Después de haber estado estancada durante más de siete años, la causa por la muerte de Andrés García Campoy empezó a avanzar nuevamente este año, tras el cambio de juez. “Andy” había sido parado por dos gendarmes en la Ruta 7, el 13 de junio de 2014. Pocos minutos después murió por un disparo en la nuca. El entonces juez de la causa, Walter Bento, había liberado a los gendarmes quienes siguieron en funciones basándose en una incongruente hipótesis del suicidio. A pocos días de cumplirse 8 años del asesinato de Andrés, Mónica Campoy, su madre, recupera la esperanza después de haber luchado durante muchos años buscando justicia. Por Ramiro Giganti (ANRed).
“Ya tengo tu regalo” decía un mensaje de texto que Andrés le había enviado a un amigo que cumplía años. A las 14hs de ese día “Andy”, como solían llamarlo, salió a trabajar al local de reparación de motos que atendía su tío. El regalo que Andrés le había comprado a su amigo era una botella de vino que había adquirido en la vinoteca al lado del local donde él trabajaba. Era 13 de junio de 2014. Ese día empezaba el mundial de fútbol en Brasil y Andrés había dejado programado su televisor para grabar un partido y verlo después. Andrés fue detenido ese día en un retén vial de la ruta 7 (kilómetro 1060, en Luján de Cuyo) que llevaban a cabo agentes de Gendarmería Nacional. El joven mostró todos los papeles de su Peugeot 504 en regla. Según cuenta su madre hubo testigos que vieron como bajaron a Andy del auto. Andrés murió por un tiro en la nuca cerca de su oreja, lo que se muestra como muy contradictorio con la hipótesis de suicidio presentada por las fuerzas de seguridad.
En las pericias que le hicieron no encontraron restos de pólvora ni en su mano ni en el vehículo donde tampoco había sangre, lo que suma más incongruencias a la causa. Su madre sostiene que lo mataron afuera del auto y que después “armaron todo” para inventar un supuesto suicidio. Cuando realizaron el test psicológico post muerte, la doctora Marta Mulat, junto a otras personas, sostuvo que Andrés nunca pudo haberse suicidado.
Andrés en unas vacaciones, bromea con un coordinador que, según recordó en una entrevista pasada Eric, su amigo, «se parecía a Jim Carey».
Durante años, Mónica, la madre de Andrés, expresó en este medio y en todo espacio donde pudo hacerlo su pedido para que se exhume el cuerpo de Andrés. El pedido fue desoído durante años, pero a finales del año pasado un hecho clave reabrió la causa y dio nuevas esperanzas a Mónica y su gente: el juez Walter Bento fue reemplazado por Pablo Quirós, quien empezó a dar respuesta a cada uno de los pedidos de Mónica y su patrocinio.
“Con respecto a la causa, ya citaron a 15 gendarmes y va saliendo de a poco la verdad”, comentó ayer Mónica Campoy, al ser consultada por este medio. A partir de la investigación se va accediendo a más información. El juez accedió al pedido de la exhumación del cuerpo de Andrés, algo que tanto Mónica como la querella venían pidiendo hace años sin respuesta del juez anterior.
Maximiliano Alfonzo Cruz. El gendarme imputado
Si bien todavía no hay una fecha está asumido el compromiso, lo que también sembró esperanza. Los testimonios y la información recolectada en los últimos meses apuntan a Maximiliano Alfonso Cruz, uno de los dos gendarmes que habían parado a Andrés, motivo por el cual fue recientemente imputado.
“Lo que diría a los papás que han sufrido las pérdidas de sus hijos es que no bajen los brazos que sigan luchando. Que los escrachen a los asesinos a través de las redes sociales para que la gente vea las caras, que viralicen los casos… Y que hagan marchas. Nosotros somos las voces de ellos” comentó ante la pregunta sobre qué mensaje le quiere dar a otras personas que atraviesan su misma situación.
