April 2, 2021
De parte de SAS Madrid
312 puntos de vista


La decisi贸n de vacunar 鈥榤谩s adelante鈥 a las presos carece de 茅tica, legalidad y respaldo cient铆fico, y retrata, una vez m谩s, a una sociedad donde las vidas sobrantes no tienen cabida.

En los 煤ltimos meses, las noticias sobre las diferentes vacunas desarrolladas contra la covid-19, el n煤mero de dosis administradas o las novedades del plan de vacunaci贸n han ocupado una parte importante de la atenci贸n medi谩tica y las conversaciones cotidianas. Las vacunas se han configurado como la primera buena noticia desde el inicio de la pandemia y constituyen el gran ejemplo de recurso sanitario escaso a distribuir en situaci贸n de emergencia entre toda la poblaci贸n. Por tanto, analizar c贸mo se ha dise帽ado la estrategia de vacunaci贸n nos permite dibujar un boceto aproximado sobre los principios 茅ticos y pol铆ticos que rigen la toma de decisiones en nuestra sociedad.

Javier Segura desglosaba en un art铆culo reciente los criterios epidemiol贸gicos de priorizaci贸n aplicados finalmente en el plan de vacunaci贸n y c贸mo los prometedores an谩lisis iniciales por parte del Ministerio de Sanidad haciendo referencia a la importancia de los determinantes sociales de la salud, la vulnerabilidad socioecon贸mica y el valor de las profesiones esenciales al inicio de la pandemia r谩pidamente han quedado relegados por una estrategia simplista que reduce lo previo a criterios de edad, comorbilidad y grupos profesionales determinados. Seg煤n Javier Segura, 鈥渓as desigualdades sociales en salud quedan en el caj贸n de los principios y enunciados introductorios, pero no son consideradas a la hora de la acci贸n鈥. Algunos ejemplos de colectivos perjudicados han sido las cuidadoras de personas dependientes, los inmigrantes ancianos reagrupados por sus hijos en Espa帽a sin derecho a la asistencia sanitaria o las personas presas. Para profundizar en este 煤ltimo ejemplo empezaremos dirigiendo la mirada hacia uno de los lugares donde la vacunaci贸n no llega pese a la evidencia disponible sobre la necesidad de la misma: los centros penitenciarios.

La poblaci贸n presa en las publicaciones oficiales sobre vacunaci贸n

En el documento Equidad en Salud y COVID-19 publicado por el Ministerio de Sanidad aparece recogido que 鈥渓as instituciones penitenciarias presentan caracter铆sticas espec铆ficas que pueden suponer mayor vulnerabilidad epidemiol贸gica鈥. En el an谩lisis realizado describen 鈥渓a dificultad de mantener la distancia f铆sica de seguridad debido a las condiciones en los centros penitenciarios鈥, 鈥渆l miedo al aislamiento social como riesgo de notificar menos los s铆ntomas鈥 y la necesidad de 鈥済arantizar una capacidad suficiente de recursos humanos y materiales en los servicios de Salud P煤blica, Atenci贸n Primaria (incluyendo Trabajo Social), Servicios Sociales y Sanidad Penitenciaria鈥 as铆 como de 鈥渄isponer de instalaciones sanitarias para el aislamiento y cuarentena en los centros penitenciarios (no celdas)鈥.

En el primer documento Estrategia de vacunaci贸n frente a COVID19 en Espa帽a se desarrolla un marco 茅tico para la evaluaci贸n de la prioridad en los distintos grupos. Algunos de los principios descritos son la igualdad en dignidad y derechos, la necesidad, la equidad, la protecci贸n de las personas con discapacidad en situaci贸n de vulnerabilidad, la participaci贸n, la educaci贸n e informaci贸n, la transparencia y la rendici贸n de cuentas. La estrategia termina a帽adiendo que 鈥渁dem谩s de atenderse a los principios descritos, la toma de decisiones para la priorizaci贸n debe basarse fundamentalmente en la evidencia cient铆fica鈥. A continuaci贸n se establecen los cuatro criterios de riesgo que se aplicar谩n a cada grupo con el prop贸sito de clasificar el grado de prioridad dentro de la estrategia de vacunaci贸n. Esos criterios son el riesgo de morbilidad grave y mortalidad, la exposici贸n a la covid-19, el impacto social o econ贸mico negativo que tendr铆a en un colectivo concreto y el mayor riesgo de transmitir la infecci贸n a otras personas. De acuerdo con estos criterios, la poblaci贸n penitenciaria pertenece al grupo de 鈥減ersonas que viven en entornos cerrados鈥 con riesgo de gravedad medio 鈥搎ue si atendemos a criterios como la edad superior a 65 a帽os o las condiciones de riesgo asciende a riesgo alto/muy alto鈥, riesgo de exposici贸n e impacto medio y riesgo de transmisi贸n alto. Si sumamos la vulnerabilidad socioecon贸mica de la mayor铆a de las personas presas, el riesgo en las cuatro categor铆as ascender铆a a alto.

