January 19, 2021
De parte de Arrezafe
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Liberation
– 18/01/2021

Traducción
del inglés: Arrezafe

Con
la administración Trump tocando a su fin, han tenido lugar una serie
de ejecuciones federales en las últimas semanas, la más reciente ha
sido el asesinato de Dustin Higgs en Indiana, durante el fin de
semana. Esta serie de ejecuciones suponen que, por primera vez en la
historia de Estados Unidos, el gobierno federal haya ejecutado a más
personas que cualquiera de los estados, con un total de 13 presos
asesinados en los últimos seis meses.

Hasta
las presentes, la última ejecución federal fue hace 17 años.
Antes del asesinato de Higgs, la administración Trump abrió el
camino a la pena capital contra Lisa Montogomery, la única mujer en
el corredor de la muerte y la primera prisionera federal ejecutada
desde 1953. En julio de 2019, el Departamento de Justicia anunció el
reinicio las de ejecuciones, que se detuvieron anteriormente cuando
los condenados a muerte desafiaron el protocolo de inyección letal
del Departamento de Justicia en Roane
v. Gonzales
(2006).

Además,
una encuesta reciente reveló que el apoyo a la pena capital estaba
en su nivel más bajo en 48 años y que la oposición a dicha pena
era la más alta desde 1966. La creciente oposición pública a la
pena capital llevó a las empresas farmacéuticas a negarse a
suministrar a los sistemas penitenciarios estatales los medicamentos
utilizados para las inyecciones letales.

Dada
dicha negativa, el sistema penitenciario, en lugar de detener
permanentemente las ejecuciones, recurrió al mercado negro para
adquirir los productos químicos. Esto quedó expuesto en documentos
publicados en 2016 por la ACLU
de California del Norte
, que mostraban que el Departamento de
Corrección y Rehabilitación de California adquirió sus letales
drogas ilegalmente en Arizona, desde donde le fueron remitidas. Sin regulación ni verificación,
estas drogas adquiridas en el mercado negro causan una muerte lenta y
espantosa a los reos.

Las
ejecuciones estatales se han suspendido, en gran medida debido al
aumento del COVID-19 en las prisiones Sin embargo, no se ha aplazado
ninguna ejecución federal. Como resultado, el personal directamente
involucrado en las ejecuciones viajó por las
distintas prisiones en los últimos meses, exponiendo
inadvertidamente al personal penitenciario y a los reclusos al
COVID-19 en medio de un brote incontrolado. El Proyecto
Marshall
, que ha estado rastreando casos de COVID-19 en las
prisiones, señaló que ha habido al menos 343.008 casos entre la
población reclusa.

En los Estados Unidos, la pena capital funciona como una herramienta
racista contra los pobres y la clase trabajadora, y está especialmente
dirigida contra los afroamericanos. Incluso en medio de una pandemia
de crecientes proporciones, la administración Trump y el Departamento de
Justicia desdeñaron todas las reglas de seguridad para llevar a cabo
una cantidad de ejecuciones sin precedentes. Cuando Trump deja el
cargo, no deja un legado de “ley y orden”, sino de
extraordinaria brutalidad e injusticia.




Fuente: Arrezafe.blogspot.com