October 13, 2020
De parte de A Las Barricadas
316 puntos de vista


Tras dos semanas de lucha, mediante la presi贸n colectiva sobre las instituciones hemos conseguido un alquiler social para la familia @PopularVivienda. – Nos hacemos eco en A las barricadas del proceso llevado a cabo por Oficina Popular de Vivienda de Valladolid para enfrentarse al resultado conjunto del abuso inmobiliario y del atasco burocr谩tico. Bajo un ayuntamiento “progresista” se consiente que personas con problemas graves queden arrojados a la calle sin otro motivo que no poder pagar los alquileres exigidos por inmobiliarias y rentistas. Pero esto no es inevitable: las personas atacadas por la econom铆a contamos con la mejor protecci贸n, nosotras mismas.

Lo que pasa en Valladolid no es un caso aislado. Desde hace a帽os muchas personas se han visto privadas de techo por la acci贸n de las hipotecas bancar铆as, los fondos buitre que especulan con la vivienda y otros factores, que desprecian la dignidad de las personas en favor del enriquecimiento de algunos.

Los pol铆ticos se reparten papeles en esta situaci贸n -unos el de c贸mplice, otros el de indignado despistado- en un teatrillo al que tienen que asistir entre el enfado y los ojos como platos las personas atacadas por la especulaci贸n inmobiliaria: han tenido que unirse para la acci贸n de base y con ello han conseguido paliar situaciones dram谩ticas, pero poni茅ndose muchas veces en el punto de mira de polic铆as estatales y sicarios privados, a lo largo de jornadas de militancia dignas de extenuar al m谩s pintado.

Multas, golpes, amenazas de c谩rcel, son respuesta del Estado hacia quienes defienden desde los barrios las casas de la gente; por contra, empresas turbias -fascistas de alquiler- como Desokupa prosperan con impunidad. Un escenario complicado al que en los 煤ltimos tiempos se ha unico la campa帽a alarmista de los medios de comunicaci贸n contra la ocupaci贸n de viviendas; campa帽a alarmista o alarmante que siembra la confusi贸n sobre el problema de la vivienda y prepara al coro para aplaudir la represi贸n de las personas que se enfrentan a la dictadura del beneficio.

El efecto sobre los ingresos de la sindemia del Covid-19, y de los estados de alarma con que responde un Estado desbordado por su propia pol铆tica de destrucci贸n de los servicios p煤blicos, no puede m谩s que agravar los problemas de vivenda; la merma en los ingresos de quien no puede trabajar en negocios cerrados por prescripci贸n m茅dica lo deja sin los ingresos de los que la mayor parte van al bolsillo del rentista que le alquila su techo o pedazo de techo. Una situaci贸n ante la que el gobierno progresista de coalici贸n made in Spain no ha encontrado otra -llamada por 茅l- soluci贸n que, para satisfacci贸n de la banca, financiar el incremento de la deuda de las inquilinas -llam谩ndolo “moratoria”-. Una situaci贸n que hace aconsejable recuperar la hist贸rica herramienta libertaria de la huelga de alquileres, como han propuesto Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria y Federaci贸n Anarquista Gran Canaria..

Entre los grupos que han secundado el llamamiento est谩n el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y, en la ciudad del Pisuerga, la Oficina Popular de Vivienda

El ayuntamiento “del cambio” de Valladolid ha desbancado al peculiar alcalde Javier Le贸n de la Riva despu茅s de veinte a帽os de dislates. Sin embargo, a la hora de pulsar lo que pasa en la calle, no ha hecho nada muy distinto de lo que hac铆a aquel pintoresco edil, quejarse de la gente que le pinta lo reci茅n pintado.

El mes pasado, la Oficina Popular de Vivienda se vi贸 en la obligaci贸n de recordarle otras realidades. As铆 lo tuvieron que manifestar en un comunicado de 26 de septiembre de 2020:

El pasado martes 22 de septiembre Mar铆a Isabel, con una discapacidad acreditada del 66%, es desahuciada junto a su marido, Roberto, y su hijo, 脫scar, del piso en el que llevaban viviendo 7 a帽os. La polic铆a ejecuta el desahucio a pesar de que existe una vulnerabilidad acreditada por los servicios sociales y no se les ofrece ninguna alternativa habitacional.

En oto帽o de 2019, tras 7 a帽os en la vivienda, los propietarios comienzan un proceso judicial con motivo del impago de 2 meses debido al retraso en la concesi贸n de una ayuda por discapacidad. A pesar de las propuestas de Roberto y Mar铆a Isabel para pagar los 2 meses de alquiler que deb铆an, los propietarios se niegan a negociar remiti茅ndolos a su abogado, con quien no pudieron contactar.

La siguiente noticia que recibe la familia es el fallo de un juicio al que les fue imposible presentarse porque las notificaciones judiciales estaban llegando a una direcci贸n incorrecta. El fallo decreta el desahucio, a pesar de la precariedad econ贸mica de la familia, la discapacidad de Mar铆a Isabel y la presencia de un menor a su cargo.

La primera fecha de lanzamiento del desahucio es el d铆a 26 de marzo de 2020, que se suspende temporalmente a causa de la situaci贸n provocada por la pandemia del Covid-19. A pesar de las reiteradas declaraciones p煤blicas por parte del gobierno progresista del estado espa帽ol, en las que mostraron su preocupaci贸n y compromiso con los sectores m谩s vulnerables de la poblaci贸n, el d铆a despu茅s de la finalizaci贸n del estado de alarma, a Mar铆a Isabel y Roberto se les notifica una nueva fecha de desahucio fijada para el 22 de septiembre de 2020.

