January 26, 2022
De parte de ANRed
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El ministro de Desarrollo de la Nación busca que las personas que se pretendan bajar de una cooperativa de trabajo vayan automáticamente a municipios y a la estructura de punteros del PJ en los barrios. Breve historización de los intentos gubernamentales por correr a las organizaciones de la intermediación con el territorio. Por Nicolás Salas para ANRed.

No es la primera, ni será la última, en la que un gobierno realice vericuetos en las políticas públicas con el objetivo de quitar poder a las organizaciones sociales en el territorio. En esta oportunidad, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, volverá a intentar aquello que tantas veces buscó el Estado desde el surgimiento del movimiento piquetero; cortar con la mediación que se produce en el territorio y fortalecer la estructura de intendentes y punteros vinculados al Partido Justicialista.

Los primeros días de enero, los mismos funcionarios de la cartera nacional le comunicaron a la dirigencia de las organizaciones la nueva disposición que el gobierno buscará aplicar y que implicará reformular el alcance de las unidades de gestión (UG) que las organizaciones vienen estructurando. En la actualidad, una organización social construye una UG que es el ente que organiza el trabajo y las cooperativas de lxs adjudicatarios del Potenciar Trabajo (Programa de empleo).

Lo que sucede en el territorio es que si una persona se quiere pasar de una UG a otra lo puede hacer a través de la notificación que los movimientos hacen llegar al ministerio. Lo que se pretende con el cambio impulsado por el gobierno es que si la persona define irse de una cooperativa a otra, por ejemplo por prácticas punteriles en el trabajo o simplemente porque se muda de ciudad donde hay cuadrillas de trabajo de otra UG, quien definirá su destino será el gobierno. La ecuación es simple, cada persona que pierda su potestad con el Estado irá a parar a las estructuras oficialistas de los municipios o los punteros vinculados al Partido Justicialista.

Zabaleta fue el hombre elegido por los intendentes para deteriorar el poder de las organizaciones sociales y acrecentar el de las estructuras municipales. Para eso llegó al ministerio y eso es lo que viene haciendo. No es el primero en intentarlo y seguramente no sea el último.

Breve historización de los intentos estatales

Uno de los promotores no intendentes para que Zabaleta ocupara el máximo cargo de Desarrollo Social fue su par en territorio bonaerense, Andrés “cuervo” Larroque, quien en algún punto viene fijando el plan del gobierno para los próximos años. Durante una entrevista con INFOBAE en mayo de 2021 había dejado claro su posición de que el Estado retome protagonismo en el territorio asegurando que “cuando las organizaciones determinan quiénes son los beneficiarios o los sujetos de derecho, estamos en una dificultad frente al conjunto de la sociedad”.

Esta perspectiva ya fue asumida por otros gobiernos en el pasado, siendo derrotadas sucesivamente por la resistencia y relación de fuerzas construidas por las organizaciones. Con el primer cutralcazo en 1996, el Estado empieza a estructurar una respuesta en base a la entrega de planes sociales a aquellos sectores que protagonizaban puebladas o empezaban a realizar acciones concretas. Esa primera administración estará mediada, por lo general, por intendentes y municipios, y en el breve lapso de disputa terminarán siendo gestionados (en los hechos) por las organizaciones que lograban arrancarle al gobierno ese beneficio.

Más allá de los vaivenes durante el menemismo, con la asunción de la Alianza en 1999 la situación empezará a modificarse sustancialmente. En principio porque el gobierno radical definirá dar curso libre a que las organizaciones estructuren sus propios asociaciones civiles y desde allí gestionen y organicen los planes con el objetivo de quitarle poder a los intendentes del PJ.

Este movimiento táctico se le volverá un boomerang poco tiempo después las organizaciones mostrarán un crecimiento y radicalidad importante. De esta evaluación, nacieron los “comités de crisis”, propuesta interministerial delineada por Christian Colombo (Jefatura de Gabinete), Graciela Fernández Meijide (Desarrollo Social) y Federico Storani (Interior). Este nuevo organismo buscaba repartir –con las administraciones provinciales y municipales– los costos crecientes que tenía la resolución de los conflictos, al tiempo que intentaba bloquear el surgimiento de nuevas organizaciones.

