May 24, 2021
De parte de SAS Madrid
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Jessica, que, como el resto de testimonios recogidos en este reportaje, prefiere no dar su nombre completo por temor a represalias, siente p谩nico. Hace apenas diez d铆as, unos 20 hombres de complexi贸n fuerte llamaron a su casa con insistencia desde el portal. Ella, como mucho, se atrevi贸 a asomarse por la ventana.

鈥撀aja, que queremos hablar contigo!鈥, le exigen. Pero Jessica los conoce, ha visto alguno de los v铆deos que ellos mismos cuelgan en redes sociales presumiendo de sus actuaciones: se trata de una empresa que se encarga de intentar desalojar a gente que ha okupado una vivienda, tambi茅n conocidas como empresas de desokupaci贸n. Decide no bajar. Finalmente, terminan amenazando a otra vecina: “隆Vamos a volver aqu铆 con perros! 隆Os vamos a hacer la vida imposible! Saldr茅is por las buenas o por las malas”. Para escarnio p煤blico y notorio y para que nadie olvide que tienen all铆 una tarea pendiente, marcan el edificio, ubicado en el barrio de Sant Andreu de Barcelona, con una inmensa lona donde puede leerse Desokupaci贸nlegal.com. Se trata del nombre de una de tantas empresas de desokupaci贸n que proliferan desde hace al menos cinco a帽os en Espa帽a. Aseguran que defienden los intereses de propietarios que han adquirido un inmueble gracias al trabajo duro y que ahora ven frustradas sus ilusiones a causa del ego铆smo de los okupas, delincuentes que quieren vivir de gorra. Pero algo no encaja en este relato.

Jessica tiene 34 a帽os, trabaja desde los 16 y afirma con rotundidad que ella no quiere vivir a costa de nadie. Con tres menores a su cargo que son su mayor preocupaci贸n en caso de que esta empresa de desokupaci贸n cumpla sus amenazas, trabaja desde casa como teleoperadora y cobra unos 1.000 euros al mes. Cuando busca casa, los due帽os de los inmuebles le piden, para firmarle un contrato de alquiler, ganar al menos el triple de lo que pagar铆a por cada mes. Considerando que el precio medio del alquiler para una casa de 50 metros cuadrados ronda en su ciudad los 700 euros (seg煤n datos de abril del portal Idealista.com), lo que le piden para poder dar techo a sus tres hijos es un sueldo que se acerque m谩s a los 2.000 euros que a los 1.000. Una misi贸n, para ella, poco menos que imposible. Sin otra salida, decidi贸 okupar un piso vac铆o de Caixabank hace ahora casi cuatro a帽os.

“Estoy muy en contra de la gente que okupa la vivienda de particulares”, explica Jessica, que lo primero que hizo tras pasar sus primeras 48 horas en el inmueble fue llamar a la entidad para negociar un alquiler social: “Yo no me niego a pagar. Al contrario, 隆me encantar铆a pagar y estar tranquila!”, explica. Y esto es lo que ha intentado durante todo este tiempo. Hace unos meses, sin embargo, cuando la situaci贸n parec铆a m谩s o menos resuelta y ambas partes estaban a punto de iniciar los tr谩mites para la firma de un contrato social, Caixabank, una entidad cuyo rescate cost贸 a los espa帽oles 24.000 millones de euros, vendi贸 la casa de Jessica al fondo de inversi贸n Ski Investment. Lo siguiente que se encontr贸 Jessica fue una demanda y la negativa total por parte de los nuevos propietarios a negociar nada. Despu茅s, llegaron los desokupas: “Yo imagino que si me impidieran entrar en la casa, llamar铆a a los Mossos y ellos me ayudar铆an, porque no pueden hacer eso. Tampoco s茅 si usar铆an a la violencia. Pero s铆 que juegan con el miedo y con el desgaste psicol贸gico. Tratan de agotarte para que te vayas”, relata.

Tampoco encajan en ese perfil de okupa que quiere vivir gratis Mari Luz y Omar, un matrimonio cuyos 煤nicos ingresos desde el estallido de la pandemia son lo que recibe ella, que ha entrado en un ERTE tras el cierre del bar en el que trabaja como camarera. Como consecuencia, llevan medio a帽o sin poder pagar el alquiler de su piso en el barrio de Usera, en Madrid.

