁utoadscripci贸n鈥, 鈥減ueblo ind铆gena鈥 y 鈥渃omunidad ind铆gena鈥, entre otros.

En principio, una comunidad es originaria por el hecho fundamental de ser parte de un pueblo ind铆gena preexistente al Estado naci贸n. Esto lo afirma la Constituci贸n Nacional, pero tambi茅n las constituciones provinciales, como la de la provincia de R铆o Negro. Incluso la Carta Org谩nica de Bariloche replica ese mismo reconocimiento: 鈥淩econoce la preexistencia del Pueblo Mapuche y de los dem谩s pueblos originarios de la regi贸n, adhiriendo al plexo normativo vigente en materia ind铆gena[5]鈥. Por lo tanto, los cuestionamientos sobre el car谩cter originario del lof mapuche Jos茅 Celestino Quijada por parte de funcionarios y privados resultan, al menos, anacr贸nicos, contradictorios, inconstitucionales y sin ning煤n tipo de fundamento v谩lido.

La desestimaci贸n del car谩cter originario de la comunidad, tal como aparece esgrimido en el escrito del intendente (鈥淎 mayor abundamiento, la personer铆a jur铆dica[6] de la que goza la comunidad no acredita o certifica que esta sea una comunidad originaria鈥) no s贸lo desconoce las leyes vigentes, sino que tambi茅n actualiza prejuicios muy naturalizados en el sentido com煤n.

El primero de ellos surge de confundir la noci贸n de 鈥渃omunidad鈥 con la noci贸n de 鈥減ueblo鈥. La preexistencia de una comunidad mapuche 鈥攙inculada a la cuesti贸n de la autocton铆a, por la que deviene 鈥渙riginaria鈥濃 queda establecida desde el momento en que la comunidad se reconoce como parte del Pueblo Mapuche. Pero, adem谩s, la condici贸n de preexistencia pone en evidencia la apropiaci贸n por parte del Estado argentino, de su territorio soberano. En este sentido, es una falacia negar la preexistencia de una comunidad diciendo que un privado ocupa un determinado lote de tierra antes de que lo hicieran ciertas personas de una familia mapuche. Las coyunturas situadas y temporales de un expediente de tierras no ponen en discusi贸n el hecho constitutivo de que esas familias mapuche son parte de un pueblo originario, que fue soberano en este territorio antes que lo fuera el Estado argentino. Por ende, la comunidad conformada por esas familias es, en todos los tiempos y lugares, una comunidad originaria.

El segundo prejuicio se basa en una arbitrariedad tendenciosa, que podemos parafrasear del siguiente modo: 鈥淭al comunidad no es originaria porque viene de Chile y por lo tanto es extranjera鈥. Si bien esta idea ha sido ya ampliamente refutada por integrantes del pueblo mapuche, por el 谩mbito acad茅mico e, incluso, por la misma legislaci贸n estatal, contin煤a propag谩ndose como verdad por su gran potencial negador. La extranjerizaci贸n de los mapuche se sostuvo sobre la base de una mirada nacionalista del territorio y de los sujetos, que traslad贸 e impuso taxonom铆as, formas de conocimiento y divisiones fronterizas con la creaci贸n de los Estados nacionales 鈥攆ines del siglo XIX y principios del XX鈥 a per铆odos anteriores y a pueblos ind铆genas que ejerc铆an la soberan铆a territorial sobre toda la regi贸n patag贸nica 鈥攅sto es, sobre lo que el Pueblo Mapuche denomina Wallmapu, territorio ancestral. Podemos avanzar un poco m谩s sobre esta construcci贸n de extranjer铆a recordando que, debido a las coyunturas de los sucesivos golpes de Estado, en nuestro pa铆s primaron los discursos de investigadores amateurs en Historia y Antropolog铆a, que utilizaban paradigmas racistas, que hace muchos a帽os atr谩s hab铆an sido refutados y denunciados en otras partes del mundo[7]. Se consolid贸 as铆 una 鈥渃lasificaci贸n etnol贸gica鈥 鈥揵asada en la falsa correlaci贸n entre 鈥渞aza, lengua y territorio鈥濃 que copiaba el proceder de la biolog铆a: cada 鈥渆tnia鈥 era ubicada en una espec铆fica y estricta 谩rea geogr谩fica como sol铆a hacerse con la fauna end茅mica de un pa铆s. En ese marco interpretativo, el movimiento de largas distancias y fluidas alianzas pol铆ticas y parentales, que caracteriz贸 a los pueblos ind铆genas de la Patagonia, se fij贸 en 鈥渦bicaciones geogr谩ficas鈥 plasmadas en mapas, tan descabelladas como ignorantes de la historia de estos pueblos. Esos mapas, fundados en visiones de mundo nacionalistas, civilizatorios y racistas 鈥攔eproducidos hasta el cansancio en los textos escolares鈥 fijaron la imagen de que el 谩rea 鈥渘atural鈥 de los mapuche estaba del otro lado de la cordillera de los Andes y concibieron a la cordillera como una frontera o l铆mite; algo que no ocurri贸 hasta fines del siglo XIX cuando se delimit贸 la frontera entre Chile y Argentina[8] . Por lo tanto, el Pueblo Mapuche no es extranjero ni en Argentina ni en Chile, porque, al igual que otros pueblos ind铆genas, es preexistente a la conformaci贸n de los Estados (y sus fronteras) y porque la pertenencia al Wallmapu inclu铆a ambos lados de la cordillera.