Sin embargo, esta declaraci贸n de intenciones ha ido difumin谩ndose en las sucesivas publicaciones y planes de acci贸n, tanto del Ministerio de Sanidad como de las comunidades aut贸nomas con las competencias transferidas en materia de sanidad penitenciaria (con la excepci贸n de Catalu帽a, de la que hablaremos m谩s adelante). Un ejemplo de la aplicaci贸n selectiva de este documento es que los funcionarios de instituciones penitenciarias, perteneciendo al mismo grupo que la poblaci贸n penitenciaria (鈥減ersonas que trabajan en entornos cerrados鈥) y con menos criterios de riesgo por edad y comorbilidad, ya han sido vacunados. Esto constituye sin duda una buena noticia, aunque insuficiente y desigual para el objetivo propuesto.

El 26 de febrero, numerosos medios de comunicaci贸n recog铆an un extracto de la cuarta y 煤ltima actualizaci贸n de la estrategia de vacunaci贸n publicada por el Ministerio de Sanidad hasta la fecha. El fragmento en cuesti贸n advert铆a de que 鈥渓a poblaci贸n penitenciaria se vacunar谩 m谩s adelante en funci贸n de disponibilidad de vacunas y con independencia de criterios etarios鈥. Esta misma frase se puede encontrar replicada en los documentos de estrategia de vacunaci贸n de diferentes comunidades aut贸nomas como Andaluc铆a o Pa铆s Vasco. Sin embargo, por alguna extra帽a raz贸n, la cuarta estrategia de vacunaci贸n del Ministerio recoge en su versi贸n actual que 鈥渓a poblaci贸n penitenciaria se vacunar谩 tras los grupos esenciales鈥.

Un manifiesto respaldado por varias sociedades cient铆ficas y civiles del Pa铆s Vasco denuncia la 鈥渄esaparici贸n鈥 de la poblaci贸n presa en la actualizaci贸n realizada 24 horas despu茅s del documento publicado el martes 9 de marzo por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco. El texto incide en la importancia de vacunar a las personas presas por varios motivos: el riesgo de residir en una instituci贸n cerrada, la mayor prevalencia de enfermedades cr贸nicas y los graves efectos sobre la salud f铆sica y mental que han tenido las exigentes medidas de restricci贸n para evitar la transmisi贸n del virus dentro de prisi贸n.

El virus dentro de prisi贸n

La c谩rcel es una muestra de la desigualdad social, con una mayor铆a de personas de clase socioecon贸mica desfavorecida. Adem谩s, algunos estudios se帽alan que la cifra de mujeres gitanas presas es casi veinte veces mayor que su presencia en la sociedad y algo similar ocurre con la poblaci贸n migrante, con una tasa de encarcelamiento de 395 personas por cada 100.000 habitantes, casi cuatro veces mayor que en la poblaci贸n general. Esta desigualdad tambi茅n se traduce en un peor estado de salud con menor esperanza de vida; algunos ejemplos son la mayor prevalencia de tuberculosis, VIH y hepatitis; enfermedades cardiovasculares y diabetes peor controladas; personas mayores con enfermedades terminales privadas de libertad; problemas de salud mental, consumo de drogas y muertes por sobredosis y mayor prevalencia de suicidios. Adem谩s, las condiciones de algunas prisiones con problemas de limpieza, sobrepoblaci贸n, hacinamiento, escasa ventilaci贸n, humedades y falta de mantenimiento de las instalaciones configuran las c谩rceles como un lugar de riesgo para adquirir la infecci贸n por SARS-CoV-2.