En vez de cursar la correspondiente denuncia por impago para que un juez interviniera, la empresa due帽a de su piso ha decidido cortar por lo sano. Hace una semana, relata Mari Luz, unos hombres “con unos brazos muy grandes” y cuya empresa no lleg贸 a identificar llegaron a su casa: “Nos ofrecieron dinero, me parece que eran 1.000 euros, para que nos fu茅ramos. Nos dijeron que esto puede ser por las buenas pero que, si no acept谩bamos, lo har铆an por las malas. Tenemos mucho miedo de lo que pueda pasar porque no tenemos nada que nos respalde y aqu铆 hemos hecho nuestra vida”.

V铆nculos con los bancos

Algunas de estas historias tienen final feliz. En enero de 2017, el Banco Sabadell vendi贸 a la Sareb, el conocido como banco malo, un bloque con 11 viviendas en Terrassa. Este, a su vez, sin mediar con los vecinos, contrat贸 a una empresa de desokupaci贸n para desalojar las viviendas. Fue el inicio de un infierno en el que, en pleno invierno, la empresa de desokupaci贸n cort贸 el suministro de luz y agua y, entre insultos y amenazas, llegaron a asegurar a las familias que los Servicios Sociales les quitar铆an la custodia de sus hijos. Pero los vecinos decidieron plantar cara. En asamblea, el Colectivo Sin Vivienda, que asesoraba a los inquilinos, decidi贸 organizar una reuni贸n con la empresa de desokupaci贸n. El motivo oficial era negociar con ellos. El real, grabarlos con c谩mara oculta y dejar en evidencia para qui茅n trabajaban.

El plan no pudo salir mejor. En un v铆deo de casi dos minutos de duraci贸n que todav铆a se puede consultar en Facebook, un trabajador de la empresa de desokupaci贸n que se identifica como Alberto reconoce abiertamente trabajar para la Sareb: “A m铆, cuando la Sareb me pide que eche a un okupa, me da un presupuesto. Yo con ese dinero puedo ir a un abogado para pedirle que os eche o daros parte a vosotros. Esta es la realidad, es mi d铆a a d铆a”. La grabaci贸n no fue admitida en el juicio, pero s铆 sirvi贸 para presionar a la empresa lo suficiente como para que cometieran un error ante el juez: reconocer que hab铆an amenazado a los inquilinos. Las familias recibieron una indemnizaci贸n a causa de las amenazas sufridas y hoy, gracias a la mediaci贸n de este colectivo, disfrutan de un alquiler social. De paso, demostraron que detr谩s de estas empresas, muchas veces, est谩n los mismos bancos que hubo que rescatar entre todos hace diez a帽os. En el caso del Banco Sabadell, se trata de una entidad rescatada por un cr茅dito del FROB de casi 20.000 millones de euros que comparti贸 con el BBVA.

Muchas empresas, un solo m茅todo

“Cada actuaci贸n exige un m茅todo. Tenemos controles de acceso, mediaci贸n, v铆a judicial… Cada okupaci贸n es un mundo. Tal vez nos hemos dado a conocer por los controles de acceso en las viviendas okupadas por delincuentes”, explica sobre sus m茅todos Daniel Esteve, fundador y due帽o de Desokupa, la empresa decana en este tipo de trabajos.

“La manera de actuar es siempre la misma”, explica, sin embargo, Luis, activista en favor del derecho a la vivienda de la PAH de Alcorc贸n, en Madrid. Lo primero que hacen las empresas de desokupaci贸n, relata, es personarse en la vivienda de los supuestos okupas y presentarse como una empresa de desokupaci贸n que tiene permiso del due帽o del piso para actuar. A partir de ese momento, tratan de entablar una negociaci贸n en la que suelen ofrecer entre 1.000 y 2.000 euros al inquilino para que abandone el inmueble. Si este accede, antes de salir ha de firmar un documento en el que asegura hacerlo voluntariamente. Si no, empieza una guerra en la que estas empresas muchas veces act煤an en el l铆mite de lo legal para, vali茅ndose de un f铆sico m谩s que intimidante en muchos casos, hostigar al enemigo: cortan suministros, derriban tapias y puertas, destrozan zonas comunes, se帽alan p煤blicamente a sus objetivos, buscan aliados entre el resto de vecinos… Todo vale con tal de infundir miedo y resolver la cuesti贸n lo m谩s r谩pido posible.