De esta manera, y más allá de la forma orgánica que tomara la intervención, el objetivo era cortar la política “benevolente” hacia lxs piqueterxs, incluso a costa de mantener mayores niveles de confrontación con el sector por un tiempo determinado. La efectividad de esta disposición será una aspirina para el cáncer que se desataba en el país, donde el grueso de los conflictos debía dirimirse con funcionarios del gobierno interviniendo directamente en el territorio. Otro capítulo de esta intentona tendrá lugar con Duhalde en el poder.

Esta perspectiva tendrá mayor volumen ya que surgirá de legislación concreta a partir de la creación del plan “Jefes y Jefas” de hogar. En la disposición de dicho programa de empleo, que llegará a alcanzar a más de 2 millones de personas, señalaba en su artículo N°9 que el plan tenía “descentralización operativa en cuanto a su ejecución, la que se producirá a través de cada Provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se aplicará por medio de los municipios”.

Este artículo desatará y será el gesto a intendentes y gobernadores y una nueva apuesta por recuperar la territorialidad perdida ante las organizaciones. Más allá de lo formal, las organizaciones lograrán, a fuerza de piquetes, ingresar sus listados propios sin filtros de intendentes. Se reforzará esta perspectiva con la creación, en el mismo decreto, del Consejo Nacional de Administración, Ejecución y Control (CONAEyC), el cual estaría conformado por organizaciones de empleadores, organizaciones sindicales, organizaciones no gubernamentales, entre otras. La CONAEyC fortalecía la institucionalidad a partir del vínculo con intendentes que en muchos casos eran quienes, previo dictamen del consejo local, eran los encargados de aprobar los proyectos de actividades comunitarias o de capacitación a realizarse en los territorios que gobernaban. A esto se le sumarán los consejos municipales y provinciales que ya existían desde principio del 2002 e incluso algunos con antecedentes en el gobierno de la Alianza.

Estas iniciativas no lograrán efectividad alguna principalmente con los sectores “duros” o “combativos” que se encontraban en la calle. De esta manera, Duhalde consolidará la planificación represiva contra las organizaciones que tendrá su epicentro en la masacre del Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002. Ya con la crisis de hegemonía (2001/2002) superada, en el kirchnerismo caerán la cantidad de planes que organizarán las organizaciones y recuperarán cierta centralidad en el debate con la aparición del plan “Argentina Trabaja” en 2009. Allí nuevamente pondrán a los intendentes y gobernadores al frente del control de las Unidades de Gestión dejando fuera a las organizaciones sociales, tanto oficialistas como opositoras. Las movilizaciones y acampes de estas últimas bajo la consigna “cooperativas sin punteros” será central para destrabar el acceso de dicho programa, cuestión que favorecerá también a los movimientos que eran parte del gobierno en ese entonces.

Por último, Macri, a través de su ministra Carolina Stanley, buscará retomar la iniciativa, no ya a través de los intendentes, sino quitando el carácter de contraprestación y trabajo (Haciendo Futuro) y asignándole un rol educativo, es decir la persona que terminaba la secundaria o hacía algún tipo de capacitación no necesitaba rendir cuentas ante la UG ni la organización. Buscaba el éxodo de trabajadorxs de las organizaciones, cuestión que finalmente no ocurrió. Estos ejemplos solo representan una arista de la hegemonía estatal para quitar poder a las organizaciones, sin tener en cuenta aquellos aspectos netamente represivos y criminalizadores.

Puede decirse que la “contradicción” que el gobierno tiene con las organizaciones sociales (y su intermediación) se desprende del carácter mismo que el Estado históricamente le ha dado a los programas de empleo, denegando la posibilidad que sean universales y acotándolos a aquellos sectores que se encuentran organizados o en lucha. ¿El motivo? La decisión de mantener un esquema ajustado de las políticas sociales y de empleo. Por último, el fracaso de las intentonas contra los movimientos sociales se ha cernido sobre un problema más general del capitalismo argentino (y mundial) que apunta a la destrucción constante del empleo y el crecimiento de la desocupación “estancada”, aquella que pese a los momentos de crecimiento económico (2003-2008) continúa sin poder volver al empleo formal o registrado.





Fuente: Anred.org