Ese d铆a a las 10:00 de la ma帽ana se presenta la comitiva judicial en la direcci贸n incorrecta, siendo el propio Roberto el que les informa de que es su casa a la que se refiere la orden judicial y no la de la vecina, a donde se dirig铆an. Le informan de que coja lo imprescindible y desenchufan la m谩quina de Mar铆a Isabel, dej谩ndola sin asistencia respiratoria durante el tiempo que dura el desahucio.

Sin alternativa habitacional y con una persona afectada por una enfermedad respiratoria de car谩cter cr贸nico que constituye un grupo de alto riesgo frente al coronavirus, se dirigen al albergue municipal. All铆 les informan de que el albergue cierra de 12:30 a 16:30, por lo que tienen que esperan durante 6 horas, tiempo durante el cual Mar铆a Isabel depende de un respirador asistido con una autonom铆a de solo 2 horas. Tras la espera, las trabajadoras del albergue, viendo la situaci贸n de extrema vulnerabilidad a causa de la patolog铆a de Mar铆a Isabel, deciden que el albergue no es un espacio viable para la familia y resuelven que se les d茅 alojamiento en una pensi贸n hasta el lunes 28 de septiembre; pasado ma帽ana.

Al no poder recoger sus pertenencias el d铆a del desahucio, un mando de la polic铆a municipal les asegura que el viernes 25 de septiembre tendr谩n 2 horas para recogerlas y que 茅sto quedar谩 reflejado en el informe, del cual no se les da copia. Cuando ese d铆a Roberto y su hijo 脫scar van, les espera a la puerta de su antiguo hogar un dispositivo de la polic铆a municipal que, contraviniendo lo dispuesto por su propio mando el d铆a del desahucio, no les deja m谩s de cinco minutos para recoger todas las pertenencias acumuladas durante 7 a帽os.

Ante esta situaci贸n, la Oficina Popular de Vivienda nos personamos en apoyo a la familia con la intenci贸n de que pudieran recuperar todos sus efectos personales. Un desproporcionado dispositivo policial hace caso omiso tanto a las peticiones de Roberto como a las realizadas desde la Oficina. Como resultado, la gran mayor铆a de sus cosas se quedaron en el piso.

Desde la Oficina Popular de Vivienda de Valladolid nos posicionamos frontalmente en contra del desahucio, m谩s a煤n teniendo en cuenta la situaci贸n de vulnerabilidad econ贸mica y de riesgo sanitario en la que se encuentra la familia.

Nos parece evidente que una vez m谩s el derecho a una vivienda digna se ha visto sometido al beneficio econ贸mico de los propietarios, dado se ha utilizado un impago de dos meses para justificar un desahucio que ten铆a como objetivo permitir la puesta a la venta del piso, como se recoge en las declaraciones incluidas en el auto judicial.

La vivienda es una necesidad b谩sica que no esta siendo satisfecha, lo que nos obliga a organizarnos para poder suplir a una administraci贸n p煤blica fallida que rehuye sus obligaciones para con las personas m谩s precarias, centr谩ndose en mantener los privilegios de las 茅lites, mientras se financia a base de los impuestos que recaen mayoritariamente sobre la clase trabajadora.

En Valladolid quienes tienen las competencias para intervenir en este tipo de situaciones son el Ayuntamiento y los servicios sociales. Pero cabe recordar que pese al mal funcionamiento de los servicios sociales no debemos culpar a sus trabajadoras, sino a la clamorosa falta de recursos con la que se ven obligadas a trabajar a causa de las pol铆ticas p煤blicas de las instituciones.

El equipo de gobierno de 脫scar Puente obtiene r茅dito pol铆tico de mantener un discurso sensible con la precariedad, pero que no se materializa en pol铆ticas p煤blicas que atajen estas situaciones, m谩s all谩 de un albergue 24 horas que no acaba de terminarse, impasible y ajeno al hecho de que la rueda del capitalismo sigue girando por encima de familias como la de Roberto y Mar铆a Isabel, sin detenerse siquiera ante las consecuencias de una pandemia.

No encontramos mejores palabras que las del propio Roberto para definir la situaci贸n actual de la vivienda : 鈥淟uego dicen que en un a帽o no has encontrado casa, pues no he encontrado. Casas hay miles pero yo no puedo pagarlas鈥.

Roberto, Mar铆a Isabel y las gentes de la Oficina no se quedaron en hacer declaraciones; pasaron a la acci贸n y a la presi贸n sobre el ayuntamiento, con la colaboraci贸n del colch贸n social solidario de la ciudad. Fruto de dos semanas de fren茅tica actividad, se consigui贸 activar una soluci贸n por parte del ayuntamiento.

Mediante la presi贸n colectiva sobre las instituciones hemos conseguido un alquiler social para la familia. Tras 2 semanas de lucha, esta ma帽ana el ayuntamiento de Valladolid nos ha comunicado que les ha concedido una vivienda en alquiler social. Ahora saben que van a tener un techo acorde a sus necesidades por un precio que pueden pagar. Esto ha sido posible s贸lo gracias a que las vecinas organizadas que formamos la Oficina hemos presionado a las intituciones para que cumplan sus responsabilidades. Una vez m谩s queda demostrado que organizarse funciona y que en com煤n tenemos la fuerza necesaria para pelear por unas condiciones de vivienda dignas. 隆Vecina, organ铆zate!

Esta historia no es m谩s -ni menos- que un paso en la lucha de los barrios y sus habitantes por no hundirse junto a un modelo de sociedad que, en su ca铆da, pretende arrastrar con 茅l derechos fundamentales como el de un hogar digno. Esta historia no es una historia con la que solidarizarse, sino una historia de la que tomar ejemplo. No van a faltar ocasiones para montar oficinas de viviendas y sindicatos de inquilinas.

 




Fuente: Alasbarricadas.org