“No usamos la violencia”, afirma Esteve tajantemente. La puerta a la lucha f铆sica queda entreabierta, sin embargo, en algunos de los v铆deos que ha subido la propia empresa a Desokupa TV, un canal de Youtube reci茅n estrenado en el que muestra c贸mo trabajan. “Es posible que haya enfrentamientos. Es m谩s, si la Polic铆a no viene, es posible que haya un enfrentamiento bastante fuerte”, reconoce uno de los empleados de la empresa, Luis Maza, en la actuaci贸n que se puede ver en el segundo cap铆tulo de una serie de v铆deos que llevan semanas promocionando.

“Nosotros ni coaccionamos ni amenazamos. Si un delincuente que est谩 molestando a una comunidad de vecinos se incomoda porque cuatro personas grandes vamos a hacerle la visita, es su problema. Lo hacemos as铆 por nuestra propia seguridad”, explica al respecto Esteve, que opina que nunca han ido en sus trabajos m谩s all谩 de lo que permite la ley: “Creo que nunca nos hemos excedido. Lo 煤nico es que cuando un okupa nos ha intentado agredir con un cuchillo, un hacha o una barra, lo hemos tenido que reducir y llamar a la Polic铆a. Actuaciones de este tipo s铆 hemos tenido, desde luego”.

Carlos Castillo, un abogado activista en favor del derecho a la vivienda y miembro del Sindicato de Inquilinas, ha lidiado al menos un par de veces con empresas de desokupaci贸n: “Tiraron muros de obra sin la menor medida de seguridad, entraron en zonas comunes desplazando elementos e insultaron y descalificaron a gritos hasta que apareci贸 la Polic铆a Nacional”, explica sobre un caso del que fue testigo en 2019 en un edificio ubicado tambi茅n en el madrile帽o barrio de Usera, una de las zonas m谩s empobrecidas de la ciudad.

Para 茅l, m谩s all谩 de que estas empresas busquen el modo de bordear la ley (ya que act煤an con permiso del due帽o del inmueble), este m茅todo puede incurrir al menos en los delitos de coacciones, amenazas y, tal vez el m谩s importante y el m谩s desconocido, el delito de realizaci贸n arbitraria del propio derecho. Regulado en el art铆culo 455 del c贸digo penal, este establece que estar en posesi贸n de la raz贸n, o creer estarlo, no justifica en ning煤n caso actuar fuera de los cauces legales. “La mayor铆a de los clientes de estas empresas son peque帽as y medianas inmobiliarias o fondos de inversi贸n que acaban de comprar el piso a un banco sin saber que est谩 okupado o, en alguna ocasi贸n, incluso sabi茅ndolo”, relata Castillo.

Esteve discrepa de este parecer: “El 90% de nuestros clientes son particulares a los que les han okupado una segunda vivienda, un piso en venta, una herencia o es una situaci贸n derivada del final de un contrato de alquiler. Normalmente, son casos donde los que okupan son violentos o pertenecen a alguna mafia”. Su empresa, explica Esteve, ha visto multiplicado por seis el n煤mero de encargos en tiempos de pandemia, cuando el estado de alarma prohib铆a los desahucios a personas vulnerables.

Para Castillo, el relato de estas empresas nace de una interpretaci贸n torcida de la realidad: “Los desokupas venden la idea de que los jueces protegen a los okupas. Es justo al rev茅s. En Espa帽a, si hay algo que no est谩 protegido, es el derecho a la vivienda. Y, por supuesto, en un Estado de derecho, quien debe decretar el desalojo de una vivienda es un juez”.

驴Qu茅 dice la ley?

