March 27, 2021
De parte de Nodo50
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Baile de máscaras a través de las pantallas. Comparecen un ramillete de exministros y dos expresidentes para testificar en el caso de la contabilidad B del Partido Popular. Los papeles de Bárcenas son un registro paralelo y bastardo de entradas y salidas en la fiesta de de la democracia y la nueva y vieja clase empresarial. Dinero para gastos menudos. Comidas, trajes, taxis, regalos. Como consecuencia de la pandemia, los responsables de los “días de mucho” del Partido Popular evitan el paseíllo a los juzgados. Declaran por videoconferencia, se cubren la mayor parte del rostro con las pertinentes máscaras. Es un espectáculo sin encanto.

La posible espectadora puede decidirse por echar un vistazo somero a unas declaraciones que básicamente dicen lo mismo —“lo desconozco”— o contemplar el paso del tiempo a través de los ojos de los protagonistas de aquella hora feliz. La actuación deslucida de la Fiscalía y la abogacía del Estado invitan a lo segundo. Bajo la máscara es posible reconocer la arrogancia demediada de José María Aznar y el control de las emociones de Federico Trillo, capataz de la estrategia jurídica del equipo. El desparpajo confuso de Mariano Rajoy aparece sin más máscaras que la que lleva de serie el expresidente. El espectáculo no da demasiado de sí. No aparecerá en las portadas del día siguiente. La fiesta tocó a su fin y la corrupción ha dejado de ser un problema percibido por la sociedad para ser una factura que nadie está dispuesto a pagar.

Lo dicen los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas. Después de que salieran a la luz los papeles de Bárcenas, en marzo de 2013, el 44% de la población consideraba la corrupción uno de los tres principales problemas sociales. Hoy, la cuestión preocupa solo a un 4,3%. Es menos de lo que preocupa el problema enunciado como “lo que hacen los políticos” en el CIS.

La comparecencia —la aparente y flagrante mentira— de los mandarines del PP de la época no llama la atención en una semana sin un objeto informativo demasiado definido. Baile de máscaras sin demasiado público. Tal y como estaba previsto por la defensa. Al espectador le queda el magro consuelo de poder poner los adjetivos que le plazcan. Algo parecido a la libertad.

Pero no hay necesidad de pasar página tan deprisa. La posible espectadora puede recrearse unos minutos más en los estragos de la mala salud y la mala vida que se adivinan en el rostro de otro de los protagonistas. Es posible detenerse unos minutos más en él que en el resto. Al fin y al cabo, es el único que ha pisado la cárcel. Además, Rodrigo Rato ha sido noticia esta semana por otro asunto. La Fiscalía Anticorrupción pide 61 años de cárcel para el exvicepresidente económico de los años del milagro. Para el exdirector general del Fondo Monetario Internacional. Para el expresidente de Cajamadrid. 

El día que Rodrigo Rato entró por primera vez en el Congreso de los Diputados, la deuda pública per cápita era de 834 euros, que es lo que hoy cuesta una bicicleta normalita

De todas las vidas de Rato, quizá las que recordemos en el futuro sean las anécdotas más escandalosas y las más chuscas. Al fin y al cabo, es el único de aquella banda que ha sufrido un descenso social evidente. Sus fotos con un bañador amarillo —cuentan que otro recluso le regaló un calendario con ellas y que eso le enfadó—, o la noticia de que había gastado 3.500 euros en alcohol para celebrar la presentación de un plan de “salvación de Bankia” están entre las historias acreditadas. Con los rumores, el espectador pasaría una tarde de risas, pero, tal vez, se desviaría del propósito de juzgar a toda una época y no solo a uno de sus pocos caídos en desgracia.

De todas las vidas de Rato, quizá la que menos le preocupa a él es la del perceptor, presunto, de sobresueldos de su partido. Al espectador le puede escandalizar la cantidad, pero conviene que la ponga en perspectiva. Ese hombre podría haber defendido que solo cobró algo más de 200.000 euros de esa caja B y que eso para él eran golosinas, regalos, unas cuantas carreras de taxi. La Fiscalía, en su escrito del pasado martes, estima que el fraude fiscal de Rato, el hijo del banquero presidiario y la heredera de un emblemático pozo minero en Mieres, asciende presuntamente a ocho millones de euros. El precio aproximado de un yate de 37 metros de eslora, uno de esos cuyas líneas tensas y armoniosas generan una maravillosa sinergia con el panorama circundante.

Rodrigo Rato FMI

Rodrigo Rato en 2006, cuando era Director del Fondo Monetario Internacional

Ante la duda, deuda

El día que Rodrigo Rato entró por primera vez en el Congreso de los Diputados la deuda pública per cápita era de 834 euros, que es lo que hoy cuesta una bicicleta normalita. El día que dejó de ser ministro de Economía cada español debía el equivalente a un coche de los más baratos: 9.005 euros. En 2018, la última vez que el exvicepresidente pisó el Congreso —para comparecer en una Comisión de Investigación—, cada ciudadano o ciudadana debía ya 24.998 euros, la décima parte de una casa de menos de cien metros en una zona tensionada por el mercado (sin contar los intereses). Antes de ayer, la deuda per cápita era de 27.768 euros, un 117,08% del PIB. Y este mes se ha sabido que subirá hasta el 120%. La noticia saltó hace doce días pero esta semana ha conseguido trascender mínimamente desde las páginas salmón hacia el interés general: Eurostat ha instado al Instituto Nacional de Estadística a que asuma la deuda de Sareb como deuda pública.