La evoluci贸n de la covid-19 en las prisiones dependientes de la Administraci贸n General del Estado ha sido variable. Seg煤n los datos de Instituciones Penitenciarias, durante el primer estado de alarma 鈥揹esde el 14 de marzo hasta el 21 de junio de 2020鈥 hubo una incidencia acumulada de 85 positivos y 2 fallecidos entre la poblaci贸n privada de libertad. Estas cifras se explican en parte por la adopci贸n de medidas muy restrictivas para impedir la transmisi贸n del virus dentro de prisi贸n, como la suspensi贸n de los talleres y las actividades, la suspensi贸n de todas las comunicaciones con familiares (incluidas aquellas a trav茅s de locutorios con mampara mediante) y el aislamiento durante 14 d铆as en celda cerrada. No debemos olvidar que el aislamiento durante m谩s de 15 d铆as est谩 considerado tortura seg煤n las Reglas Nelson Mandela y sus efectos sobre la salud han sido ampliamente estudiados, entre los que se encuentran la ansiedad, la depresi贸n, la psicosis, el aumento del riesgo de suicidio, la disminuci贸n de la esperanza de vida o el s铆ndrome de estr茅s pos-traum谩tico. Pese al mantenimiento de parte de las medidas de restricci贸n, desde el mes de junio hasta el 31 de diciembre se sumaron 730 nuevos positivos y desde el 1 de enero hasta 25 de marzo de este a帽o, en tan s贸lo tres meses y con varios brotes en diferentes prisiones, se han producido 1.172 nuevos positivos con 5 personas presas fallecidas.

Las condiciones de vida dentro de prisi贸n tienen algunas particularidades respecto a las medidas preventivas y el confinamiento como el acceso limitado al agua y jab贸n, al desinfectante de manos y a las mascarillas (en algunos casos las familias han sido las principales proveedoras); la imposibilidad de distanciarse f铆sicamente y el uso compartido de instalaciones como el comedor y los ba帽os; el acceso deficiente en algunas prisiones a la atenci贸n sanitaria debido a la falta de personal o la distancia con los seres queridos son algunas de ellas. La suspensi贸n de las comunicaciones se ha intentado compensar con un mayor n煤mero de llamadas telef贸nicas y videollamadas, medida que ha comenzado a implantarse pero que no ha llegado por igual a todos los centros penitenciarios. Si al resto de la poblaci贸n nos ha resultado dif铆cil los meses de confinamiento, para las personas presas el impacto ha sido mucho mayor. De hecho, en una revisi贸n reciente sobre las medidas de salud p煤blica adoptadas en las epidemias dentro de prisi贸n se aconseja valorar, adem谩s de los beneficios potenciales, las consecuencias negativas de las medidas restrictivas para controlar epidemias sobre la salud mental de las personas presas. Otro buen ejemplo de ello es la investigaci贸n cualitativa realizada en Reino Unido dando voz sobre el impacto de la pandemia a las propias personas presas.

Para dar respuesta a parte de esta problem谩tica, la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) ha publicado recientemente la actualizaci贸n de su gu铆a Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of detention. En cuanto a la vacunaci贸n en el 谩mbito penitenciario, la OMS se帽ala que 鈥渆n las prisiones se debe seguir el principio de equivalencia. Seg煤n las Reglas Nelson Mandela, para poner en pr谩ctica el principio de no discriminaci贸n las administraciones penitenciarias deben tener en cuenta las necesidades individuales de las personas encarceladas, en particular las m谩s vulnerables.[鈥 Adem谩s, la prestaci贸n de asistencia sanitaria a los reclusos es responsabilidad del Estado; por lo tanto, deben disfrutar de los mismos niveles de asistencia sanitaria que se ofrecen en la comunidad y tener acceso a los servicios de asistencia sanitaria necesarios de forma gratuita, sin discriminaci贸n por raz贸n de su situaci贸n jur铆dica. Esto implica que los principios destacados en las estrategias para priorizar los grupos de poblaci贸n para las vacunas contra el COVID-19 deben aplicarse igualmente en los entornos de detenci贸n鈥.