De estos errores en el uso de las temporalidades y de estas lecturas equivocadas de la noci贸n de preexistencia, se desprende otra expresi贸n negadora. Esta 煤ltima la podemos parafrasear del siguiente modo: 鈥淣o son una comunidad originaria porque su abuelo o abuela tienen documento chileno/nacieron en Chile/ven铆an de Chile鈥. En estas afirmaciones se vuelve a desconocer el hecho de que las personas pertenecientes a un pueblo originario, que se reconocen como parte del mismo, no dejan de ser miembros de un pueblo preexistente al Estado por el hecho de haber nacido circunstancialmente de un lado u otro de las fronteras que el Estado impuso despu茅s.

En conclusi贸n, no hay manera de negar la preexistencia de una comunidad mapuche (ni usando expedientes de tierras, ni acusando de extranjer铆a a sus miembros), puesto que el Estado argentino ya reconoci贸 que el Pueblo Mapuche le es preexistente en este territorio. La frase del intendente de Bariloche (鈥減ara que la Comunidad quede incluida en las disposiciones de la Ley nacional N掳 26.160, dicha comunidad debe ser 鈥榦riginaria del pa铆s鈥欌) es, entonces, un sinsentido.

Para finalizar este an谩lisis, mencionamos aqu铆 un 煤ltimo argumento err贸neo: la creencia arraigada de que es posible poner 鈥渂ajo sospecha鈥 la pertenencia de una persona, familia o comunidad al Pueblo Mapuche 鈥攐 a cualquier otro pueblo ind铆gena. El Convenio 169 de la OIT establece que 鈥渓a conciencia de su identidad ind铆gena o tribal deber谩 considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio鈥 (Art. 2).

El principio de la autoidentificaci贸n ind铆gena 鈥攁 ser en todo caso ratificada por otros integrantes, comunidades y organizaciones del pueblo ind铆gena en cuesti贸n鈥 es tanto un derecho como el principal criterio al momento de establecer pertenencias. Puesto que este principio es tambi茅n el que prima en otras constituciones de Latinoam茅rica y del mundo, existe vasta bibliograf铆a nacional e internacional al respecto. Aqu铆 nos remitimos a hacer s贸lo algunas reflexiones puntuales.

En primer lugar, se帽alamos que los procesos personales y colectivos de autoidentificaci贸n no se realizan en un vac铆o hist贸rico y contextual, ni tampoco libres de condicionamientos. Frente a la fuerte negaci贸n, discriminaci贸n y violencias vividas por el Pueblo Mapuche, afirmarse en el 谩mbito p煤blico como ind铆gena ha tenido su propia temporalidad. Nos referimos al hecho de que el reconocimiento de ser mapuche se fue desplegando e incrementando de a poco a lo largo del tiempo en la medida en que se fueron habilitando lugares de valoraci贸n identitaria. Tambi茅n que, hasta el presente, muchas personas que tienen apellidos ind铆genas o que han sido clasificadas como 鈥渋ndios鈥 por sectores no ind铆genas, no se han autoadscripto 鈥攁l menos p煤blicamente鈥 como tales. Con esto queremos destacar que la afirmaci贸n de ciertas identidades puede tener costos importantes para las personas y familias, puesto que suelen ser todav铆a estigmatizadas, especialmente cuando confrontan intereses exigiendo derechos.