“Por último como mamá quiero limpiar el nombre de mi hijo Andrés García Campoy que no se suicidó sino lo mataron y tiene nombre y apellido Maximiliano Alfonso Cruz y su cómplice corazón de Jesús Velázquez. Nadie me va a devolver a Andrés pero quiero que Andy descanse en paz”, concluyó.
Fuente: Anred.org
América Latina ha sido la región del mundo más afectada por el Covid-19. Fue la región con mayor mortalidad y con una recesión aguda. La conclusión es de un estudio realizado por el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR, por sus siglas en inglés) y Amnistía Internacional, cuyos resultados fueron presentados en el informe Desigual y Letal, con datos de 2021 y 2022. “No es sorprendente que la región más desigual del mundo ha sido una de las más afectadas por la pandemia”, señala el documento. El análisis se centra en 17 países que representan la mayoría de la población de la región y la mayoría de los casos reportados durante la pandemia en 2020 y hasta febrero de 2022. Hasta febrero de 2022, 1.6 millones de personas en América Latina y el Caribe han muerto a causa de la pandemia, casi un tercio de las muertes a nivel global a pesar de que en la región vive sólo el 8.4% de la población mundial. De acuerdo con el informe, las desigualdades previas a la pandemia tuvieron como consecuencia que los efectos económicos y de salud fueran desproporcionados y afectaran a los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. “Ellas son producto de procesos históricos de exclusión y de las decisiones discriminatorias de política pública por parte de los gobiernos que han fallado”. Además, estos impactos no se han distribuido de manera equitativa en cada país, y han afectado particularmente a poblaciones en situación de desventaja, exacerbando las desigualdades. “La desigualdad socioeconómica de la región, así como las otras claves estructurales que explican el impacto devastador que el Covid-19 tuvo en la región, no son meramente una consecuencia no deseada de la pandemia, son el resultado concreto de acciones discriminatorias e inequitativas, además de omisiones de los gobiernos durante la pandemia, que no hicieron lo suficiente para proteger a los grupos históricamente marginados de manera efectiva”, señala el informe. Un ejemplo mencionado en el informe son los pueblos indígenas en Brasil. Entre ellos el Covid-19 se extendió, sostiene el informe, debido a que las autoridades no desarrollaron acciones adecuadas, destinadas a protegerlos: no establecieron barreras sanitarias, ni información accesible y sensible a las diferencias étnicas dentro del país, ni la expulsión de invasores de sus territorios ni otras medidas para asegurarles atención social ni protección de la salud. “Las estructuras sociales desiguales y sistémicas que permiten y facilitan que ciertas personas sean discriminadas en el acceso a sus derechos y que sostienen la desigualdad económica y social, no son catástrofes naturales: son creadas y sostenidas por decisiones de quienes ocupan posiciones de poder”. Aumenta pobreza De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el número estimado de personas en situación de pobreza en la región en 2021 siguió siendo 14 millones mayor que antes de la pandemia. Adicionalmente, el número de personas en pobreza extrema aumentó en 16 millones con respecto a 2019. La Comisión estima que, a raíz de la pandemia, alrededor de 59 millones de personas pertenecientes a los estratos medios estaría experimentando un proceso de movilidad social descendente, de las cuales 25 millones habrían pasado a los estratos bajos y 3 millones habrían caído por debajo de la línea de pobreza. El 20% más rico en la región concentra la mitad de los ingresos totales de los hogares mientras que el más pobre sólo 5%. Ineficiencia Aunque los países analizados en la región implementaron 430 medidas de protección social de emergencia, sus efectos para mitigar la pobreza fueron limitados, de acuerdo con el estudio. Con excepción del Perú, el aumento de la cobertura de estos programas en la región estuvo por debajo del promedio global. “El impacto de la pandemia no solo se ha sentido por los números de contagios y víctimas fatales, sino también por las consecuencias inmediatas y futuras con relación al ejercicio de derechos económicos y sociales, sobre todo de grupos históricamente discriminados como los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, las mujeres y niñas, y las personas migrantes y refugiadas”.
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