La Sareb de De Guindos nos explota en la cara

El truco de trilero del Partido Popular ya no cuela. Europa obliga a España a contabilizar las deudas y pérdidas del Banco Malo como públicas y dispara nuestra deuda hasta el 120% del PIB.

Desde aquel día otoñal en el que ese hijo del patriciado asturiano entró en el Parlamento como diputado por Cádiz y hasta el día de ayer, en el que el INE publicó los peores datos de la contabilidad nacional desde el llamado “desastre del 98” (de 1898), se ha producido un aumento de casi cien puntos de la deuda pública española. Se ha pasado del 25,14% del PIB comprometido en 1982 hasta el 120% que dejará la absorción del agujero de Sareb, de aproximadamente 35.000 millones de euros. 

En noviembre de 2012, Masa Serdarevic, una de las editoras de Financial Times, explicaba cómo la presentación de Sareb había hecho arquear las cejas de los allí presentes. “Entre el 60 y el 65% de las propiedades adjudicadas y los préstamos incobrables que serán rescindidos por los bancos se relacionarán con terrenos sin desarrollar y proyectos a medio construir”, estimaba su artículo. Dicho y hecho, un mes después, Bankia, el resultado de la fusión de Cajamadrid con otras cajas ruinosas, transfirió 22.317 millones de euros a Sareb. El paquete en mal estado llegaba a lo público solo unos pocos meses después de la dimisión de Rodrigo Rato al frente de la caja de ahorros.

El pacto firmado en forma de memorándum de entendimiento por Luis de Guindos incluye el pago, una y otra vez, de los mismos activos ruinosos de la crisis de 2008 y su digestión como deuda pública. El modelo de ese rescate no fue una exigencia de la Unión Europea; el PP, con el apoyo tácito del PSOE, decidió que las facturas de aquella fiesta de la democracia, en forma de inmuebles vacíos, pisos en un estado patético, balances dudosos, pasasen a formar parte de la deuda de todos.

Entre medias, quedan agujeros con los que rellenar la historia del tiempo más feliz —los 40 años de paz— “más prolongados de la historia de España”. Un estado de bienestar que el endeudamiento y las rebajas fiscales han ido vaciando como una sandía en un día de verano. El dogma, se llame el ministro Solbes, De Guindos o Calviño, es que los ricos sean cada vez más ricos y que los pobres sufran lo que deben. Y lo que queda.

Para sostener las nóminas de las trabajadores, de los trabajadores y garantizar los derechos de propiedad de los empresarios, el Estado se endeuda —no es el momento de alterar la paz fiscal, de alterar a los empresarios—. Para cubrir la deuda del rescate bancario, el Estado se endeuda —no es el momento de ahuyentar la inversión extranjera de los Blackstone y los BlackRock—. Para abonar el derivado financiero que Sareb contrató —lo llaman swap—, el Estado se endeuda. Para construir un decorado en forma de hospital de pandemias, la Comunidad de Madrid se endeuda. Ante la duda, no impuestos especiales: deuda. 

La deuda es eso que no tiene color político y que, en apariencia, ni quita ni pone votos. Lo opuesto al Impuesto de Patrimonio, de lo que sí se habla y que, en apariencia, quita votos. La deuda es lo que impedirá recuperar la inversión pública necesaria en sanidad y educación —España, el país con más abandono escolar de la UE—; aquello que cortocircuita un Ingreso Mínimo Vital o una renta básica decente; lo que imposibilita desarrollar el sistema de atención y cuidado a la tercera edad y a las personas dependientes. Lo que supone también la privatización de patrimonio público y la desposesión de viviendas pagadas con el dinero y el trabajo de toda la población. La deuda es, lo saben en Grecia, el reconocimiento de que antes que la Constitución, de aquello que constituye formalmente la soberanía de un pueblo, están los derechos de los acreedores.

Por eso, antes de pasar página y afrontar la semana que viene, la posible espectadora puede detenerse unos minutos contemplando a Rodrigo Rato tras su máscara. Fue una pieza clave para constituir ese derecho de los acreedores. Y quizá, el espectador posible, se plantee entonces asociar lo mucho que le cuesta a él o ella salir adelante, lo cuesta arriba que se le hacen los años cotizados (y más aun los años por cotizar), con ese juicio a cuatro décadas de gastos de campaña, regalos, taxis, flores  y buen vino para antiguas estrellas del dogma económico y político vigente.




Fuente: Elsaltodiario.com