January 17, 2022
De parte de Socialismo Libertario
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El ex comisario Villarejo es, como se sabe, un maestro de ceremonias de las cloacas del Estado.
Sus “revelaciones” apuntan ahora al Centro Nacional de Inteligencia que habría dejado actuar a Abdelbaki Es Satty, jefe de la célula terrorista de los atentados del 17 agosto 2017 en Barcelona y Cambrils. Los servicios secretos habrían perdido el control de la situación y finalmente se produjo la masacre de la Rambla, con 16 muertos y 50 heridos. La actitud del CNI se explicaría con la intención de crear problemas en una Catalunya que, poco después, iba a vivir el referéndum del 1 de octubre y la conocida movilización independentista además de la represión estatal. Una acusación gravísima, desde luego. Cierto, tratándose de Villarejo, un mayorista de material tóxico al servicio del juego político, dudar de la veracidad de sus palabras es lo mínimo. Sin embargo si sus declaraciones tienen efecto esto se debe al hecho de que resultan perfectamente verosímiles.
Villarejo, como se sabe, está siendo juzgado por haber espiado, intimidado y chantajeado al servicio de bancos, poderosos y políticos. Está siendo investigado, junto al ex número dos de la policía Eugenio Pino por la trama Kitchen, una operación que implicaría al Ministerio de Interior del PP para sustraer a Bárcenas material que comprometería al entonces partido de gobierno.
Villarejo ha actuado y vivido con los “fondos reservados” del Estado. Los mismos “fondos” con lo que se financiaron en los años ochenta los Grupos Antiterrorista de Liberación (GAL) en la “guerra sucia” contra ETA que causaron 27 muertos. Las cloacas del Estado existen y están protegidas por la ley de secretos oficiales. La reforma que el actual gobierno propone de esta ley tiene, por cierto, dos condiciones: no tocar ni el 23F ni los GAL. Lo cual significa que ahí hay algo tan turbio que debe ser protegido.
La inmoralidad del Estado ya no escandaliza. Se sufre, se asume, hasta hay quienes la aceptan como un mal necesario. Existe, sin embargo, una alternativa a esta resignada impotencia así como a la complicidad de casi todo el arco de las fuerzas políticas estatales. Exigir verdad y justicia es un deber y un derecho elemental. Es, sin embargo, más saludable exigirlo sustrayendose a la lógica estatal en pos de relaciones éticamente cualificadas, no alimentando falsas ilusiones acerca de la regeneración de instituciones en las que democracia, corrupción y secretos oficiales son factores connaturales e inseparables.




Fuente: Socialismolibertario.org