Sobre la aplicaci贸n de estas recomendaciones, en el art铆culo Las prisiones deben ser incluidas en las estrategias de vacunaci贸n globales y nacionales contra el Covid19 publicado en la revista The Lancetse alerta sobre la variabilidad de implementaci贸n y la escasa disponibilidad de datos sobre las estrategias de vacunaci贸n dentro de prisi贸n en diferentes pa铆ses. Por ejemplo, en Suecia cada regi贸n ha adoptado unos criterios; en Alemania no se hace menci贸n a la poblaci贸n penitenciaria en su plan de vacunaci贸n, dejando la elecci贸n en manos de las distintas regiones y municipios; en Australia, la poblaci贸n penitenciaria ha sido incluida en los grupos de alta prioridad para la vacunaci贸n, y lo mismo ha sucedido en Rusia e Israel. Ante esta divergencia de criterios, los autores del art铆culo insisten en que 鈥渁 escala global, es clave un manejo efectivo de la covid-19 en los espacios de detenci贸n para dificultar la transmisi贸n del virus. Las personas presas son m谩s vulnerables a formas graves de la covid-19 por sus patolog铆as previas y tienen mayor riesgo de transmisi贸n del virus […]. Adem谩s, la transici贸n de parte de la poblaci贸n penitenciaria entre la comunidad y la prisi贸n, as铆 como el personal que entra y sale a diario de las instalaciones, conlleva un mayor riesgo de que el virus entre en la c谩rcel y se extienda a las comunidades, lo que exige medidas de prevenci贸n espec铆ficas. Los centros penitenciarios deben incluirse en los planes de vacunaci贸n globales y nacionales, y no hacerlo no s贸lo violar谩 las Reglas M铆nimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), sino que tambi茅n impedir谩 detener la transmisi贸n del virus鈥.

Para terminar, Arthur Caplan, Profesor de Bio茅tica de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York, cree que, desde el punto de vista de los derechos humanos es esencial que no se deje de vacunar a las personas privadas de libertad y no est谩 de acuerdo con la vacunaci贸n exclusiva del personal penitenciario. Advierte de que 鈥渟i [las personas presas] est谩n en riesgo y son mayores o est谩n m谩s enfermos, deber铆an vacunarse. Si est谩n en unas condiciones que no les permiten aislarse, deber铆an vacunarse. No veo ninguna raz贸n para distinguir鈥.

Algunas reflexiones sobre el problema

La primera pregunta que debemos hacernos es por qu茅 no se ha vacunado a la poblaci贸n penitenciaria que cumple los criterios de edad del mismo modo que la poblaci贸n general. Seg煤n las estad铆sticas de Instituciones Penitenciarias, en enero de 2021 hab铆a 2.506 personas mayores de 60 a帽os privadas de libertad, de las cuales algunas superan los 75 y 80 a帽os. De hecho, seg煤n el 煤ltimo anuario estad铆stico del Consejo de Europa (CoE), Espa帽a es el quinto pa铆s del continente europeo con el mayor n煤mero de personas de m谩s de 65 a帽os privadas de libertad. En contra de lo establecido por el Comit茅 de Bio茅tica del CoE en su Declaraci贸n de principios sobre las consideraciones de derechos humanos relevantes para la pandemia de COVID-19, el principio de necesidad e igualdad en dignidad y derechos as铆 como el derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones no ha conseguido traspasar los muros de las c谩rceles espa帽olas. Sin embargo, este hecho no es exclusivo de la vacunaci贸n. Las competencias en sanidad no est谩n transferidas a las comunidades aut贸nomas (con excepci贸n de Catalu帽a y Pa铆s Vasco) pese a que la Ley 16/2003 de cohesi贸n y calidad del Sistema Nacional de Salud otorgaba 18 meses de plazo para realizar dicha transferencia. Las consecuencias son numerosas: falta de coordinaci贸n entre la sanidad penitenciaria y la atenci贸n primaria y hospitalaria, retraso en la atenci贸n sanitaria y potenciales conflictos de inter茅s al depender el personal sanitario del mismo organismo que opera dentro de prisi贸n, el Ministerio de Interior. Adem谩s, la sobrecarga de la sanidad penitenciaria ya existente se ha reagudizado: hay 200 puestos de trabajo sin cubrir (un 40% del total) y algunas prisiones llevan meses sin m茅dico. En la 煤ltima convocatoria de plazas publicada para acceder al Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria ya no es necesario disponer de la titulaci贸n de especialista, lo que implica una merma en la calidad de la atenci贸n y una vulneraci贸n m谩s al derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones.