A pesar de que hace a帽os que el fen贸meno de la okupaci贸n copa buena parte de los medios nacionales, es dif铆cil dar con cifras actualizadas y oficiales que ayuden a dar dimensi贸n al problema. De entre lo poco que hay, destaca el INE, que en 2019, 煤ltimo a帽o disponible, apenas contabiliz贸 algo m谩s de 200 allanamientos de morada, el delito que tipifica la entrada en primeras, segundas o terceras viviendas. Las usurpaciones, en cambio, que recogen la entrada en pisos vac铆os, se fueron por encima de las 4.500.

Aunque son casi todas las que est谩n (un allanamiento tambi茅n puede ser la entrada de una expareja en el domicilio en casos de violencia de g茅nero, por ejemplo), no est谩n todas las que son, pues el INE solo recoge sentencias firmes, y muchos casos de okupaci贸n ni siquiera llegan a los juzgados. Estas cifras, sin embargo, s铆 sirven para sacar una primera conclusi贸n: los okupas prefieren, de lejos, la usurpaci贸n a la entrada en una vivienda habitada. Tiene sentido, pues el delito de allanamiento est谩 penado con hasta dos a帽os de c谩rcel, mientras que en el caso de la usurpaci贸n, la sanci贸n se limita a seis meses de privaci贸n de libertad: si no hay antecedentes, no se pisa la prisi贸n.

Otro estudio muy citado es el que elabor贸 el Institut Cerd谩 en 2017, que cifr贸 en 87.000 el n煤mero de familias que okupan en Espa帽a, lo que arrojaba un total de 262.500 personas viviendo en esta situaci贸n. Pero algo que tambi茅n aporta este mismo informe es que, seg煤n los expertos, entre las causas de este problema destaca un aumento en un 76% de hogares que no tienen ingresos y un escaso parque de vivienda social que contrasta con la gran cantidad de casas vac铆as que hay en Espa帽a: m谩s de medio mill贸n, seg煤n el estudio, y 3,4 millones, seg煤n el 煤ltimo censo del INE, que data de 2011. Unas casas vac铆as que ser铆an m谩s que suficientes para alojar a las 87.000 familias okupas, y a煤n sobrar铆a la mayor铆a, defienden desde hace a帽os asociaciones como la PAH, para dedicarlas a alquiler social y abaratar los precios del alquiler.

Estos datos no impiden que entre parte de la poblaci贸n cunda el miedo. Sean muchos los okupas o sean pocos, el temor a intentar entrar en la casa de veraneo y encontrarla okupada es real. En estos casos, cabe aclarar, se trata siempre de delitos de allanamiento, por lo que el desalojo es inmediato. Adem谩s, es mentira, como se ha afirmado muchas veces, que solo se pueda desalojar durante las primeras 48 horas. As铆 lo garantiza, entre otras cosas, una sentencia del Tribunal Supremo, que a finales del a帽o pasado ampli贸 el concepto de morada a cualquier casa en la que se demuestre que se vive, es decir, que entrar铆an las segundas, terceras, cuartas viviendas y todas las que el propietario habite.

Por si esto fuera poca seguridad, el pasado mes de septiembre la Fiscal铆a General del Estado dio instrucci贸n de pedir desalojo cautelar siempre que haya indicios relevantes de que una persona ha entrado en una vivienda sin permiso del propietario, tanto en los casos de allanamiento como en los de usurpaci贸n. A ello se a帽adi贸 el mismo mes otra instrucci贸n del Ministerio del Interior que busc贸 facilitar la tarea de los polic铆as en casos de desalojo por okupaci贸n flagrante o en desalojos cautelares.

En todo caso, aunque existan dudas razonables (viviendas vac铆as mucho tiempo o inquilinos que presentan contratos de alquiler falsos, por ejemplo), siempre se puede decretar el desalojo cautelar. As铆 lo explica el juez Adolfo Carretero, magistrado titular del Juzgado de Instrucci贸n n煤mero 47 de Madrid que, tras casi 30 a帽os en los juzgados, no recuerda haber visto casi ning煤n caso de okupaci贸n de una vivienda de un particular. “Todas las okupaciones son de bancos o de inmuebles deshabitados. Y si el due帽o presenta el t铆tulo de propiedad, es en el acto, desalojo cautelar y en el juicio ya se ver谩”, relata.

Enlace relacionado Publico.es (22/05/2021).




Fuente: Sasmadrid.org