September 16, 2021
De parte de Grup Antimilitarista Tortuga
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Andr茅s Garc铆a Berrio

Abogado y miembro de Iridia – Centro por la Defensa de los Derechos Humanos

La semana pasada se hizo p煤blico un caso muy grave de violencia institucional en la prisi贸n de Villena, en Alicante. El caso tom贸 relevancia p煤blica debido a que la subdirectora de dicha prisi贸n sufri贸 agresiones el d铆a antes de declarar como testigo en el Juzgado por un caso de malos tratos que implicaba a tres funcionarios del centro. Le agredieron al mismo tiempo que le “instaban”, sin que ella pudiera reconocer su rostro, a que estuviera “calladita” en los Juzgados.

La subdirectora no fue testigo presencial de los hechos. De hecho, una de las caracter铆sticas de la violencia institucional en prisi贸n es que m谩s all谩 de los autores de los delitos de tortura o malos tratos, nunca suele haber testigos. Digo autores, porque en este tipo de delitos no s贸lo ostenta la autor铆a quien realiza las agresiones, sino tambi茅n aquellos o aquellas funcionarios/as que, estando presentes, no hicieran nada para impedirlo. Pero la subdirectora custodiaba una prueba objetiva de los hechos: las im谩genes captadas por las c谩maras de videovigilancia instaladas en los pasillos (en el interior de las celdas no hay c谩maras, salvo en las que se aplica contenci贸n mec谩nica).

Las c谩maras, a diferencia de en otras muchas ocasiones, no se hab铆an borrado, permanec铆an sin alterar y custodiadas por una funcionaria que quiso cumplir con las obligaciones que supone su cargo. Y as铆 lo hizo, a pesar de las agresiones y las amenazas. Un ejemplo como el suyo deber铆a ser determinante para transformar la cultura corporativa frecuente de encubrimiento de la violencia institucional ejercida por otros funcionarios o funcionarias. Desgraciadamente opera una especie de omert谩 entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado as铆 como entre el funcionariado de prisiones ante casos c贸mo este.

El principal reto que tenemos como sociedad es pasar de la cultura de la omert谩 a una cultura de servicio p煤blico responsable respecto a los derechos de la ciudadan铆a. Pasar del silencio a la denuncia. Pasar de la impunidad y la tolerancia por compa帽eros y mandos de los autores, a la tolerancia cero y la contundencia sancionadora interna ante casos de violencia institucional. Para proteger tanto los derechos de la ciudadan铆a, como la integridad y dignidad de los cuerpos policiales y de funcionarios/as de prisi贸n.

Un ejemplo de 茅sta preocupante situaci贸n la publicamos desde Ir铆dia en nuestro informe anual de 2020: en tan s贸lo en 3 de los 60 litigios de violencia institucional en los que ejercimos la acusaci贸n el propio cuerpo policial hab铆a facilitado la autor铆a. Dichos casos son tanto de prisi贸n, como del CIE de Barcelona como de situaciones en las que actuaban cuerpos policiales.

Una de las mejores medidas para acabar con la impunidad es la instalaci贸n de c谩maras de videovigilancia que cuenten con sistemas de conservaci贸n y protecci贸n de las im谩genes efectivos. A pesar de las quejas de sindicatos de prisi贸n, las organizaciones de derechos humanos hemos logrado en Catalu帽a que el Departamento de Justicia haya adoptado la decisi贸n de conservar las im谩genes por un tiempo de 6 meses. Es determinante, porque en muchas prisiones o comisar铆as las im谩genes no llegan nunca a Juzgados porque se graba encima pasados 15 o 30 d铆as.

Sin embargo, es importante recordar que el 煤nico medio de prueba de una situaci贸n de tortura o malos tratos no ha de ser la existencia de im谩genes. Igual que en muchos delitos que se cometen en espacios privados, aqu铆 celdas ordinarias o de aislamiento, es clave que se promuevan investigaciones r谩pidas para recabar pruebas, que se utilicen los protocolos de Naciones Unidas para la investigaci贸n y la prueba de este tipo de delitos (de los que apenas son conocedores los operadores jur铆dicos as铆 como profesionales m茅dicos y m茅dico-forenses) as铆 como cambiar la cultura dominante de presunci贸n de inocencia de los funcionarios p煤blicos, frecuente entre los operadores jur铆dicos. Cada caso ha de investigarse en profundidad y, sin embargo, en muchas ocasiones nos encontramos con cierres anticipados de las investigaciones. En 35 de los 60 casos que representamos desde Ir铆dia en el a帽o 2020 en alg煤n momento se procedi贸 a archivar las actuaciones antes de practicar todas las diligencias de investigaci贸n razonables, disponibles, eficaces y pertinentes.

No obstante, hay margen para seguir luchando contra la violencia institucional tanto desde la organizaciones de derechos humanos como, sobre todo, desde las instituciones. De hecho, en ese mismo informe de 2020 anunciamos que por esos 60 litigios hab铆a un total de 122 agentes o funcionarios/as de prisi贸n investigados/as. Adem谩s, esta semana, 14 organizaciones impulsadas por la Asociaci贸n Pro Derechos Humanos de Andaluc铆a, hemos trasladado al Ministerio de Interior y al Congreso una bater铆a de medidas para acabar con la tortura y los malos tratos en prisi贸n. Entre ellas destaca la necesidad de generar un tel茅fono de atenci贸n para la denuncia de situaciones de violencia institucional o la generaci贸n de una instrucci贸n de la Fiscal铆a para garantizar la correcta investigaci贸n de este tipo de delitos.

Es significativo que las im谩genes de la grave situaci贸n sufrida por un preso en la c谩rcel de Villena se hicieran p煤blicas tras la agresi贸n a la subdirectora. Los derechos de las personas presas est谩n en la cola de preocupaciones sociales, y las situaciones que se viven en c谩rceles arcaicas son muy duras, y m谩s a煤n si nos adentramos en la c谩rcel dentro de la c谩rcel, en los m贸dulos de aislamiento. Asimismo, el conteo de muertes es insoportable sin que la administraci贸n realice un an谩lisis real de las causas a trav茅s de una auditor铆a externa que pueda conducir a un plan realista para la prevenci贸n de las muertes en prisi贸n. Urge poner los derechos de las personas presas en un lugar central, porque los derechos y las vidas de las personas presas importan.


El Diario




Fuente: Grupotortuga.com