Desde un 谩ngulo similar, la inscripci贸n de su personer铆a jur铆dica como 鈥渃omunidad鈥 en las instituciones estatales es un derecho y no una obligaci贸n, dado que las comunidades existen independientemente de que el Estado las registre o les otorgue un n煤mero de personer铆a. Por lo tanto, este tr谩mite no constituye un criterio v谩lido para legitimar o deslegitimar la existencia de una comunidad mapuche en Bariloche. En general, la decisi贸n de objetivar y burocratizar las historias y sentidos de pertenencia comunitarias suele concretarse cuando sus integrantes eval煤an que esta es la 煤nica opci贸n para que el Estado deje de deso铆r sus demandas. En todo caso, cuando los miembros de una comunidad se autoidentifican como pertenecientes al Pueblo Mapuche, ni la identidad de las personas ni la preexistencia de esa comunidad pueden quedar bajo sospecha, a pesar de que la autoadscripci贸n p煤blica sea reciente o que a煤n no hayan tramitado su personer铆a ante el INAI, con su correspondiente inscripci贸n en el Registro Nacional de Comunidades Ind铆genas (ReNaCI). La comunidad mapuche Jos茅 Celestino Quijada solicit贸 su personer铆a jur铆dica en el mes de mayo del a帽o 2011 y la obtuvo en 2012. En junio de 2019, el Consejo de Desarrollo de Comunidades Ind铆genas (CODECI) reconoci贸 a las autoridades de la comunidad. Sin embago, la historia de la lof no comienza en 2011, sino cuando los bisabuelos y las bisabuelas sobrevivieron al genocidio estatal, y los abuelos y las abuelas (dispersados/as de sus familias y despojados de sus territorios) buscaron un lugar donde 鈥渧olver a vivir tranquilos鈥.

Grupo de Investigaci贸n Gemas (Juana Aigo, Aymara Bar茅s, Mariel Bleger, Lorena Cardin, Paula Cecchi, Julieta Magallanes, Malena Pell Richards, Ana Ramos, Mariela Eva Rodr铆guez, Kaia Santisteban, Valentina Stella, Marcela Tom谩s, Florencia Yanniello, Ayelen Fiori)

[1] Ver nota de Walter Delrio en: https://www.enestosdias.com.ar/4759-perder-el-juicio

[2] En dichos documentos, los/as funcionarios/as s贸lo informaron (usando exageraciones, mentiras y estigmas) sobre la productividad 鈥攅ntendida exclusivamente en t茅rminos capitalistas y desde la racionalidad econ贸mica occidental鈥, lo cual habilitaba a algunas personas 鈥渁 contratar con el Estado鈥, mientras exclu铆a a la mayor铆a de las personas y colectivos ind铆genas. Descriptos en dichos informes como 鈥渧agos鈥 e 鈥渋ncapaces鈥, los pocos cabeza de familia que lograron 鈥渃ontratar con el Estado鈥, lo hicieron mediante permisos 鈥減recarios鈥 de ocupaci贸n, cuya precariedad contin煤a hasta el presente.

[3] Los territorios mapuche tehuelche que fueron incorporados a la soberan铆a estatal a partir de fines del siglo XIX y principios del XX 鈥搚 que a煤n no eran distribuidos a privados鈥 pasaron a ser 鈥渢ierras fiscales鈥.

[4] Ver al respecto la nota de Adri谩n Moyano en: https://www.enestosdias.com.ar/5037-se-va-a-acabar-esa-costumbre-de-negar-al-pueblo-mapuche

[5] art铆culo 210 de la Carta Org谩nica de Bariloche dictaminada en el 2007 (en https://concejobariloche.gov.ar/index.php/legislacienuprincipal-382/carta-orgca-2007-menuprincipal-447

[6] Adem谩s, la inscripci贸n de personer铆a jur铆dica en registros estatales no es constitutiva de la comunidad, sino que es un acto solamente declarativo y a los fines de un mejor ordenamiento/conocimiento por parte de los poderes p煤blicos. Las comunidades pueden elegir no hacer ese tr谩mite y eso no invalida su existencia como tales y sus derechos.

[7] Ver al respecto el ensayo de Alma Tozzini: https://gemasmemoria.com/2017/10/05/sobrevivir-a-los-ancestros-el-mito-del-mapuche-chileno-y-del-tehuelche-extinto/

[8] Aun as铆, la cordillera fue traspasada de un lado a otro con mucha posterioridad a la constituci贸n de los l铆mites nacionales.

Fuente: https://gemasmemoria.com/2021/08/25/una-vez-mas-el-estado-cuestiona-la-autenticidad-de-una-comunidad-originaria/




Fuente: Argentina.indymedia.org