En las c谩rceles de Catalu帽a (con las competencias en Sanidad transferidas), 694 internos y 519 funcionarios han dado positivo desde el inicio de la pandemia. Debido al alto riesgo de que un positivo desencadene un brote, como el de la c谩rcel de Quatre Camins, se inici贸 un programa de vacunaci贸n masiva a principios de marzo. Administraron la vacuna de AstraZeneca a las personas presas de entre 18 y 55 a帽os (92% de la poblaci贸n privada de libertad) y la de Pfizer para la minor铆a mayor de 80 a帽os. Pese al avance que supone respecto al resto del Estado, queda la inc贸gnita sobre cu谩ndo se iniciar谩 la vacunaci贸n de la poblaci贸n entre 55 y 80 a帽os, con mayor riesgo por edad y enfermedades cr贸nicas.

Si adem谩s atendemos al principio de equidad (es decir, priorizar el acceso a la vacuna en aquellos grupos de mayor vulnerabilidad, socialmente desfavorecidos, con mayores factores de riesgo y con riesgo de sufrir peores consecuencias por la pandemia) y al principio de protecci贸n de personas con discapacidad en situaci贸n de vulnerabilidad (no olvidemos que la prevalencia de diagn贸sticos que conforman el Trastorno Mental Grave dentro de prisi贸n es de un 10% seg煤n el estudio PRECA realizado en 2011), la Estrategia de Vacunaci贸n actual del Ministerio de Sanidad vulnera todos los principios expuestos en sus inicios.

Conviene recordar que, aparte de la vacunaci贸n, hay otras estrategias necesarias para mejorar la salud de las personas presas. Algunas de ellas ser铆an recuperar el contacto presencial con los familiares o garantizar el contacto telem谩tico gratuito; realizar repartos diarios de mascarillas; transferir las competencias en materia de sanidad penitenciaria y reforzar los servicios sanitarios; as铆 como la excarcelaci贸n de aquellas personas que se encuentran en una situaci贸n de especial de vulnerabilidad (mayores de 70 a帽os, embarazadas, inmunodeprimidos y personas con hijos dependientes a su cargo), tal y como han solicitado el Comit茅 para la Prevenci贸n de la Tortura del Consejo de Europa, la Organizaci贸n Mundial de la Salud y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Las vidas sobrantes

No importa cu谩ntos documentos se dediquen a informar sobre los principios 茅ticos que gu铆an las decisiones si, en el momento de actuar, estos pueden omitirse con elegancia, sin explicaci贸n y sin rendici贸n de cuentas. La frase es lapidaria: 鈥淟a poblaci贸n penitenciaria se vacunar谩 m谩s adelante en funci贸n de disponibilidad de vacunas y con independencia de criterios etarios鈥. Dicho de otra manera, la poblaci贸n presa se vacunar谩 no sabemos cu谩ndo 鈥損orque no entran dentro de un plan de vacunaci贸n reglado鈥, solo si han sobrado vacunas 鈥損orque pese a toda la evidencia disponible y las recomendaciones de organismos internacionales, ocupan el 煤ltimo lugar鈥 y al margen del principal criterio que ha regido el plan de vacunaci贸n estatal 鈥搇a edad鈥, porque ah铆 es donde residen, en los m谩rgenes. Pero no se trata s贸lo de una cuesti贸n de principios; constituye una vulneraci贸n del derecho a la asistencia sanitaria en condiciones de igualdad con el resto de la poblaci贸n. Constituye, adem谩s, una decisi贸n contra toda la evidencia cient铆fica, las recomendaciones de la Organizaci贸n Mundial de la Salud y los datos epidemiol贸gicos disponibles en nuestro pa铆s sobre los brotes dentro de prisi贸n. En definitiva, una decisi贸n carente de 茅tica, legalidad y respaldo cient铆fico que retrata, una vez m谩s, a una sociedad donde las vidas sobrantes no tienen cabida.

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Maribel Valiente Gonz谩lezes residente de Medicina Familiar y Comunitaria y miembro del 谩rea de c谩rceles de APDHA.

Enlace relacionado Ctxt.es 01/04/2021.




Fuente: Sasmadrid.org